Una iniciativa en el Senado busca homologar y dar autonomía a las fiscalías locales ante sus carencias; sin embargo, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, advirtió que la reforma volvería inoperante el Sistema Nacional de Búsqueda, por lo que llamó a que las familias de personas desaparecidas participen en la discusión
Por María Ruiz / Pie de Página
Fotografías: Isabel Briseño y Senado de la República
Ciudad de México- ¿Cómo recuperar la confianza en las fiscalías? Se preguntaron varias veces las personas que participaron en el foro “Independencia y autonomía de las fiscalías locales” en el Senado de la República. Este es uno de los mayores retos para el gobierno federal: ante los altos índices de impunidad, permanece la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones de impartición de justicia.
“Si no hay confianza de la ciudadanía, los delitos seguirán sin denunciarse y se seguirán cometiendo delitos. Al final del día la impunidad campea”, señaló la senadora Olga Sánchez Cordero, principal propulsora detrás de la reforma que busca homologar y dar autonomía a las fiscalías locales del país.
Según información de la organización Impunidad Cero, “para 2020 la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de tan sólo 1%. El porcentaje disminuyó de 2019 a 2020, pasando de 1.32% a 1.04%”. El informe también muestra que en 2020, 93.3 por ciento de los delitos no se denunciaron y no se inició una carpeta de investigación.
Otro dato alarmante que recopiló Impunidad Cero es que solo el 4.6 por ciento de los casos llegaron a un juez y que en el 47 por ciento de los casos en los que se inició una investigación no sucedió nada a raíz de la denuncia.
En mayo pasado, en otro foro del mismo tema, la senadora Sánchez Cordero reconoció que del 100 por ciento de los delitos que se cometen solamente se denuncian menos del 5 por ciento y de estos menos del 3 por ciento llegan a sentencias.
En el foro estuvieron presentes la senadora Olga Sánchez Cordero, la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy, el fiscal de Coahuila Gerardo Marquez, la secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Justicia Leticia Soto y, fuera del estrado, la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, la comisionada Karla Quintana coincidió en la necesidad de otorgar autonomía a las fiscalías estatales. Sin embargo, recordó que no se puede dejar fuera de la discusión a las familias de personas desaparecidas y que la reforma en materia de ley de desaparición para darle voz a las fiscalías locales pone en riesgo la operación del Sistema Nacional de Búsqueda:
“En relación con el Sistema Nacional de Búsqueda y la propuesta de reforma al artículo 45 en materia de desaparición que busca darles voz y voto a las 33 fiscalías, 32 locales más la General de la República, no es una discusión nueva, es una discusión que se ha dado en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda. En estos tres años el sistema ha avanzado en la creación de protocolos, lineamientos, etcétera, y es una discusión que fue puesta en consideración el 21 de julio pasado. Lo que se pretende en esta reforma es darle voto a las fiscalías, lo cual implicaría, en la práctica y desde la opinión de Segob, hacer inoperante el Sistema Nacional de Búsqueda”.
Karla Quintana.
En entrevista con Pie de Página Quintana menciona que esta reforma es una oportunidad:
“Si vamos a abrir esa discusión constitucional, habría que abrir la discusión de separar los servicios médicos forenses de las fiscalías. Además de que nosotros lo hemos dicho, la propia Corte Interamericana lo ordenó en el caso de Digna Ochoa. Que se abra la discusión y que de verdad tenga como finalidad mejorar el sistema y no obstaculizar”, señaló.
Durante una entrevista con varios medios, Quintana destacó la importancia de ampliar las facultades de investigación a otras instituciones como la Unidad de Investigación Forense, las comisiones de búsqueda y de nuevo mencionó buscar darle independencia a los servicios periciales.
La iniciativa
En marzo de este año la senadora Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa que busca reformar las fracciones IX del artículo 116 y X del apartado A del artículo 122. Desde entonces se han realizado distintos foros de discusión como el de este martes.
La iniciativa de Sánchez Cordero busca homologar los siguientes puntos en todas las fiscalías del país:
*El poder legislativo local propondrá al gobierno del estado local una lista de aspirantes a titular del Ministerio Público. El Ejecutivo local elegirá una terna y ésta deberá ser aprobada por mayoría calificada.
*El cargo de Titular de la Fiscalía será ocupado por cuatro años con opción a reelección por una única vez a consideración del Congreso estatal (Actualmente un Fiscal puede permanecer 9 años en el puesto y en estados como Colima pueden estar hasta 12 años).
*El gobernador del estado podrá remover al fiscal en casos graves, como el caso de Jorge Winckler en Veracruz.
*Profesionalización de la carrera ministerial en términos de formación, capacitación y permanencia en cargos de servidores públicos que trabajen en centros de impartición de justicia.
*Propiciar se legisle localmente en materia de una autonomía presupuestal de las fiscalías.
Respecto a este último punto, durante el foro el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, resaltó la importancia de la autonomía presupuestal, ya que actualmente no existen fondos estatales para la procuración de justicia y el presupuesto que llega a las fiscalías sigue manejado por el Ejecutivo.
Fiscalías locales, una radiografía de sus carencias
Durante el foro, la secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Leticia Soto Acosta, informó que actualmente las fiscalías no cuentan con autonomía y habló de las carencias a las que se enfrentan actualmente estos centros de justicia:
*Menos de dos de cada 10 pesos de los recursos del Fondo de Recursos Federales para la Seguridad Pública va para las fiscalías locales.
*La gran mayoría de los fiscales son designados o removidos por el Poder Ejecutivo de su entidad.
*Cuatro fiscalías dependen directamente del Poder Ejecutivo de sus estados: Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán.
*En tres entidades no se ha hecho la transición de Procuraduría a Fiscalía: Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.
*En materia presupuestal cuatro fiscalías no cuentan con autonomía presupuestal: Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Jalisco.
*La Fiscalía de Yucatán no cuenta con policía de investigación.
*Tres Fiscalías no cuentan con servicios forenses propios: Guerrero, Jalisco y CDMX.
*Trece Fiscalías no cuentan con Unidad Especializada en Materia de Extensión de Dominio
*En materia de Representación y Coordinación Interinstitucional desde su transición a la autonomía las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas carecen de representación ante el Sistema Nacional de Búsqueda.
La propuesta que se ha trabajado respecto a la reforma del artículo 2 de la constitución para incluir a las instituciones del ministerio público como integrantes del sistema nacional de seguridad pública y distinguir el ámbito de la seguridad pública del de procuración de justicia. Durante la conferencia tanto Olga Sanchéz Cordero como Ernestina Godoy resaltaron la importancia de distinguir la diferencia entre la policía de seguridad pública y la policía de investigación y la diferencia entre Seguridad y Justicia.
A esto la comisionada Karla Quintana añadió la importancia de discutir esta reforma junto a la Comisión Nacional de Búsqueda y con los familiares de desaparecidos.
La Fiscalía de la CDMX busca la justicia restaurativa
“Queremos sembrar en la sociedad que la justicia no es sólo cárcel”, dijo durante su participación en el foro la fiscal Ernestina Godoy. En los minutos que le otorgaron compartió el proceso de transición que están viviendo en la Fiscalía y admitió que la transición pensada para cuatro años va avanzando con retraso.
Además habló de la importancia de la denuncia para la prevención y reconoció que no todos los delitos podrán ser resueltos pero servirán para resolver los “fenómenos criminales”:
“Podemos usar la información que dejan para resolverlo como un fenómeno criminal. Para plantear estrategias. Si vemos que en determinado lugar a cierta hora roban, usar esa información para buscar que eso ya no suceda” expresó.
En cuanto al tema de la “justicia restaurativa” expresó que tiene que ver con la dignidad en el trato, en la restauración de las relaciones dañadas y en la búsqueda de la no repetición. Puso de ejemplo el caso de la Línea 12 del Metro:
“En el doloroso caso de la Línea 2 se está aplicando la justicia restaurativa con la indemnización de las víctimas, 90% de las víctimas han sido atendidas, y con la reconstrucción del Metro para la no repetición”, mencionó.
Adelantó que en septiembre se presentará un nuevo Sistema de Información de Justicia, ya que el actual es tedioso y obsoleto: “El sistema dará seguimiento a los caso, si hay audiencia, sentencia, etcétera; actualmente los seguimientos se realizan manualmente”.
Habló también del Banco de ADN para uso forense, que ha permitido la detención de tres violadores seriales, entre ellos uno que actuaba desde el 2012.
Godoy reconoció la necesidad de mejorar la atención a las víctimas a la hora de las denuncias, el tiempo y que cuenten con asesores jurídicos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
