El gobierno mexicano descarta la localización con vida de los normalistas de Ayotzinapa
jueves, agosto 18, 2022
Después de la primera reunión entre el presidente López Obrador con las madres y padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa en casi un año, la comisión presidencial para la verdad y la justicia en el caso informó que se descarta encontrar a los estudiantes con vida y categorizó los hechos como un crimen de Estado
Por Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Ciudad de México– “Fue una reunión difícil, dolorosa”, dijo al inicio de su mensaje a medios el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, después del primer encuentro entre las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente. La noticia fue devastadora: no hay indicios de que sus hijos estén vivos.
Hace casi un año, en septiembre de 2021, las madres y padres de los familiares reclamaron los pocos avances en la investigación hasta ese momento y se distanciaron de López Obrador. Meses después, en marzo de 2022, el Grupos Interdisciplinario de Expertos Internacionales expuso una serie de videos en los que se mostraba información reservada por la Marina hasta ese momento, lo que ayudó a desmontar la llamada «Verdad histórica» presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy sabemos fue una farsa que explicaba la desaparición de los estudiantes con montajes.
Este jueves, a la reunión en Palacio Nacional también asistieron representantes de las organizaciones que han acompañado a las familias, como Serapaz, el Centro de Derechos Tlachinollan, el Centro Pro de Derechos Humanos, representantes de la ONU y de diferentes secretarías como la de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y de la Fiscalía General de la República.
“Siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosas que sean”, dijo Encinas sobre la reunión con las madres y padres. El subsecretario aceptó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado en el que concurrieron diferentes actores del Estado, como autoridades locales, estatales y federales junto con la organización delictiva de Guerreros Unidos.
“Las autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes respecto de alterar las pruebas que las autoridades conocían sobre los movimientos de los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural Isidro Burgos hasta el momento de la desaparición”.
Según informó el subsecretario, en la desaparición forzada participaron autoridades de todos los niveles, que supieron de los movimientos de los estudiantes desde que estaban preparando la movilización para el 2 de octubre, pues realizaron un seguimiento puntual de los estudiantes, tanto que impidieron la toma de los autobuses en la ciudad de Iguala. Además de que la Sedena infiltró a un elemento en la escuela, Julio César Lopez Patolzin, bajo el mando del teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, quien desapareció junto con los estudiantes sin que se aplicará el protocolo para militares desaparecidos.
“Hoy tenemos responsabilidades, es la primera vez que avanzamos en la resolución de crímenes de Estado”, dijo el subsecretario.
La conclusión de que ya no se encontraría con vida a los estudiantes responde a más de 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero desde 2019, además de más de 675 jornadas de trabajo.
También se hizo un análisis de todos los cuerpos encontrados en Guerrero entre septiembre de 2014 y enero de 2020, en el que no se encontró ningún estudiante, como tampoco pasó en ninguna de las búsquedas en vida, y en la revisión de más de 177 bases de datos que inuyen padrones de hospitales, cárceles y dependencias de salud tanto públicas como privadas, como se señala en el informe, que está disponible en este enlace.
Además, a lo largo de estos tres años de trabajo de investigación se han obtenido 115 testimonios de personas involucradas en el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro personas puestas en libertad por haberles forzado a dar un testimonio bajo tortura y de otras 15 personas privadas de la libertad.
En este proceso de recolección de testimonios, el gobierno identificó el asesinato de 26 personas clave para esclarecer el caso, entre ellos 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de ellos, dos de Gente Nueva y siete testigos, activistas, funcionarios y policías.
El subsecretario Encinas también informó que en febrero el gobierno mexicano tuvo una reunión con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso.
El gobierno de México ha pedido a Israel la extradición de Tomás Zerón, mismo al que le ofreció incluirse al Criterio de Oportunidad, una figura parecida a la de los testigos protegidos para tener acceso a información del caso; sin embargo la propuesta fue rechazada por los abogados de Zerón.
Horas después de la presentación del informe las madres y padres de los normalistas y las organizaciones que les acompañan emitieron un comunicado a la opinión pública. Dijeron que por la “complejidad y dureza” analizarán a profundidad el informe y la opinión técnica del GIEI y fijarán una postura.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
