A pesar de que los derechos indígenas constituyen derechos humanos de este grupo social milenariamente desprotegido, en Chihuahua no existe partida presupuestal alguna que haga efectivos esos derecho
Por Gerardo Cortinas Murra
En verdad, siento vergüenza ajena por el pobre desempeño de los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso; en especial, de su presidenta la diputada panista Rocío Sarmiento y de los diputados Cuauhtémoc Estrada de Morena, y del diputado priista Noel Chávez (quien es el primer diputado electo por autoadscripción indigenista).
En esta ocasión, la vergüenza ajena que me invade es por la decepción que siento por la inexplicable falta de empatía de estos diputados con los pueblos indígenas del Estado de Chihuahua.
Ya que, a pesar de que era de su pleno conocimiento que el pasado martes se conmemoraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ni siquiera promovieron un evento conmemorativo; y mucho menos, presentaron una iniciativa para maximizar los derechos de las comunidades indígenas en nuestro Estado.
El mismo desaire se dio en el ámbito del Gobierno Federal. La exdiputada del PRD y también excandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Guerrero, Ruth Zavaleta Salgado, comenta que:
Por más esfuerzos que hizo el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin pena ni gloria pasó la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas… Y es que, después de que el presidente López Obrador le instruyó a Adelfo Regino Montes que diera cuenta sobre los avances en la materia, en lugar de informar en qué va la Iniciativa de reformas constitucionales, que surgieron de las “consultas” a los pueblos indígenas (que costaron muy caras y que se supone que ya deberían estar debatiéndose en el Congreso), presentó cuentas alegres sobre 17 programas sociales que, supuestamente, se están realizando en beneficio de los pueblos indígenas.
Tengamos presentes que hay más de 470 millones de indígenas en 90 países del mundo; que representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de los más pobres (ONU).
En el caso de México, en las estadísticas del INEGI, se indica que en el 2010, había casi 7 millones de indígenas en el país; cantidad que se incrementó en los 10 años siguientes a un poco más de 7.5 millones de indígenas.
Sin embargo, para Ruth Zavaleta, no importa cuántos sean los indígenas en México, porque lamentablemente, “ahí donde se concentra el mayor número de personas indígenas, hay mayor pobreza extrema”.
Un dato histórico: en año 1982, la ONU aprobó que cada 9 de agosto se conmemoré el Día Internacional de los Pueblos Indígenas “para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población”.
Años después (2014), la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es garantizar “un enfoque coherente para mejorar el apoyo a los Estados Miembros y los pueblos indígenas”.
En el ámbito de nuestro Estado, en el año 2012, se incrustaron en la Constitución Local los derechos indígenas, en la que se reconoce la existencia socio-política de las comunidades indígenas, en los términos siguientes:
Se considera comunidad indígena el grupo de personas pertenecientes a un pueblo indígena que integran una unidad cultural con identidad propia, desarrollan sus formas de organización territorial y sus Sistemas Normativos Internos, y mediante la cual ejercen sus derechos. La comunidad indígena tiene la calidad de sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Posteriormente, en al año 2020, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la reforma al Art. 9 de la Constitución Local en la que se reconoce el derecho de los indígenas al acceso pleno a la Jurisdicción del Estado. A pesar de ello, la Corte autorizó la vigencia de uno de sus párrafos en los que se establece lo siguiente:
Así mismo, el Estado debe asistirlos, en todo tiempo, con traductores, intérpretes y defensores con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena.
Por desgracia, al día de hoy, y a pesar de que los derechos indígenas constituyen derechos humanos de este grupo social -milenariamente desprotegido- no existe partida presupuestal alguna que haga efectivos esos derechos.
En especial, se incumple con la obligación de garantizar la debida defensa de los indígenas en los juicios y procedimientos en los que son parte. A tal grado que, el propio Congreso del Estado no cuenta con intérpretes que hagan efectiva la interacción que, de manera permanente, debe tener la Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas con los integrantes de los cientos de comunidades indígenas.
Por último, algo que debe destacarse por ser esencial para la integración de las comunidades indígenas: Los últimos tres exgobernadores y la actual gobernadora, han sido omisos por completo en fomentar una educación bilingüe -mediante la capacitación y contratación de maestros bilingües de los cuatro dialectos indígenas- para hacer una realidad la incorporación de las etnias indígenas en el ámbito cultural y productivo del Estado.
Tal y como acontece en USA y Canadá, en las que las reservas indias son territorios que se encuentran bajo una soberanía limitada a favor de las tribus nativas originarias y que, por ello, cuentan con sus propias instituciones educativas e, inclusive, son propietarios de hoteles y casinos.
OTRO SI DIGO:
Al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, será presentado un escrito a los diputados de la Comisión de Comunidades y Pueblos Indígenas para que presenten un iniciativa tendiente a incorporar en el Presupuesto de Egresos del 2023 una partida presupuestal para contratar a intérpretes indígenas y maestros bilingües.
YA BASTA TANTA MARGINACIÓN SOCIO-CULTURAL A LOS INDÍGENAS CHIHUAHUENSES.
