Urge un cambio de enfoque y una regulación correcta en el servicio social del médico en México. Por seguridad de los pasantes, por una buena formación y por la salud de los más pobres, el experimento que se instauró en 1936 debe concluir
Por Hiram Camarillo
Twitter: @jh_camarillo
El enfoque del servicio social del médico en México es anacrónico. Se instauró en 1936 al celebrarse un convenio entre el entonces Departamento de Salubridad y la UNAM. El Dr. Baz dijo: “vengo a pedir que se presten patrióticamente a uno de los experimentos más singulares que habrá de registrar la historia de la medicina: cada uno de ustedes irá a un lugar donde no haya médico y pasará allí seis meses ejerciendo las funciones de inspector sanitario y de facultativo”. Los pasantes salieron provistos con un maletín, unos cuantos biológicos y una remuneración de 90 pesos mensuales.
El servicio social en comunidades remotas debió haber sido una medida provisional mientras se mejoraba la infraestructura de salud en todo el país. Sin embargo, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales prefirieron utilizar del estatus jurídico de los pasantes para no tener que invertir en servicios de salud para la población marginada. No exagero, actualmente más de una tercera parte de las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud tienen como responsable a un estudiante de la carrera de medicina en servicio social.
Después de casi un siglo de su invención, a la falta de insumos y desprotección económica, se suma la creciente violencia, que hace unos días arrancó la vida del pasante Eric Andrade en Durango. Las protestas de las batas blancas en distintos estados no se hicieron esperar y evidencian que no es un caso aislado. Los testimonios revelan robos, lesiones, secuestros y amenazas. Solos, sin supervisión y asesoría, en zonas cooptadas por el narcotráfico, es frecuente su encuentro con los grupos de la delincuencia organizada.
Ante las legítimas protestas, no faltan lamentables comentarios en redes como “les falta vocación”, “es la prueba de fuego”, “eso les forja el carácter”, “se pasan el juramento hipocrático por el arco del triunfo”. Esta estigmatización, no se acota al vox populi, las autoridades educativas y de salud también demeritan las reacciones de los estudiantes. Normalizan los contextos de violencia. Incluso la Iglesia ha aducido que deben apegarse a la vocación.
Hablemos del ambiguo estatus de estos estudiantes. El pasante de servicio social es un estudiante con una autorización para desempeñar un trabajo médico, pero paradójicamente sin ser un trabajador. Los pasantes ocupan plazas con un pago paupérrimo de mil a tres mil pesos al mes. Sin embargo, estas plazas no implican un vínculo laboral. Al no ser trabajadores, no son de interés de los sindicatos. Son estudiantes, pero las actividades que realizan están relacionadas directamente con la atención de pacientes y la responsabilidad del manejo de la unidad cuando no existe una persona contratada que asuma esas funciones.
Mientras que el servicio social es una simulación en otras carreras, en medicina ha sido un artificio muy provechoso para el sistema de salud y el primer nivel de atención que ofrece. Además, configura un sistema discriminatorio para las personas de las zonas rurales, que parecen ameritar menos el derecho a la salud que las personas de las zonas urbanas; un reflejo más de la desigualdad social.
Urge un cambio de enfoque y una regulación correcta. Actualmente la normatividad del servicio social en medicina es un bodrio legal de dispersión, confusión y contradicciones: hay 32 leyes locales de profesiones, reglamentos de esas leyes, un reglamento federal del servicio social, reglamentos universitarios y una Ley General de Salud.
Además, desde el 2013 existe la NOM-009-SSA3-2013, creada precisamente ante el aumento de inconformidades de la comunidad médica por la inseguridad. La NOM da a los estudiantes prerrogativas como informar cuando observen problemas en la infraestructura o desabasto de insumos, así como denunciar incidentes que pongan en riesgo su integridad física. Algo absurdo, como si no fuera facultad de cualquier persona denunciar. Si se presenta el caso de falta insumos o de existir riesgos de seguridad, las autoridades fácilmente pueden revictimizar y argumentar que fue responsabilidad del pasante por no denunciar o informar.
Eliminar la “modalidad rural” del enfoque del servicio social en medicina no tendría por qué menguar la atención médica a comunidades empobrecidas. Al contrario, debería forzar a gobiernos locales y al federal a abrir plazas bien remuneradas para médicos con licencia.
Es necesaria una actualización del servicio social en medicina donde más estudiantes puedan optar por laborar en investigación, difusión de conocimiento médico o unidades de medicina familiar bajo supervisión de médicos y profesores.
Por su seguridad, por una buena formación y por la salud de los más pobres, el experimento debe concluir.
