En El Estado

Comunidades rarámuri presentan plan de desarrollo ‘Nátiga Busuré’, denuncian olvido histórico del gobierno

En medio del incremento de la violencia en su territorio, una crisis de sequía y persecuciones penales, las comunidades rarámuri se organizaron para crear una serie de propuestas que ofrecen resarcir, en la medida de lo posible, los daños de más de dos décadas de abandono de los gobiernos de Chihuahua y el federal

Por Óscar Rosales / Fotografías de Raúl Fernando / Raíchali

Chihuahua- Once comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara, presentaron este martes el Plan de Desarrollo Regional Nátiga Busuré, un proyecto creado a través del diálogo entre ellas, que analiza y propone soluciones a las diferentes problemáticas que se viven en su territorio, y con la intención de dar respuesta a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó al gobierno desde 2012 tomar en cuenta a las comunidades afectadas por el proyecto turístico en Barrancas del Cobre.

El fallo de la SCJN se dio por el incumplimiento de las obligaciones que contrajeron los gobiernos federal y estatal el 10 diciembre de 1996, relacionado a la creación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que no se formó hasta el 2016.

La información recopilada de viva voz de los habitantes de estos pueblos, a través de talleres y asambleas que empezaron en junio del 2021, expone como después de 26 años los dos tipos de gobierno no han cumplido en su totalidad con los compromisos acordados de desarrollo e inversión social para los pueblos indígenas.

En la construcción de este plan participaron 299 rancherías de las comunidades de Cuiteco, Mogótavo, Bacajípare, Huitosachi, Guitayvo, La Mesa del Sombrero, San Alonso y Churo, del municipio de Urique; Pitorreal, San Luis Majimachi y Bosques San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna.

De acuerdo con lo expuesto, para los rarámuri, el desarrollo significa tener una vida tranquila, equilibrada y autónoma. Es decir, debe haber un respeto y armonía con la naturaleza, donde puedan habitar y sembrar sus propios alimentos, se recuperen y vivan sus tradiciones, a la par de que crean trabajos estables de la mano del turismo, mientras ejercen su autonomía como pueblo, libres de violencia.

Este plan surge en medio de un panorama adverso para este pueblo originario, que en los últimos años ha sido víctima de persecuciones judiciales y sucesos violentos.  

La clausura del taller Bowe Najativo por parte de autoridades estatales, en la comunidad de Bosques San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna; la demanda penal que tiene el diputado priista Omar Bazán y el congresista Ricardo Orviz Blake contra los habitantes de Mogótavo, del municipio Urique, y el reciente asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, son tan solo algunos ejemplos de lo que han padecido.

Isabel Cruz, de la comunidad de Huitosachi, contó que este plan se originó e impulsó gracias a los diálogos entre comunidades, al observar como los gobiernos, tanto estatal como federal, no consensuan ningún proyecto a desarrollarse en la Sierra Tarahumara con las comunidades indígenas.

Bajo ese contexto, Nátiga Busuré, que significa “despertar soñando” o “despertar pensando”, se plantea a partir de 6 ejes fundamentales, que fueron explicados por los habitantes de las comunidades: educación, salud, medio ambiente, seguridad, turismo, y economía (agricultura y vivienda).

“Todo es importante”

Durante la presentación del plan, los representantes de las comunidades rarámuri dejaron en claro que cada uno de los ejes sobre los que se construyó son igual de importantes, ya que ninguno ha sido atendido como corresponde desde la creación de

En educación, señalaron los altos índices de deserción escolar y rezago académico, problemas que se agudizaron, junto con muchos otros, durante la etapa inicial de pandemia por COVID-19.

“Hay niñas y niños que no han aprendido bien a leer y escribir, o hacer cuentas por falta de maestros que no están permanentemente, y también por falta de una secundaria y preparatoria”, explicó Teresa González, de la comunidad de Repechique, en el municipio de Bocoyna.

Enfatizó que muchas veces, los infantes no pueden acudir a la escuela por las grandes distancias que tienen que recorrer, sumado a que muchos de ellos no tienen los recursos para comer tres veces al día.

En ese sentido, Teresa señaló que una de sus principales demandas en términos educativos, es la mejora y aumento de los espacios educativos formales, que cuente con la permanencia de maestros y maestras bilingües, que manejen temas de prevención y consecuencias del uso de las drogas.   

Javier Núñez, de la comunidad de Pitorreal, en el mismo municipio de Bocoyna, expuso que el proyecto turístico de Barrancas del Cobre, no cuenta con un plan de manejo de la basura y tampoco de descarga de aguas.

“Dicen que los proyectos van a ser en beneficio de las comunidades, pero al final no es cierto, no nos preguntan nada”, declaró Isabel Cruz, de la comunidad de Huitosachi. Refirió como ejemplo a los complejos hoteleros en toda la sierra, que contaminan aguajes y mantos acuíferos por la descarga de aguas residuales.

“La contaminación afecta especialmente a las mujeres de las comunidades de Bacajípare y Mogótavo, porque se ven en la dificultad de reproducir la vida doméstica y al ser las responsables del acarreo de agua, se exponen directamente”, se puede leer en el plan de desarrollo.

Sumada a esta despreocupación ambiental, la política de fomento al turismo del gobierno del estado en la región de las Barrancas, se ha enfocado principalmente en el desarrollo de infraestructura turística, como el teleférico y las tirolesas, relegando al olvido las zonas naturales protegidas y administradas por los rarámuri.

Ante este panorama, las comunidades proponen que se cree un plan multianual de inversión en conservación de suelos y agua, así como la construcción de represas que capten la lluvia y una planta recicladora de basura. Junto con esto, buscan que se desarrollen proyectos turísticos que promuevan y reflejen la cosmovisión e intereses de las comunidades indígenas.

En materia de salud, Víctor González, de Repechique, señaló que uno de los principales problemas en torno a este aspecto es la falta de equipo y medicamentos en los centros de salud, en donde también se carece de traductores indígenas, como lo es en las clínicas de San Rafael, Creel, San Juanito y Cuauhtémoc.

Víctor enfatizó la ausencia de casas de salud en lugares como Mesa del Sombrero, San Alonso y Guitayvo. Y aunque existen visitas mensuales de las brigadas de salud a muchas comunidades, hay algunas como Mesa de Guitayvo y Churo, a las que se tarda mas en acudir.

Si bien una de sus principales demandas es la construcción de un hospital regional en el Divisadero de Barrancas del Cobre, exigen que, para poder llegar a este y a cualquier otro centro de salud, se dispongan de ambulancias y carreteras en buenas condiciones.

En términos de seguridad, el plan de desarrollo regional busca que se garantice la seguridad de las familias en la sierra y su acceso a la justicia. Actividades como la defensa de sus bosques ante la tala ilegal, sostenida e incrementada durante la pandemia, ha agravado la situación de desaparecidos y desplazamientos forzados.

Lorenzo Moreno, del municipio de Urique, explicó que hay comunidades donde no se cuenta con ningún elemento policiaco. Y aunque las autoridades tradicionales gestionan e imparten la justicia, Lorenzo señaló la necesidad de que haya elementos federales y de la Guardia Nacional para vigilar la zona, sin que estos abusen o se aprovechen de ellos como pueblo.

Las representantes indígenas también recordaron como la sequía ha afectado la siembra de alimentos, y que proyectos como el gasoducto Encino-Topolobampo, que atraviesa varios municipios de la sierra, impacta en la recepción y distribución del agua.

“Ya están cortando mucho las venas que producen agua y el fertilizante es muy caro”, señalaron.  

Autoridades deben recibir y dar seguimiento al plan

El plan completo ya fue presentado este martes 12 en el Congreso del Estado, al Secretario General, César Jauregui, y al titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, quienes, junto con las demás autoridades correspondientes, deberán crear al menos cuatro mesas de trabajo para desarrollar y dar seguimiento a todas las propuestas planteadas en este plan de desarrollo: medio ambiente, desarrollo comunitario (salud, educación y vivienda), seguridad, y economía.

No obstante, también deberán integrar los grupos necesarios para la discusión y presupuestación de cada propuesta.

Añadido a eso, se propone que el plan también sea presentado formalmente al Juzgado Octavo de Distrito y en una sesión general del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre.

“Lo que estamos requiriendo nosotros los indígenas es que se nos escuche y se nos tome en cuenta, son demasiadas las preocupaciones de nosotros en la sierra”, agregó uno de los representantes de las comunidades.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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