La actual estrategia de la Guardia Nacional no ha sido eficaz para contener la violencia que afecta más severamente a las zonas indígenas del país. En eso nos basamos para no creer en la militarización como salida a la inseguridad que vivimos
Por Víctor M. Quintana S.
Hoy en día hay muchos conversos repentinos contra la militarización. Lo hacen al calor del debate partidario. Pero también hay muchas opiniones críticas sobre la misma que se vienen construyendo desde hace años, documentando, fundamentando en la experiencia. Es muy importante diferenciarlas y atenderlas.
Desde el 2009 empezamos a presentar en diversas publicaciones s perniciosos efectos del “Operativo Conjunto Chihuahua”, por parte del Ejército dentro del marco de la calderonista “Guerra contra las Drogas”. Lo inició el 28 de marzo de 2008 el jefe del mismo, general Jorge Juárez Loera con su memorable frase: “Mi orden de cateo es el marro”. Se enviaron más de 2 mil soldados a Chihuahua y al reforzarse el operativo, un año después, se agregaron 5 mil 332 elementos. El Ejército tomó el mando de la Policía Municipal y del Centro de Readaptación Social de Juárez.
Desde ese momento se disparó la cifra de homicidios dolosos en Juárez antes del operativo, en 2007, hubo 316 homicidios dolosos; en 2008 el número de homicidios se elevó a mil 607; en 2009 el total ascendió a 2 mil 643, en 2011, año en que Calderón inició el programa “Todos somos Juárez” llegó a 3 mil 117 homicidios dolosos.
Lo mismo sucedió en todo el estado de Chihuahua: en 2007 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 14.4, luego de dos años del operativo, se multiplicó por diez: 148.91 por cada 100 mil habitantes. El total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua, en el año 2007 fue de 34 mil 800; para 2010, la cifra se elevó a 66 mil 125, un 90 por ciento más. En Juárez los feminicidios, que en 2007 llegaban a 30, ascendieron a 96 en 2008 y a 163 en 2009. Ese año Juárez encabezó la lista de las ciudades más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El robo de vehículos se Incrementó más de 300% en tres años.
La primera conclusión de la presencia del Ejército en las calles chihuahuenses y fronterizas estos años es que, lejos de reducir la violencia y los índices delictivos, los disparó notoriamente. Lo señalamos con toda claridad cuando Calderón fue a Harvard a presumir su plan “Todos Somos Juárez”. (https://bit.ly/3Bton0P)
La presencia militar en Chihuahua durante la guerra calderoniana tuvo costos muy dolorosos: se incrementaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc. Así lo documentó Human Rights Watch. Para septiembre de 2011 ya se habían presentado mil 92 denuncias, tan sólo en Ciudad Juárez, contra los elementos del Operativo Conjunto Chihuahua.
De sobra conocemos el caso más emblemático: el 29 de diciembre de 2009 fueron detenidos y desaparecidos por elementos del Ejército en el ejido Benito Juárez, Buenaventura, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera. El caso se llevó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el 28 de noviembre de 2018 declaró al Estado mexicano responsable de la triple desaparición en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, de militarización y graves violaciones a los derechos humanos. Cita los datos de la CNDH que documentó 10 mil 930 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2007 y 2017. (https://bit.ly/3qOnIlF)
La segunda conclusión de esta terrible experiencia es que, además de disparar la violencia y la criminalidad, la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública acarrea toda una cauda de graves violaciones a los derechos humanos. Ni que decir de los atropellos de los militares en la Operación Cóndor y la guerra sucia de los sesenta y setentas.
Yéndonos al presente ya hemos expuesto el clima de violencia que se vive en amplias zonas del estado de Chihuahua con todo y la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército: control territorial por parte del crimen organizado; más de mil 700 personas desplazadas, la mayoría de indígenas, de 2012 a 2017; asesinatos de dirigentes indígenas en Guadalupe y Calvo y Bocoyna y el de los 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en junio pasado; miles de hectáreas de bosque taladas ilegalmente, extorsiones, cerco de comunidades, etc. Igual como sucede en la Sierra de Guerrero, o en las comunidades zapatistas en Chiapas o en la zona nahua de Michoacán.
Nuestra tercera conclusión es que la actual estrategia de la Guardia Nacional no ha sido eficaz para contener la violencia que afecta más severamente a las zonas indígenas del país.
En eso nos basamos para no creer en la militarización como salida a la inseguridad que vivimos; y nos preocupa que les den más poderes a las fuerzas armadas y se doble el presupuesto bajo su control. El Ejército ha cambiado de piel, lo revelan los nuevos uniformes garigoleados de los generales, pero no entendemos cuál es el cambio de fondo en sus actitudes para darles toda la confianza. No somos alitos, tenemos memoria.
