El problema no se daría si los gobiernos no hicieran tabla rasa de lo hecho por sus predecesores. Si se tomara el problema de la desnutrición como un problema público, no privado ni únicamente del gobierno
Por Víctor M. Quintana S.
Como cada otoño o invierno, la semana pasada una buena cantidad de medios y redes sociales reportaron el fallecimiento por desnutrición de cinco niños en la Sierra Tarahumara. Otra vez abundaron las reacciones que van desde la compasión hasta el escándalo y la indignación. Otra vez el gobierno salió con anuncios de millones de pesos para solucionar el problema. Otra vez no faltarán iniciativas de reunir alimentos para mandarlos a la Sierra.
El asunto no es darse golpes de pecho y desprenderse de algunos billetes o algunos alimentos para ahuyentar la mala conciencia. Lo que se requiere es pensar en acciones diferentes que logren contener si es que no erradicar las muertes por desnutrición en nuestras montañas.
El problema no se daría si los gobiernos no hicieran tabla rasa de lo hecho por sus predecesores. Si se tomara el problema de la desnutrición como un problema público, no privado ni únicamente del gobierno. Si se abordara una estrategia sociedad-gobiernos para tratarlo con pertinencia cultural y con eficacia. Y, muy importante, si se hiciera con la participación de las familias y comunidades de la Sierra Tarahumara.
Tres premisas básicas: primera: el problema de la desnutrición no se va a solucionar mientras las comunidades serranas no tengan acceso suficiente al agua potable para su consumo, mínimamente para sus parcelas y para sus animales domésticos. Segunda: la producción de alimentos propios, suficientes y de acuerdo con su cultura debe ser la base de la nutrición de las familias de la Sierra y no la donación intermitente de alimentos, muchas veces propiciadores de hábitos alimenticios no sanos, como la comida chatarra. Tercera, el problema de la desnutrición y mortalidad materno infantil hay que empezar a tratarlo yendo hacia las familias, no esperando que lleguen hasta los centros de salud o hasta las brigadas médicas, cuando ya es demasiado tarde.
Durante la administración 2016-2021 dos dependencias del gobierno del estado pusieron en marcha programas que estaban resultando exitosos en el sentido de estas premisas. Por un lado, al COEPI llevó a cabo un muy importante Programa de Apoyo a la Producción Familiar Indígena y el Fondo de Emergencia de Entrega de Maíz y Frijol. Este último si bien sigue con otro nombre, ya no se les entrega directamente a las comunidades, sino a discreción de a los municipios. Aquel programa buscaba desarrollar la capacidad de las comunidades de producir, almacenar sus alimentos y mejorar y multiplicar las semillas nativas para siembra. Además, se apoyó con la dotación de aperos de labranza, como picos y azadones, y se buscaron tecnologías apropiadas para sustituir agroquímicos y elevar la producción. Se adquirieron semillas adecuadas, no contaminadas con transgénicos, para siembra y se favoreció el intercambio de estas entre las comunidades.
Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha la estrategia piloto “Chihuahua Crece Contigo”, en las zonas con mayor desnutrición materno infantil en los municipios de Guadalupe y Calvo y Batopilas. Se integraron varios equipos de trabajadoras sociales, promotoras indígenas bilingües, enfermeras, que visitaban casa por casa de las rancherías más remotas periódicamente. Apoyaban a las madres embarazadas y en puerperio en tres aspectos básicos: salud, nutrición y educación inicial. Daban orientación, en la medida posible en la lengua de cada comunidad, sobre estos aspectos a las madres, le entregaban un apoyo nutricional adecuado a su cultura, un kit básico para los bebés con ropa, biberones, alimentos y hasta unas cunas especiales de cartón, también se dotó a algunas familias de estufas verónica para evitar los hornos y fogatas contaminantes dentro de la vivienda. Y se canalizaban a la brevedad los casos más graves a los centros de salud e incluso en varias ocasiones se tuvo que acudir a los helicópteros o avionetas del gobierno del estado para trasladar a bebés y madres en alto riesgo a los hospitales correspondientes. En el poco tiempo que duró la estrategia se reveló exitosa. Incluso en septiembre de 2019 el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno federal invitó a la Secretaría de Desarrollo Social a exponer el programa en una reunión nacional de protección a la niñez.
No hay por qué volver a descubrir el hilo negro. No hay por qué dejar todo en manos de los gobiernos. Hay estrategias y programas que han probado ser exitosos. La sociedad civil chihuahuense podría retomarlos y darles continuidad con la participación de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, invitar al gobierno a que se sume y, muy importante, darles continuidad más allá de trienios y sexenios. Así se podría ser más eficaz y direccionar mejor tantos recursos que con buena voluntad, pero sin mucho tino, se destinan a combatir la desnutrición en la Tarahumara.
