Agentes de la Fiscalía de Chihuahua registran el albergue Aposento Alto en Ciudad Juárez y trasladan a 19 personas migrantes a otros refugios humanitarios; hija de la pastora detenida asegura que las acusaciones no tienen fundamento
Por Verónica Martínez / Fotografías: Rey R. Jauregui / La Verdad
Ciudad Juárez- Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) intervinieron este miércoles el albergue Aposento Alto, en seguimiento a las denuncias de personas migrantes sobre casos de maltrato, trabajos forzados y acoso que sufrieron durante su estancia en ese refugio.
Durante la intervención, los elementos realizaron un cateo del lugar y complementaron una orden de aprehensión por “el delito de Trabajos Forzados”, en contra de la pastora encargada del albergue, C. Velia H. G., quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se informó.
En el Código Penal del Estado de Chihuahua se menciona que “los trabajos o servicios forzados” son considerados una forma de explotación configurada en el delito de trata de personas, que se castigan con seis y hasta 18 años de prisión. En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de observancia en el país, se indica que quien mantenga a una persona en trabajos forzados será castigado con 10 y hasta 20 años de cárcel, además de una multa.
La cumplimentación de la orden de cateo y de detención de la pastora encargada del lugar estuvo a cargo de elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar Delitos Sexuales Vs la Familia y Trata de Personas, informó la Fiscalía de Chihuahua.
Se dio a conocer que durante el operativo, que se llevó a cabo bajo la causa penal 4334/2022, aseguraron en el lugar a 19 personas migrantes que fueron canalizadas a otros albergues en esta comunidad fronteriza.
Durante casi seis horas, los agentes mantuvieron su intervención en el albergue, de las 11:30 horas a las casi 18 horas, y cerraron la calle Tomate varios metros a la redonda del inmueble, de acuerdo con datos oficiales e información recabada en el lugar.
El lunes 25 de julio, La Verdad difundió sobre las acusaciones que personas migrantes hicieron hace un par de meses ante autoridades de la Fiscalía contra los encargados del lugar ubicado en la calle Tomate, en Lomas de Poleo.
Desde el 16 de mayo, también se había presentado una queja relacionada a estos señalamientos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se conoció por Nómadas sin Rumbo, una red de voluntarios que trabaja a nivel nacional con personas migrantes y refugiadas, que hizo públicas las denuncias de lo ocurrido en Aposento Alto a través de una publicación en Facebook.
En entrevista con La Verdad, algunas de las víctimas acusaron maltrato, hostilidad y manipulación en el albergue, donde además les cobraban una cuota semanal de 200 pesos por su estancia, los ponían a realizar obras de construcción de forma forzada y les vendían la comida, insumos de higiene y educativos donados por la UNICEF y ACNUR como parte de la ayuda humanitaria. Aseguraron también que no los dejaban salir y que los obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no cuenten lo que ocurre en el refugio.
‘Acusaciones son sin fundamento’, se defienden
Grissel Ramírez, hija de la detenida, quien estuvo presente durante el cateo del templo y el albergue, confirmó que las autoridades se presentaron en el lugar con una orden de cateo, llevándose documentos, “listado de personas” y a su madre, por quien pide justicia.
“Las acusaciones acerca de la familia, de mi madre especialmente, por algunos migrantes que ya no están aquí, que están en Estados Unidos, no tienen fundamentos”, dijo Ramírez. “No sé que tipo de pruebas hayan presentado, pero queremos que las presenten o que se retracten de ello porque están inculpando a gente inocente que ha ayudado a muchas personas”.
Ramírez, que también coordina un albergue para personas migrantes en Puerto Anapra, llamado Esperanza para Todos, hizo un llamado a autoridades estatales como es la gobernadora María Eugenia Campos y al Consejo Estatal de Población (COESPO), para que se hagan responsables de los migrantes que llegan a la ciudad.
“Hemos estado con ustedes apoyándolos abriendo albergues”, dijo Ramírez. “Hago un llamado a los albergues para que miren ahora lo que está pasando con mi madre. Ustedes también están expuestos a que los acusen injustificadamente”.
Sobre las acciones realizadas por los agentes de AEI de la Fiscalía de Chihuahua, la COESPO, organismo estatal que ha apoyado y coordinado a la red de más de 20 albergues en Ciudad Juárez, no emitió ningún comentario.
Anteriormente, consultado por La Verdad sobre este tema, Enrique Valenzuela, coordinador de esa dependencia, dijo que estaba enterado de los señalamientos y denuncias hacia Aposento Alto y agregó debido a ello habían suspendido cualquier apoyo adicional al albergue.
Desde el 2019, templos evangélicos e iglesias católicas abrieron sus puertas para dar refugio, alimento y atención a la población migrantes, en el contexto del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México.
Aposento Alto y Esperanza para Todos son solo dos de los 23 albergues que actualmente operan en Ciudad Juárez incluyendo al albergue federal Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario” y el que es administrado por gobierno municipal en el Gimnasio Enrique ‘Kiki’ Romero.
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