Organizaciones civiles recorrieron durante tres días distintas zonas de Ciudad Juárez para conocer de manera directa la situación que viven las personas migrantes, advierten preocupación por la incursión de militares en la política migratoria
Por Verónica Martínez / La Verdad
Ciudad Juárez- Cerca de las 11 de la mañana, dos adolescentes y un niño bajaron de un auto en el transitado boulevard Bernardo Norzagaray y atravesaron el parque Las Tortugas y se acercan al río Bravo. Esta área pública es frecuentada por los vecinos de la colonia Alta Vista y es un punto de la frontera en donde el caudal es casi nulo.
“Por lo tanto este espacio es el que seleccionan las familias para entregar a sus niños y sus niñas a la Patrulla Fronteriza porque es de menor riesgo”, explicó un integrante de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) que guío un recorrido por el bordo río a integrantes de organizaciones de atención a migrantes que realizaron una visita in situ para constatar la situación migratoria en zona fronteriza de Chihuahua
Tras tres días de encuentros, diálogos y un recorrido, las organizaciones trabajaron en el desarrollo de reformas para el beneficio de la población migrante y advirtieron que la incursión de la Guardia Nacional en tareas de monitoreo y detención migratoria representan un foco rojo.
También hicieron señalaron la falta de claridad en procesos seguidos en los centros de detención.
No hay certeza que haya acogimientos dignos o que se estén cumpliendo los plazos limites en las estancias migratorias, lo que deja a las personas sin acceso al derecho de solicitar un proceso de asilo, explicó Melissa Vértiz Hernández, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
La actividad fue convocada por DHIA, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes, el Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas, el Grupo de Trabajo Humanitario (GTH) y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), organizaciones parte de una red de apoyo a personas migrantes en Ciudad Juárez y en necesidad de protección internacional.
La Visita In Situ a Ciudad Juárez tuvo la participación de KIND, con representación del equipo de México, Tijuana y Washington D.C., la COMAR, Sin Fronteras, Asociación Pop No’j con sede en Guatemala, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Pastoral Migratoria en México.
Usan niños y adolescentes en tráfico de personas
El cruce de personas migrantes para entregarse a autoridades de la Patrulla Fronteriza es cotidiano en esta zona, así como la migración en circuito, es decir el reclutamiento de niños y adolescentes fronterizos para facilitar los cruces irregulares en esta zona.
“Vemos la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades de tráfico sin que sean reconocidos como víctimas de trata”, dijo María Elena Hernández, del Servicio Jesuita a Migrantes, durante la conferencia de prensa de este miércoles.
En el tema de niñas, niños y adolescentes (NNAs) en contexto de movilidad hay varios temas a tratar como la falta de documentación oficial para sus estancias en México y garantizar derechos como la educación, la insuficiencia en retornos asistidos en el caso de ser devueltos a sus países de origen, la carencia de representación jurídica y de traductores para estos procesos.
Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) han reportado cifras que muestran un incremento nacional del 35.6 por ciento en los encuentros de NNAs, tanto los acompañados y como los que llegan con algún familiar, en las fronteras.
Mientras en el año 2020, se registró un total de 33 mil 926 encuentros con la patrulla fronteriza en el 2021 se dieron 149 mil 033. Hasta el mes de agosto de este año ya se han registrado 142 mil 968 encuentros. Los sectores de Del Rio y Yuma fueron contaron con el mayor incremento en los encuentros con esta población mientras el sector de El Paso vio un incremento del 3.2 por ciento en comparación con el 2021.
El año 2021 vio un incremento significativo en las canalizaciones de NNAs a albergues de la red del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en comparación con el 2020. Cifras del INM muestran que mientras en el 2020 se dieron un total de 11 mil 262 canalizaciones, en el 2021 se reportaron 77 mil 608.
Lo que va del año 2022 muestra una tendencia que podría ser similar o menor, pero con un total de 32 mil 561 canalizaciones este año sigue superando cifras de años anteriores al 2019.
Hasta mayo del 2022 se atendieron a 280 NNAs en migración de circuito, señalan datos oficiales brindados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes durante el Consejo Estatal de Protección a Migrantes.
Tener cifras exactas sobre la situación de niñez y adolescencia migrantes es limitado, explicó Hernández. Con la falta de recursos asegurados para las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que no tienen un sistema de información oficial, tampoco se llega a estimar cuántos llegan a ser víctimas de reclutamiento forzado por los grupos de crimen organizado.
El recorrido por el bordo también abarco otros puntos en la frontera como el establecimiento de la estación de CBP para atención a migrantes venezolanos por el puente Internacional Paso del Norte y la estación migratoria en el puente Reforma.
“Vemos una preocupación por los impactos que tiene la política migratoria en México al estarse alineando con la política migratoria de Estados Unidos”, dijo Hernández. “Es decir este proceso de la externalización de las fronteras ha convertido a México en la práctica en un tercer país seguro ha traído graves consecuencias en derechos humanos”.
Como parte de una jornada de visitas in situ en Ciudad Juárez y mesas de trabajo con organizaciones nacionales e internacionales de atención a migrantes y personas sujetas a protección se identificaron temas de alerta en el contexto migratorio de Ciudad Juárez.
Aunque hay una armonización en las reformas de la ley general de migración y de protección de niñas, niños y adolescentes, estas no se cumplen en la práctica generando constantes violaciones a derechos humanos en los espacios de detención y revisión migratoria.
Impulsan reformas legislativas con perspectiva migratoria
Durante la visita a Juárez, las organizaciones propusieron modificaciones en marcos normativos ya que en México se continúan cometiendo violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad de forma sistemática.
“El objetivo es proveer esta información a personas legisladoras y que eso nutra su trabajo en ánimo de estar realizando la aplicación de las reformas que se han hecho en materia de protección de personas en movilidad”, dijo Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos en Acción (DHIA).
Mientras la región de Ciudad Juárez y El Paso ha sido un foco en temas de migración con flujos variables y de impacto directo por las políticas estadounidenses, este ejercicio ya se había dado de forma similar en Tapachula, Chiapas para conocer y dialogar sobre el contexto de movilidad humana entrante al país.
Con el trabajo realizado en la frontera norte y sur de México se identificaron cinco propuestas básicas para garantizar los derechos de personas en situación de movilidad y sujetas a protección internacional.
Las organizaciones sugirieron primeramente la revisión modificación de marcos normativos en la ley de educación, de trabajo, justicia y protección de niñas, niños y adolescentes para incluir la perspectiva migratoria tanto al nivel local como el federal.
Estas revisiones y modificaciones incluyen la modificación de obstáculos burocráticos que impiden que las personas en movilidad puedan acceder a necesidades básicas como es la educación, servicios de salud y empleos dignos.
Más allá de la posible aprobación de estas modificaciones es importante dar un seguimiento y mecanismos para asegurar su cumplimiento, las ONGs señalaron.
La atención a personas migrantes no solo debe ser responsabilidad de instancias federales como es el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, si no una responsabilidad compartida por los gobiernos locales y federales, explicó Navarrete.
“El estado de Chihuahua, como cualquier otro estado fronterizo tiene mayores retos en terminos presupuestales y nos parece que Chihuahua tiene que ir avanzando en modificar sus marcos normativos para garantizar derechos”, dijo Navarrete agregando que el Consejo Estatal de Población ya se encuentra trabajando en el proceso de consulta para iniciar la elaboración de un programa especial de migración.
Las organizaciones buscaran dar seguimiento con legisladores y van a solicitar a las comisiones de derechos humanos oportunidades para presentar los hallazgos y propuestas, dijo Melissa Vértiz Hernández, del GTPM.
“Sobre todo para que puedan escuchar a las personas (migrantes) en su propia voz. No es solamente que tengan el derecho de hablar, si no que tienen el derecho de participar en la vida social en la que están viviendo”, dijo.
Las organizaciones también plantearon la necesidad de cambiar el enfoque de la política como un asunto de seguridad nacional a una de seguridad humana, es decir que genere inclusión y una cultura de respeto a los derechos humanos.
Piden políticas migratorias de inclusión
Al llegar a México como persona migrante, Jennifer esperaba ya no tener miedo. Ella esperaba poder tramitar una visa humanitaria o tarjeta de residencia permanente, así conseguir un empleo y poder brindarles una educación a sus niños.
“Esperaba encontrar empatía hacia nosotros”, dijo.
Pero en su transcurso por México encontró cuestionamientos y acoso por parte de autoridades mexicanas, tanto de seguridad pública como de migración. Le decían que su tarjeta de visa humanitaria no era válida para transitar por el país y la llegaron a extorsionar o pedir cuotas.
Tratos y actitudes xenófobas por parte de las autoridades mexicanas son comunes, explicó María Elena Hernández como parte de los hallazgos que se dieron a partir de las mesas de trabajo que se realizaron durante las visitas in situ.
Aunque organizaciones como el Servicio Jesuita Migrantes, GTPM y DHIA sugieren una política migratoria de inclusión, condiciones como estas son las que previenen que las personas migrantes logren integrarse a las comunidades, detalló Hernández.
Jennifer logró conseguir empleo, pero con salarios muy bajos. El requerimiento de documentación oficial como el CURP y RFC, son obstáculos para encontrar trabajos con salarios dignos, educación y servicios de salud.
Jennifer propone que con su visa humanitaria se pueda transitar libremente y que las tarjetas de residencia permanente también sean documentos válidos para abrir cuentas bancarias.
“Si queremos retirar o enviar dinero a nuestros familiares en nuestro país de origen no podemos. Tenemos que buscar una persona de aquí que sea mexicana que nos pueda hacer el favor pero no todas son de buen corazón”, dijo la mujer migrante.
En servicios de salud para atender a su hija, Jennifer también llegó a encontrarse con cuestionamientos sobre su situación migratoria. Sin un CURP, Jennifer no logró que atendieran a su hija y opto por opciones informales para medicarla.
“Hablamos de política de inclusión y que haya un trabajo de la comunidad generando tejido social para eliminar actos de discriminación y xenofobia”, agregó Hernández. “Hay que bajar este muro burocrático para facilitar la inclusión social”.
A pesar de contar con la documentación necesaria, Isabel, otra mujer migrante comentó que seguido se encontraba con actitudes discriminatorias por parte de empleadores o personas mexicanas.
“Necesitamos trabajo, necesitamos seguridad”, dijo Isabel. “Que nos vean como parte de la familia y que no importa si seamos de otro país”.
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