El 26 de octubre de 2022, el nombre de Filogonio Martínez Merino se sumó al de otros cinco defensores de la comunidad indígena Paso de la Reina, en Oaxaca, que en los dos últimos años han sido asesinados por su defensa del Río Verde, un afluente amenazado históricamente por dos proyectos hidroeléctricos y la extracción de materiales pétreos
Por Astrid Arellano / Mongabay Latam
En enero de 2021, después del asesinato de Fidel Heras Cruz, los pobladores de la comunidad indígena de Paso de la Reina, en la sierra sur de Oaxaca, se encerraron en sus casas. El miedo provocó que actividades cotidianas, como los deportes para convivir después de las jornadas laborales en los campos, se suspendieran. Durante once meses, los balones de basquetbol y voleibol dejaron de rebotar en las canchas.
El terror cimbró aún más a la comunidad cuando en marzo, dos meses después del homicidio de Heras, otros cuatro defensores del territorio fueron asesinados. Ellos se llamaban Jaime Jiménez Ruiz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño y Gerardo Mendoza Reyes.
Filogonio Martínez Merino, quien sucedió a Heras en su cargo como agente de policía —la autoridad de la comunidad ante el municipio de Santiago Jamiltepec, al que pertenece—, fue quien insistió en sacudir el miedo y recuperar las actividades en Paso de la Reina. Llamó a asambleas, reuniones y, finalmente, logró que sus vecinos asistieran a una celebración que realizó al terminar su mandato en diciembre de 2021. La gente recuperó la confianza y volvió a jugar.
No había pasado ni un año cuando Filogonio Martínez Merino también fue asesinado. A él lo mataron el 26 de octubre de 2022.
Martínez Merino, originario del pueblo indígena chatino, era una persona activa en la defensa del río Verde desde hace 15 años, cuando comenzaron los intentos de imponer hidroeléctricas y se agudizó la extracción de materiales pétreos. También fue comisariado ejidal de Paso de la Reina de 2008 a 2011. Durante su gestión como agente municipal, y junto a la asamblea comunitaria, encabezó los procesos jurídicos y la búsqueda de medidas cautelares para el pueblo y sus defensores a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del gobierno de México, tras los asesinatos impunes de sus cinco compañeros activistas del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).
Martínez Merino tenía 60 años y era padre de familia. Se dedicaba a la producción y venta de limones. También conducía una camioneta de servicio utilizada como transporte para la comunidad dentro del municipio, a falta de transporte público. En ella fue asesinado a balazos el 26 de octubre de 2022, en la comunidad de Piedra Blanca, cuando iba de regreso a Paso de la Reina después de un viaje. El ataque sucedió al detener su marcha para ayudar a una pasajera a bajar del vehículo, cuando un hombre a bordo de una motocicleta le disparó a quemarropa, dejándolo al borde del camino.
“Filogonio fue autoridad en el momento en que asesinaron a los cinco compañeros y él le dio cauce a la solicitud de las medidas cautelares para la comunidad y también para los compañeros y compañeras más visibles en ese caso”, explica Angélica Castro Rodríguez, socióloga de Educa Oaxaca A.C., organización que ha acompañado desde hace 15 años el proceso de defensa del río Verde contra proyectos hidroeléctricos en la costa y sierra sur del estado de Oaxaca. “Se hizo el análisis de riesgo apenas en abril de 2022, es decir, el Mecanismo reaccionó después de un año y les otorgó las medidas cautelares colectivas. Él estaba cautelado y en ese marco se da su asesinato”, asegura.
Las medidas solicitadas y vigentes a la fecha son dos: la realización de rondas de la Guardia Nacional dos veces por semana en el trayecto desde la comunidad de La Humedad hasta Paso de la Reina, a unos 45 minutos de distancia —camino en donde se sienten particularmente vulnerables—, y la entrega de teléfonos satelitales para la comunicación en esta zona prácticamente sin acceso a redes telefónicas e internet.
Desde abril de 2021, la comunidad decidió instalar un campamento en la entrada del ejido para vigilar el paso de personas extrañas.
Hasta su muerte, Martínez Merino participaba en el seguimiento de todas estas acciones para resguardar a la comunidad y colaboraba con el actual agente municipal de Paso de la Reina para dar continuidad a las gestiones que se hacían con las autoridades.
“Los teléfonos satelitales se entregaron (a finales de mayo de 2022) y en un principio no estaban funcionando muy bien”, agrega Castro. “Sin embargo, la medida del recorrido de la Guardia Nacional a la comunidad nunca se cumplió. Aún con el asesinato de Filogonio, apenas la Guardia Nacional llegó (el 30 de octubre) y estuvo solo un rato en la comunidad, se fue a presentar con la autoridad municipal actual y se retiró. Las medidas no se han cumplido en su cabalidad”.
Cinco meses después, los teléfonos satelitales que serían un elemento importante para conectarse con el exterior, sirvieron para comunicar a la comunidad la noticia del asesinato del defensor.
En 2021, durante la etapa en que el miedo inundó a Paso de la Reina, Filogonio Martínez fue un agente esencial para volver a reunir a la comunidad, insiste Castro. “Esa convivencia en diciembre (en 2021) fue muy bonita, porque estuvo toda la gente del pueblo en la cancha municipal conviviendo, bailando, agradeciendo que estaban ahí y que, aún con esos cinco asesinatos, la comunidad se había reactivado y seguían ahí, vivos, vivas, y con ganas de seguir defendiendo su río. Por supuesto, no imaginamos en ningún momento, en ningún escenario, que iba a pasar esto”.
El origen de la violencia en Paso de la Reina
La costa de Oaxaca es un territorio abundante en bienes naturales: agua, bosque y sierra enmarcan el paisaje que ha servido a las comunidades para sobrevivir. En estos espacios, por más de cinco décadas, han existido luchas campesinas en contra de la privatización de las tierras por amenazas ligadas al desarrollo turístico e inmobiliario, principalmente. Con ello también llegaron los proyectos hidroeléctricos en el río Verde, uno de los afluentes más importantes del estado, pues lo cubre casi en una quinta parte.
Educa Oaxaca A.C. ha documentado cómo los pueblos mixtecos, chatinos y afromexicanos de la región han encabezado una lucha contra las intenciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples Paso de la Reina —anunciada en 2006 y que tendría una cortina de 195 metros, afectando directamente, por lo menos, a 17 000 personas— sobre el río Verde y apenas a un kilómetro del ejido Paso de la Reina.
Desde el año 2007, 43 comunidades de la zona conformaron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) para frenar su imposición y, más tarde, la del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, de la empresa ENERSI S.A. de C.V., una amenaza adicional anunciada en 2018, con efectos que abarcarían al menos siete municipios oaxaqueños.
“El río se vuelve también un bien material económico”, dice Marcos Leyva, director de Educa Oaxaca. “La gente se empieza a organizar en contra del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y que todavía no ha sido consultado con las comunidades. En la medida de que eso va pasando, paralelamente se va configurando en la zona, desde hace un buen rato, un cacicazgo político y económico muy fuerte, ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que opera a partir de su poder económico, pero también de su ejercicio de la violencia: impone autoridades locales, municipales, agrarias, y se va haciendo de riquezas. Finalmente, aunado a este proceso, empiezan a irrumpir grupos violentos ligados al crimen organizado”.
En junio de 2018, por decreto presidencial —todavía bajo mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto—, se levantaron las vedas que protegían las cuencas del Río Verde y del Río Atoyac–Paso de la Reina, para establecer zonas de reserva de aguas nacionales superficiales. Las comunidades presentaron un amparo por la violación a su derecho a la consulta previa, libre e informada y, el 3 de mayo de 2022, Paso de la Reina celebró que se dejó sin efecto tal decreto. Su lucha logró que no se puedan otorgar concesiones de aprovechamiento del agua.
Los asesinatos de quienes defienden al río Verde
Las hidroeléctricas no han sido la única amenaza para el río Verde. La organización Indigenous Peoples Rights (IPRI) México, documentó que desde 2019 —entre el municipio y una familia poderosa de la zona— se inició la extracción de materiales pétreos como grava y arena del río Verde, aún ante la negativa de las comunidades. Para diciembre de 2020 esas actividades se detuvieron, pero también llegaron las amenazas a los defensores cuando la maquinaria utilizada en el río quedó en desuso y, según la organización, sufrió daños menores, lo que ocasionó el enojo de los propietarios y derivó en una exigencia de pago por ello. En ese entonces, Fidel Heras se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina.
Poco después de una asamblea para abordar este tema y en donde se decidió que no se permitiría más la extracción de los materiales, el 17 de enero de 2021, Heras recibió una amenaza de muerte por escrito y fue encontrado sin vida, el 23 de enero, a bordo de su camioneta y con impactos de arma de fuego, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, también perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec.
No habían pasado dos meses desde estos hechos, cuando la noche del 14 al 15 de marzo de 2021 —fecha en la que se conmemora el Día internacional de Acción contra las represas y en defensa de los Ríos, el Agua y la Vida—, fueron asesinados a tiros el agente municipal Noé Robles Cruz y Raymundo Robles Riaño, su suplente, así como Gerardo Mendoza Reyes, también en Paso de la Reina. Luego, el 28 de marzo, Jaime Jiménez Ruiz, también ex agente municipal e integrante del Copudever, fue asesinado a balazos.
“Es decir, en un periodo de tres meses, han sido asesinados cinco defensores indígenas de un movimiento pacífico, en una comunidad de apenas 500 habitantes, que defienden su río”, se lee en un informe de IPRI México, publicado en junio de 2022.
Marcos Leyva, de Educa Oaxaca A.C. lo confirma: “Estos asesinatos se dieron en el marco de esta decisión de la asamblea de no permitir la extracción de materiales pétreos, porque además nosotros investigamos y solicitamos información sobre el permiso ambiental y para la explotación o la extracción de estos materiales pétreos y no había, por lo tanto, se estaba haciendo de manera ilegal”.
De acuerdo con el reporte anual de Global Witness, en 2021 se registraron 54 ataques letales contra defensores de la tierra y medio ambiente en México; 40 % de ellos eran indígenas. Esto ubicó al país como el más peligroso para quienes defienden el territorio y la naturaleza.
Mongabay Latam solicitó entrevista a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). La dependencia respondió que se encuentra en investigaciones por el delito de homicidio y que no cuentan con novedades públicas al respecto. También se solicitó una entrevista al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, pero hasta la publicación de este texto no se obtuvo respuesta.
El asesinato de Filogonio Martínez llevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a más de 500 organizaciones no gubernamentales a condenar el hecho y las nulas acciones del gobierno federal para evitar los homicidios y la violencia en contra de la comunidad de Paso de la Reina, además de la falta de resultados respecto a los otros ataques letales en contra de los defensores del río Verde.
“Por desgracia, Paso de la Reina además de ser una comunidad símbolo de la resistencia y de la organización para defender bienes naturales, hoy también es un referente de impunidad y de corrupción”, concluye Marcos Leyva. “Y eso es porque, a estas alturas, no hay ningún indicio de nada en razón de las investigaciones o de los avances de la Fiscalía respecto a estos casos”.
Con el asesinato de Filogonio Martínez, el miedo regresó a Paso de la Reina. La gente volvió al encierro de sus casas; persiste la desconfianza en las instituciones. Ahora, tanto la comunidad como el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, se encuentran en un proceso de reflexión para buscar alternativas y justicia.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver su publicación aquí.
