Seguridad

Por qué la militarización no es el camino a la paz, qué alternativas piensan los y las expertas




septiembre 23, 2022

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo han realizado modificaciones legales que perpetúan la militarización de la seguridad pública en el país. La sociedad civil ha respondido preocupada  para señalar los  riesgos y lo contrarios que son los cambios a estándares internacionales de derechos humanos. Antes de enviar a las fuerzas armadas a las calles es necesario atender las causas estructurales de la violencia, dicen las y los especialistas.  

Por Ximena Torres / Zona Docs

Guadalajara, Jalisco- “16 años de impunidad militar” decía la manta que las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte colgaron la noche del pasado 15 de septiembre en la Estela de Luz en la Ciudad de México.  

Hace 16 años inició la estrategia que pretendía devolver la paz a México mediante el llamado a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública. En 2006 el expresidente Felipe Calderón dio comienzo a la militarización y hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con los y las legisladoras que acompañan la segunda mitad de su sexenio, continuaron el proceso al entregar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). 

Esto sucedió el pasado 9 de septiembre en la Cámara de Senadores. Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención se aprobaron reformas, adiciones y erogaciones legales relacionadas a la Guardia Nacional y propuestas por el Presidente de la República. 

Las leyes modificadas fueron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional.  

El decreto se publicó el mismo día en el Diario Oficial de la Federación y también estableció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (antigua institución encargada de la GN) debe transferir a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros correspondientes a la Guardia. Además, sus integrantes serán juzgados en tribunales militares porque ahora están sujetos a dicha jurisdicción.  

Quienes votan a favor de militarizar al  país son responsables del incremento de la violencia en contra de las mujeres y de la ciudadanía en general” escribió Lucía Lagunes Huerta, directora General de Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC). 

Tan firmes como ella, los y las expertas que han recopilado las consecuencias de la militarización por años explican que los cambios legales relacionados con la Guardia Nacional son preocupantes.  

“La consecuencia inmediata de la reforma es perpetuar una estrategia que únicamente nos ha llevado a números de homicidios que corresponden a países que se encuentran en conflicto armado, además del incremento de violaciones de derechos humanos” dice Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). 

¿Por qué la militarización no es el camino a la paz? 

La primera explicación de las expertas es la lógica bélica y de opresión de la estrategia. El plan es responder a la violencia con más violencia. Lucía Lagunes dice que, considerando las preocupantes capacidades y recursos que los grupos delictivos tienen en México, es una competencia de poder entre ellos y el ejército.  

Los resultados durante el gobierno de Felipe Calderón son otro indicador. Entre ellos la cifra creciente  de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.  

“Se está haciendo lo mismo. Buscan resultados novedosos sin cambiar la estrategia” dice el abogado de la FJEDD.  

A tres años de su creación en marzo de 2019 la Guardia Nacional tampoco ha podido disminuir las situaciones más graves de violencia como las desapariciones, casos de tortura, desplazamientos forzados y atentados civiles.  

Al contrario, la corporación ha representado un riesgo para muchas personas, pues de 2020 a julio de 2022 ha acumulado mil 130 quejas por violaciones de derechos humanos ante el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. La cifra ya supera la de la Secretaría de Defensa Nacional, que tiene mil 036 quejas en el mismo periodo. 

“Seis de 12 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que se condena al Estado mexicano versan sobre hechos violatorios de derechos humanos en las que estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas” dice el comunicado de la Fundación de la Justicia sobre el avance de la militarización en el país.  

Alberto Solís Casto, de la asamblea directiva de SERAPAZ A.C. explica que hay grupos de personas que resultan más vulneradas, por ejemplo, quienes viven en condiciones marginales, los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y las mujeres, subraya Lucía Lagunes.  

La experta explica que la violencia es  uno de los pilares del sistema patriarcal y la construcción genérica de la masculinidad. Entonces, “a mayor más violencia generalizada por la presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en contra de las mujeres y más restricciones a nuestras libertades”.  

Eso también explica por qué las mujeres han sido botines de todos los hechos de violencia armada. “Sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar” y en esta ocasión no parece haber una lógica de no agresión contra ellas.  

Es aún más preocupante la situación de las mujeres indígenas, pues ellas mismas han denunciado que cuando los cuerpos de seguridad llegan a sus comunidades aumentan los casos de explotación doméstica y agresiones sexuales.  

“Las fuerzas militares vuelven a las mujeres indígenas  sus esclavas. Las obligan a que les laven la ropa, que les hagan de comer, que los atiendan sin ningún pago. Solo a cambio de que nos les hagan daño” dice Lucía Lagunes.  

Otro problema es la falta de transparencia y rendición de cuentas con la que actúa el ejército. La directora de CIMAC y el abogado de la FJEDD aseguran que, por realizar tareas de seguridad nacional, las actividades de instituciones como la Guardia Nacional pueden ser excluidas del conocimiento público.  

Si bien, en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el personal militar que cometa violaciones a los derechos humanos debe juzgarse en tribunales civiles, un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano muestra que entre 2012 y 2016 solo 16 de 505 investigaciones a soldados mexicanos terminaron con una sentencia condenatoria.  

La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif , se unió a los llamados y recordó que “las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional”.  

La falta de una ruta clara para la desmilitarización es otra de las inquietudes de la sociedad civil. El abogado Eduardo Rojas explica que inicialmente el regreso de los soldados a los cuarteles involucraba la capacitación y fortalecimiento de policías municipales y estatales, que se consideraron rebasados para atender la crisis de violencia en México. 

Ese mismo plan daba 5 años (2020 – 2024) a la Guardia Nacional para desarrollar sus capacidades y en el proceso, permitía al Presidente de la República disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Sin embargo, el 14 de septiembre pasado los y las diputadas votaron a favor de que el plazo se extienda hasta 2028.  

Para las organizaciones en contra de la militarización tanto esta aprobación como el decreto del 9 de septiembre, van en contra de los estándares que la CIDH ha fijado para la participación de las fuerzas armadas en casos excepcionales de seguridad ciudadana: su actuación debe ser extraordinaria en periodos de tiempo restringidos, regulada, fiscalizada, subordinada a las labores de las corporaciones civiles y complementaria.

¿Se puede revertir lo decidido? 

Desde la aprobación de las reformas en el Senado, organizaciones no gubernamentales, así como los y las legisladoras que votaron en contra reclamaron que los cambios son inconstitucionales porque el artículo 21 de la carta magna dice que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.  

Entre quienes tienen la facultad e incluso se esperaba que iniciaran una acción de inconstitucionalidad está la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

El 13 de septiembre la Comisión dio a conocer que no sería así a través de un pronunciamiento en el que el argumento principal fue que “en el decreto aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”. 

Es cierto que la Guardia Nacional seguirá adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución civil, “pero su dirección, su capacitación y sus integrantes seguirán formando parte del activo de las fuerzas armadas”, recuerda Eduardo Rojas.  

Ante eso organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho llaman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fungir como contrapeso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, tanto Lucia Lagunes de CIMAC como Alberto Solís de SERAPAZ, opinan que las acciones de inconstitucionalidad llevan tiempo, por lo que revertir los cambios puede tomar más de lo que queda del sexenio.  

La construcción de paz como camino 

En su experiencia el abogado Eduardo Rojas cree que debido a las condiciones actuales del país no es factible que el ejército regrese a los cuarteles de forma abrupta, pero eso no acredita su participación violenta o fuera de los estándares establecidos.  

Alberto Solís agrega que la militarización es un componente muy negativo en el tema de la seguridad nacional, pero no es el único tema que atender en la problemática. Desde su perspectiva, hay que profundizar en las discusiones sobre la paz para que esta se alcance de manera integral. Eso implica analizar las condiciones y causas que llevan a la violencia.  

Lucía Lagunes concuerda con la idea de “desestructurar las causas” y agrega que es necesario “reflexionar sobre el concepto de paz. Entender que no es la ausencia de conflictos sino la forma de resolverlos”.  

Por mencionar solo algunos caminos alternativos a la militarización de la seguridad pública, los y la experta entrevistada hablan de estrategias regionales que detecten las necesidades de los diversos grupos de la población y de cortar las fuentes de dinero de los grupos criminales para disminuir su poder. También destacan la importancia de repensar y consolidar las instituciones de procuración de justicia para reducir niveles de impunidad y de procesos de justicia transicional que se desarrollen de la mano de la sociedad civil y las víctimas de la violencia.  

“Nos debemos sentir indignados, seguir fortaleciendo los mecanismos de exigencia ciudadana y seguir alzando la voz, haciendo notar que esto no está bien, que no nos va a llevar a nada” dice Eduardo Rojas.  

Lucía le apuesta a la participación ciudadana a través de los procesos electorales. “Cuando creíamos que había ganado la pluralidad volvemos a caer en la lógica de aplastar fuerzas políticas y que impongan las mayorías. Tenemos que hacer contrapesos como sociedad”. 

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Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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