César Duarte, que se inicia con un juicio penal con materia irrisoria, continúa con un trato privilegiado en el Cereso en el que está preso por ahora, desde el cual se le permiten salidas para atención médica de primera clase con estancias sospechosamente prolongadas. Además, desde ahí asume la tarea de interactuar políticamente son la sociedad, pero, sobre todo, con el gobierno
Por Jaime García Chávez
Sí, es exagerado el título de este texto. Además, se refiere a un sistema parlamentario que no existe en el país. Pero en la realidad, la miga esencial no puede ser más oportuna.
Con el asesinato de los jesuitas y del guía de turistas en Cerocahui, se ha abierto una coyuntura política compleja que nos permite esbozar el modus operandi de María Eugenia Campos Galván, hacia la estructura de su gobierno y las relaciones con el federal en materia de seguridad pública.
En ese contexto, llama la atención la injerencia del que ya podemos llamar “factor Duarte”. Recuerdo ahora, porque es pertinente, que nuestros gobernantes de todos los niveles buscan echarse la pelotita de la mayor responsabilidad con los resultados de la violencia delictiva, para librar el bulto de la crítica, al menos.
Como premisa mayor se advierte que la gobernadora quiere lavar su complicidad en la corrupción de la que fue parte durante el gobierno de su actual procesado, César Duarte, para tener una vía regia rumbo a una eventual candidatura presidencial, lo que la obligaría a separarse del cargo, dejando al estado con una representación no electa por los ciudadanos, y además cargada de odios y venganzas.
En la banalización del escándalo Duarte, que se inicia con un juicio penal con materia irrisoria, continúa con un trato privilegiado en el Centro de Readaptación Social en el que está preso por ahora, desde el cual se le permiten salidas para atención médica de primera clase con estancias sospechosamente prolongadas. Además, desde ahí asume la tarea de interactuar políticamente son la sociedad, pero, sobre todo, con el gobierno. A estas alturas ya casi es un editorialista de Osvaldo Rodríguez Borunda.
Para el gobierno actual, el factor Duarte es muy importante, y van aquí unas razones. En primer lugar, le tienen miedo por todo lo que sabe, y él actúa desplegando un chantaje, no siempre a la vista de todos, pero chantaje al fin. Luego, se le está empleando como actor para la construcción de un enemigo público contra el que se están enfocando todas las baterías. En este caso el mal lo encarna Javier Corral y su quinquenio desastroso, a la postre de extracción panista, como lo es el actual gobierno.
Después, Maru Campos pretende granjearse una buena relación con el gobierno de López Obrador, hablando de la “coordinación” de las corporaciones castrenses con las del estado. Y aquí, precisamente, es donde el modus operandi aporta los mejores datos. El presidente López Obrador, en una mañanera de la semana que concluye, abordó el caso Cerocahui para cuestionar contubernios político-electorales con el crimen organizado, incluyendo críticas ácidas a los religiosos, que no se atreven a denunciar, como si fuera tan fácil en ese entorno.
Con este pronunciamiento presidencial se produjeron, por una parte, reacciones del secretario general de Gobierno, que constituye el posicionamiento de Chihuahua en el que aclara, con igual peso, que ellos “sí han emprendido acciones” contra la banda de “El Chueco”, y tilda a Javier Corral de permisivo con el criminal y al mismo tiempo lo considera un “cadáver político”. Un ataque fuerte, sin duda, tratándose de integrantes del mismo partido.
En simultaneidad –¿orquestada?–, César Duarte Jáquez emitió una extensa carta, no como inserción pagada, que sería lo conducente, complementaria en todos los puntos con el posicionamiento del gobierno de Maru Campos. No se trata de dos goles contra Corral en diversos partidos, sin un pase combinado en el que uno expide el acta de defunción y el otro hace un prolijo relato de los desmanes del quinquenio corralista. Duarte queda obligado a presentar las denuncias por las responsabilidades que resultan de sus afirmaciones públicas.
Por esta razón, persisto, Duarte no tiene cartera en el gabinete de Maru, pero actúa como integrante del mismo.
Corral –quién más– salió en su propia defensa y exhibió la debilidad del que no puede hacer nada si no es granjeándose las simpatías del presidente de la república, como buscando hacerla de trapecista, pero siempre con red protectora en la cual caer.
No tengo duda de que estamos viviendo un largo periodo en el que la política es sinónimo de canallada, de simulaciones y de odios desgarradores, que los tienen los actores aquí mencionados, pero que no tienen porqué trasminarse a la sociedad, generando sendas adhesiones estériles y absurdas. Es su pleito.
Duarte hizo una parte de la tarea para llenar la entidad de odios durante su gobierno; luego, para Corral fue el demonio mismo, papel que ahora quiere asignarle Maru. Y todos, en conjunto, en realidad no tienen nada qué ofrecerle a Chihuahua que no sean sus proyectos de poder, divorciados de los genuinos intereses de las y los ciudadanos.
Quizás lo saben, pero no se hacen cargo de las consecuencias. El que odia a alguien, algo de él lleva dentro. En este caso es la sed de poder y sus privilegios.
30 junio 2022
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
