Va Gobierno de Chihuahua por nuevo impuesto a venta de bebidas alcohólicas
lunes, septiembre 19, 2022
La tasa del nuevo gravamen a bebidas alcohólicas será del 4.5 por ciento sobre el ingreso percibido por la venta final de alcohol en envase cerrado, excepto la cerveza; se pondrá en marcha para el ejercicio fiscal 2023
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Para el próximo año, las bebidas alcohólicas en envase cerrado, a excepción de la cerveza, costarán más para los consumidores debido a un nuevo impuesto estatal que ya ha sido aprobado y que se pondrá en marcha para el ejercicio fiscal 2023.
El gobierno de María Eugenia Campos Galván espera recaudar al menos 30 millones de pesos por este nuevo gravamen, explicó en entrevista Daniel Jaime, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
La propuesta fue incluida en la iniciativa de Reforma de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua el año pasado y votada a favor por el Congreso, aunque su puesta en marcha se determinó a partir del 1 de enero de 2023.
En la justificación, Campos Galván argumentó que el gravamen va dirigido a disminuir el consumo de alcohol en la entidad, aunque la recaudación por este concepto no se etiquetó para gasto en rubros de salud ni prevención de adicciones.
“La estrategia del Estado va enfocada a reducir el consumo nocivo del alcohol, a colaborar para reducir sus consecuencias sanitarias y sociales y lograr que nuestras comunidades sean lugares más sanos, más seguros y agradables para vivir, trabajar y disfrutar de nuestro tiempo libre, para materializarlo, se requiere de recursos financieros”, explicó
La tasa será del 4.5 por ciento sobre el ingreso percibido por la venta final de alcohol en envase cerrado, excepto la cerveza, y deberá calcularse como base antes de la aplicación del IVA y del IEPS.
“El impuesto deberá incluirse en el precio de venta final, sin que se considere que forma parte del precio de venta al público”, abundó la propuesta.
Benjamín Carrera, legislador por Morena e integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, criticó el enfoque del gobierno para atender un problema de salud pública a través de impuestos.
“Sinceramente me parece que es un tema meramente recaudatorio, no va a tener un efecto en la reducción del consumo. La reducción del consumo de alcohol tiene que ser a partir de una serie de políticas públicas bien diseñadas para tal efecto y que tienen que ver con temas de salud mental, con el tema de concientizar a los jóvenes, con el tema de hablar sobre la problemática que tiene el consumo, sobre los daños que ocasiona, sobre los efectos que ocasiona”, consideró el diputado.
En el texto de propuesta, el gobierno estatal usó las cifras nacionales de consumo de alcohol disponibles en la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, sin ofrecer el desglose de la entidad ni cifras más recientes.
“… el estado requiere de llevar a cabo políticas públicas que le permitan enfrentar este problema de salud. Reducir el consumo nocivo del alcohol mediante medidas normativas eficaces y la infraestructura necesaria para aplicarlas no es solo una cuestión de salud pública, por lo que son cada vez más los formuladores de políticas sanitarias que generan estrategias eficaces para resolver los problemas causados por el consumo nocivo del alcohol”, justificó la titular del Ejecutivo.
Cuestionado sobre cómo este gravamen impactará a los consumidores, Jaime dijo que en ambientes competitivos, las ofertas que hacen algunos establecimientos pueden reducir el gasto para la población.
“El proveedor podrá incluirlo en la venta final, pero en un ambiente competitivo puede no hacerlo. Lo que hemos visto en los impuestos federales es que en algunos casos sí, en la compra de tantas cajas (no se cobra el impuesto)”, afirmó el funcionario.
Dijo que aunque no se tuvo conocimiento de protestas de establecimientos por el impuesto, sí hubo reuniones con productores de licor, específicamente vino, para explicarles que la retención fiscal no se llevará en toda la cadena productiva, sino solamente entre quienes distribuyen el producto para su venta final.
La Verdad buscó a Cristina Cunningham Hidalgo de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados para conocer la postura del gremio sobre este nuevo impuesto (que en teoría, deberían absorber los comercios cuando de venta por copeo se trata), sin embargo, no hubo respuesta de la empresaria.
Luis Aguilar, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del congreso local, dijo que todavía hay tiempo para que puedan “amarrarse” estos ingresos al gasto en salud pública para el tratamiento o prevención de adicciones, aunque hasta el momento no hay ninguna propuesta para hacerlo.
“Al final del día los impuestos por eso se llaman así, son impuestos porque a través de ello se trata de compensar las situaciones que tengamos sociales o económicas, yo veo con buenos ojos, siempre todas las leyes y todos los presupuestos son perfectibles pero al final del día tenemos que ser responsables y buscar cómo equilibramos esos recursos”, indicó Aguilar en entrevista.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en enero pasado por la constitucionalidad de que las entidades establezcan impuestos a la venta o consumo final de bebidas alcohólicas (exceptuando la cerveza por ser de facultad exclusiva de la Federación); de acuerdo con el funcionamiento de estos gravámenes en otras entidades, quienes pagan por este impuesto son los últimos adquirientes del producto en envase cerrado y los penúltimos (bares y restaurantes) cuando lo comercializan posteriormente en envase abierto o por copeo.
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