La comunidad de Urique es un territorio sin ley, y eso lo saben los gobernantes, pero han esquivado el bulto de sus responsabilidades. La fraseología es la siempre: “se interpondrá todo el poder del Estado”, “no habrá impunidad”, “se investigará hasta sus últimas consecuencias”, y al final el silencio.
Por Jaime García Chávez
Los sangrientos sucesos en la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique en Chihuahua, aparte de conmover a la sociedad, deja lecciones sobre las políticas de seguridad pública que se dictan desde el Estado.
Ese municipio enclavado en la Sierra Tarahumara es escenario, de mucho tiempo atrás, del abandono gubernamental, de una violencia ancestral y, en las últimas décadas, territorio arrancado a la gente misma, a los pobladores que se han visto obligados a tomar decisiones que van desde tener a la muerte como algo de la cotidianidad hasta el desplazamiento para ponerse a salvo.
En la época de la Colonia hasta allá llegó la Compañía de Jesús, desterrada un tiempo por la corona española y que el escritor Fernando Benitez cataloga como un “desastre nacional”, particularmente en materia de educación.
Más allá de simpatías o antipatías con la fe católica, los jesuitas se han comprometido con la gente común y ordinaria de esa región, brindando su solidaridad y, prácticamente, como el único soporte ante el desprecio de las instituciones y la atrocidad de caciques que han explotado los recursos forestales y la minería.
Urique es un territorio sin ley, y eso lo saben los gobernantes, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, pero han esquivado el bulto de sus responsabilidades. La fraseología es la siempre: “se interpondrá todo el poder del Estado”, “no habrá impunidad”, “se investigará hasta sus últimas consecuencias”, y al final el silencio.
Es cierto que cuando sucede un crimen como el de los dos jesuitas de Cerocahui, cae todo un aluvión de solidaridades, lamentos y reclamos. No así cuando las víctimas pertenecen al pueblo raso; entonces el hecho se convierte en una cifra más en las estadísticas de algún expediente que no servirá para nada. Toda vida tiene dignidad y todas merecen respeto y consideración. Pero es mucho pedirle a una sociedad indolente y adormilada por la ausencia de genuinos medios de comunicación que investiguen e informen acerca de la magnitud de los problemas de esta índole.
En ese marco, tiene razón el investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) Andreas Schedler, cuando afirma que “la tendencia prevaleciente en estos últimos años de violencia endémica, ha sido la normalización de la violencia y la pasividad ciudadana ante ella”.
Pero ahí no se llegó de manera espontánea. Encontrarnos en ese sitio tiene responsables, en primer lugar hay que señalar a quienes han sido gobernantes en el pasado y quienes lo son ahora, porque ellos contrajeron la obligación pública de mantener el control sobre el territorio y garantizar la vida de quienes lo pueblan. Y en ambas cosas hay un enorme déficit.
Una pregunta obliga: ¿Qué es el Estado para los gobernantes? Y las respuestas pueden ser múltiples y legítimas. Pero, para los habitantes de cualquier comunidad de nuestro país, se personifica en sus ejecutivos, legisladores, sus representantes. El ciudadano de a pie no conoce de competencias ni de las facultades expresas y limitadas que establecen las leyes constitucionales para los gobernantes.
Y frente a cualquier contingencia, corren en busca de lo que tienen en la inmediatez. Buscan al ayuntamiento para darse cuenta de la colusión que tiene con el poder fáctico del crimen organizado. Tratan de comunicarse con el gobierno capitalino de la entidad y en pleno siglo veintiuno lo logran luego de seis horas, como se ha documentado en el caso Cerocahui. Y de ahí hacia las alturas, es imposible que llegue la débil mano de un ciudadano común.
Entonces, el Estado se convierte en una especie de entelequia que ni asusta a nadie ni es capaz de prevenir y después resolver los problemas generados por la delincuencia, en particular cuando se trata de la pérdida de vidas humanas.
Todo esto tuvimos oportunidad de verlo en una serie de cuatro o cinco días en Chihuahua. Y claro, hay particularidades, porque la materia de este comentario va a continuar dando de qué hablar por mucho tiempo.
En el plano moral y religioso se transgredió lo sagrado, la respetabilidad de dos jesuitas y el interior de un templo que siempre obliga a contención de conductas transgresoras. Pero hay algo más importante. Se tocó a la poderosa Compañía de Jesús, de la cual, además, es integrante el papa Francisco. Quisiera simplemente decir que ahí está el hecho, y eso es suficientemente sugerente.
Algunos se han apresurado a decir que se abre un momento de inflexión o ruptura. Esperemos al desenvolvimiento de lo que sobrevendrá y el comportamiento de las instituciones.
Un hecho estará en el centro: el cuestionamiento del Estado hacia sus decisiones futuras, lo que implica no quedarse en narrativas a modo acerca del pasado, o dos fenómenos que corren en paralelo: la estrategia de “abrazos no balazos” y el comportamiento de los gobernadores que se colocan detrás de la barrera para decir, enfáticamente, que el crimen organizado no es de su competencia.
Entre unos y otros están las fuerzas armadas expectantes, que se pueden sentir utilizadas o que ya estarán en espera de la coyuntura para imponerse como último recurso a una guerra ha carecido de una caracterización correcta y de un enfrentamiento que privilegie los derechos de la población y sofoque la patología de la impunidad que golpea a la república.
23 junio 2022
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
