Desde su instalación, el relleno sanitario en Tecate ha estado envuelto en irregularidades: sin licencias de operación ni autorización de impacto ambiental, sin estudios geofísicos, hidrológicos, ni captación de lixiviados o drenajes. Con 14 incendios anuales en promedio inclumple la concesión firmada entre la empresa ADDO y el gobierno municipal
Por Francisco Rábago Quezada y Louis Abner Valenzuela Brito / Border Hub
Tecate, Baja California- Un promedio de 14 incendios anuales atiende la Dirección de Bomberos Municipal dentro del basurero de Tecate, Baja California, el cual es operado por ADDO, S. de R.L. de C.V., una empresa a la que en el 2010 el XIX ayuntamiento le retiró la concesión por incumplimiento de contrato.
A cuatro años de que venza el contrato (2026), y a unas semanas de clausurar el actual relleno, el gobierno encabezado por Darío Benitez Ruiz proyecta reubicarlo a un predio contiguo al actual de 172 mil metros cuadrados, por lo que la afectación podría crecer a 520 mil metros cuadrados que equivalen a 52 hectáreas, un espacio de aproximadamente 8 veces el Estadio Azteca.
El basurero municipal está rodeado de un jardín de niños, una escuela primaria, telesecundaria, preparatoria militarizada, otra escuela media superior CECYTE, además del Centro de Justicia del Estado, juzgado penal, crematorio del DIF, un orfanatorio, la academia de policía, panteones, balnearios, un parque industrial, campos deportivos, viviendas y la Presa El Carrizo.
Tecate es Pueblo Mágico, es el único en toda la franja fronteriza de Baja California con Estados Unidos y tiene una población de 108 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Antonia Mata Mendoza, religiosa del Sagrado Corazón de los Pobres y directora del Orfanatorio Rancho Nazaret, ubicado a unos metros del basurero, habla de la preocupación y problemas al convivir todos los días con este lugar.
“(El basurero) provoca muchas moscas que no nos dejan tomar nuestros alimentos, estamos ahí tapando el plato, incluso los niños también dicen: madre, una mosca, madre, una mosca, y tiramos aquellos alimentos o pues se echan a perder”.
El orfanato alberga a 40 infantes que asisten a las mismas escuelas aledañas al basurero.
La religiosa mencionó que incluso dejan de dormir por el olor a basura quemada, asegurando que eso les provoca enfermedades a corto y largo plazo.
“Cuando vamos con el médico al revisar los pulmones nos dice que si cocinamos con leña o fumamos, pero realmente no, nosotras no hacemos eso”, comentó angustiada en las instalaciones del Rancho Nazaret.
Un antecedente data del 2016 cuando la encargada del mismo orfanato, Enedina Mejía Ferreira aseguró que los olores fétidos y los residuos eran insoportables, mientras de fondo se observaba el humo saliendo del basurero.
En ese momento, Enedina recordó cómo los menores tienen que desalojar el edificio en lo que disminuye el humo tóxico, así como las cenizas que emanan.
Yadira Jazmín Pérez, secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal de Tecate, coincidió con los encargados del orfanato sobre la necesidad de lidiar con la contaminación.
Sobre el concesionario, los días 22 y 29 de junio del presente año, vía mensaje y 24 de agosto de 2022, vía correo electrónico, se intentó sin éxito tener una entrevista con el propietario de la empresa Roberto Romandía Tamayo. El empresario tijuanense es representante legal de ADDO, S. de R.L. de C.V.; es director general de Baja California Railroad; también es propietario de la empresa de recolección de basura REDyB, S.A. de C.V. la cual opera dentro del relleno sanitario. La empresa ADDO no cuenta con información pública sobre sus servicios, página web o redes sociales.
El incumplimiento de las cláusulas del documento de concesión ha sido una constante durante los años, de acuerdo con el gobierno municipal, la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V., ha desatendido al menos diez cláusulas como la de construir una planta de generación de energía a través de la incineración de basura, conocida como ‘Waste to Energy’.
La concesión para la disposición de basura tiene vigencia de 20 años a partir del inicio de operación de la planta incineradora WTE que debió estar construida en noviembre de 2008, la cual no se hizo.
El contrato fue firmado el 5 de octubre del año 2006 cuando Joaquín Sandoval del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fungía como presidente municipal de Tecate y Eugenio Elorduy Walter del Partido Acción Nacional (PAN) como gobernador.
La empresa ADDO, S.A. de C.V se creó el mismo año que le fue entregada la concesión y el contrato se firmó 15 días antes de aprobarse en cabildo, cuya sesión se realizó el 20 de octubre de 2006.
Aunque se trata de una concesión municipal, esta se ejecutó en un terreno propiedad del gobierno del estado.
En el contrato de concesión, en archivos y de acuerdo con registros oficiales, la vigencia del relleno sanitario concluye el 8 de octubre del 2022 y/o hasta alcanzar el volumen de confinamiento, que consiste en 543 mil 334.88 metros cúbicos (M3), equivalente a 326 mil 000.02 toneladas.
El relleno sanitario entregado en el 2006 a ADDO inició con una superficie de 60 mil metros cuadrados y, hoy en día, la superficie sobrepasa los 172 mil metros cuadrados. Como dato adicional y conforme a documentos de Oficialía Mayor del gobierno estatal la empresa no ha comprobado la legal posesión de los terrenos en los que opera la concesión municipal.
En el contrato se detalla que en la planta incineradora no se permitirá la actividad de separación de residuos en forma manual, conocido como pepena, por ser contrario al proyecto de la NOM-084-ECO-1994, sin embargo, durante las inspecciones de gobierno visualizaron a personas realizando esta actividad y sin medidas de seguridad. Del total de los incendios, el 40 por ciento son considerados como conatos provocados por pepenadores.
La empresa obtiene ganancias cobrando a particulares, cadenas de autoservicio, le cobra al propio ayuntamiento una mensualidad por la basura considerada como no doméstica, cobra a empresas privadas tanto de Tecate como de Tijuana para depositar la basura en Tecate, avalado en el contrato de concesión.
En la zona rural de Tecate existen cuatro basureros a cielo abierto: La Rumorosa, Poblado El Hongo, Valle de las Palmas y Cerro Azul, todos son del conocimiento de las autoridades municipales y estatales.
Existen daños ambientales advierte abogado ambientalista
Manuel Alejandro Castillo Hernández, Licenciado en Derecho y Maestro en Educación Ambiental, quien en la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aportó sus conocimientos medioambientales para la iniciativa de ley estatal de responsabilidad ambiental, aseguró que el basurero municipal en operación carece de los estándares establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, como la necesidad de tener una zona de amortiguamiento.
Durante una visita de campo, el litigante constató los olores y especificó que el tema no está regulado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la autoridades estatales para mitigar los mismos y, resaltó que la zona debería tener árboles para contener la fauna nociva, principalmente las moscas.
Después de analizar el tema de manera minuciosa, el ambientalista aseguró que el lugar donde se autorizó el destino final de la basura de los tecatenses, se encuentra en una zona de hábitat de especies protegidas según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Además, Castillo Hernández aseguró que el basurero está mal estructurado, su construcción es inadecuada, que el diseño del MIA otorgado por el gobierno para la operatividad es el incorrecto y que existe un tema de conservación al que se debe apegar, según las políticas ambientales de la CONABIO.
Explicó que El Carrizo (presa de abastecimiento de agua para la ciudad de Tijuana), tiene una importancia ecológica por las especies protegidas por la NOM-059 que habla sobre la víbora de cascabel, garzón cenizo y pelícano pardo.
El ambientalista sostuvo que el Gobierno del Estado debió regular la operación del basurero, no obstante ha contribuido y autorizado de “manera dolosa” que siga la empresa funcionando de manera irregular.
Castillo Hernández es abogado postulante, ha participado en investigaciones realizadas por otros medios como Semanario Zeta, actualmente cuenta con un espacio en el Canal 4 de Televisa Mexicali donde expone temas sobre daños al medio ambiente.
Inspecciones gubernamentales exhiben irregularidades y mal manejo
La Secretaría de Protección al Ambiente del Estado es la responsable de realizar inspecciones desde que ADDO obtuvo la concesión. Las observaciones han quedado plasmadas en cada una de las actas de inspección realizadas en los años 2009, 2014 y 2016 sin repercusión alguna para la empresa ADDO.
En cada uno de los recorridos, se han detectado la falta de licencias de operación, autorización de impacto ambiental, el lugar no tenía estudios geofísicos, hidrológicos, tampoco cuenta con captación de lixiviados que se generan por los líquidos de la descomposición y fermentación de residuos orgánicos, ni tenía drenajes pluviales, drenajes perimetrales e internos.
Además han señalado la falta de cerco perimetral y observaron que el lugar operaba de una forma distinta a la que se estipulaba en el contrato de concesión.
Los servidores públicos que participaron narraron cómo percibieron olores desagradables, mal manejo de la basura, residuos peligrosos, pues a simple vista había un galón y una cubeta de 20 litros con aceite residual desparramado sobre la basura, incumpliendo con la NOM-083-SEMARNAT-2003.
La empresa indica que diariamente recibe 222 toneladas de residuos, siendo el 65% correspondiente a basura doméstica y el 35% a residuos de manejo especial.
Una de las inspecciones de gobierno realizada en agosto de 2014, una de las más graves observaciones, advierten sobre la forma en la que se disponía la basura con las características de un tiradero a cielo abierto y no como un relleno sanitario, de nuevo incumpliendo con la NOM-083 de SEMARNAT.
“No observamos la adecuación y/o implementación de una celda con geomembrana para la contención de los residuos que están ingresando”, expusieron en el acta 3.4.289.14 de la Secretaria de Protección al Ambiente estatal.
Como resultado de la notificación y de acuerdo a lo descrito, se requirió a la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V. una serie de documentos y requisitos los cuales no fueron entregados ni mostrados a los funcionarios públicos.
Revocación de contrato fue ignorada: exregidor
Jorge Issac Moreno Carreño, quien fuera regidor al frente de la Comisión de Salud del XX Ayuntamiento de Tecate, manifestó que, durante el periodo del gobierno anterior, de extracción panista, constataron en una visita al basurero, el mal manejo de residuos sólidos y los incumplimientos de las cláusulas I, II, VII, IX, X y XXI.
Después de la inspección, se notificó a la empresa ADDO sobre el procedimiento de revocación de la concesión, otorgándole el plazo de ley para que se regularice.
Al no haber solventado las cláusulas señaladas en la notificación del procedimiento, el 29 de noviembre de 2010, Sindicatura Municipal del XIX Ayuntamiento de Tecate notificó a la empresa sobre el acuerdo de resolución de la revocación de la concesión otorgada en el 2006.
La empresa continuó operando el basurero a cielo abierto sin fundamento legal durante 2 años y 3 meses, según menciona el exregidor de la Comisión de Salud, pues hicieron caso omiso a la resolución de revocación de concesión del 2010.
En el 2013, en sesión de cabildo número 58 y a través de un posicionamiento, los tres regidores de oposición expusieron que el concesionario había violado varias cláusulas del contrato, motivo por el cual le fue revocada la concesión y que, por lo mismo, se oponían a que el gobierno priísta en turno le restituyera la disposición final a ADDO. El sentido de la votación no favoreció a la fracción panista, pues fue aprobada con 9 votos a favor de la continuidad de la empresa y 3 votos en contra.
Posible colusión de servidores públicos
Las inspecciones realizadas en el basurero en los años 2009, 2014 y 2016, fueron archivadas y hasta el 2021 se determinó “no infraccionar, sancionar o solicitar la reparación de los daños a ADDO”, debido a que en su momento se omitió dar seguimiento a las irregularidades expuestas en actas por parte del Gobierno del Estado.
Según documentos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de julio del 2021, las distintas inspecciones “caducaron”.
En términos del artículo 216 del Código Penal Federal, ‘cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas’.
En el 2016 la Dirección de Protección al Ambiente del gobierno municipal, emitió una opinión técnica sobre el lugar de disposición final de la basura en la cual estipula que el lugar tiene un impacto negativo a la salud pública y al medio ambiente.
Por su parte, la Dirección de Administración Urbana, también manifestó que el municipio de Tecate presenta serios problemas de servicios de recolección y disposición final.
Otorgan 100 millones a ampliación de predios
En el 2016, el gobierno del estado en coordinación con el XXII Ayuntamiento de Tecate, deciden autorizar una inversión de 100 millones de pesos para ampliar el espacio donde se depositan los residuos sólidos y crear dos macro celdas con superficie de 49,622 metros cuadrados.
Pese a que ADDO debió haber hecho una Manifestación de Impacto Ambiental y comprobar la posesión del predio, lo cual no hizo, se utilizó el recurso público para ampliar el basurero con las dos macro celdas.
Según información solicitada por transparencia y recibida el día 05 de abril del presente año, el predio “…después de realizada una búsqueda exhaustiva en esta Unidad, se concluye que a la fecha, los predios con clave catastral 4-XA-260-003 y 4-XA-260-007 no cuentan con entrega o comodato a persona física o moral alguna”. (Sic.), esto de acuerdo al oficio 653/2022 de la Oficialia Mayor del Estado de Baja California.
De las dos macro celdas contempladas en el proyecto de expansión de relleno sanitario, solo se construyó una. El recurso público fue aprobado y ejercido en la administración estatal de Francisco Vega de Lamadrid del PAN y en la administración municipal de Nereida Fuentes González del PRI.
ADDO impide acceso a la autoridad municipal
La directora de Protección al Ambiente del gobierno municipal actual, Alicia Ravelo, ha intentado ingresar al relleno sanitario, pero los empleados de ADDO se lo han impedido.
Aseguró que ha enviado oficios y se ha presentado en dos ocasiones donde la última ocasión que acudió, ni siquiera les permitieron el acceso a las oficinas.
A raíz de la negativa de la empresa, Ravelo García realizó recorridos en los perímetros del basurero y afirma que existe evidente contaminación.
“Creo que obviamente hay una contaminación y no solamente es contaminación para esa zona, si no que ya parte de la contaminación aérea, por la constante quema, por los lixiviados, la liberación de gases y aparte la contaminación del acuífero, es un atentado, un delito y que estas personas o de plano no saben o no les importa todo el daño que están haciendo”, dijo en entrevista.
Eterno proceso de revocación de contrato
En enero de 2022, el gobierno municipal encabezado por Edgar Darío Benítez Ruiz intentó revocar el contrato con ADDO debido a la serie de irregularidades documentadas, pero el proyecto no ha sido presentado ante Cabildo.
El presidente municipal del partido MORENA fue cuestionado sobre la situación legal de la empresa concesionaria y mencionó que no existe un procedimiento legal en contra de ellos y por lo tanto sigue vigente el contrato. Sin embargo, ve difícil que el concesionario continúe con el servicio, mientras no solventen las irregularidades.
A cuatro años de que venza el contrato con ADDO, el ayuntamiento evalúa nuevas opciones. El director Jurídico del Gobierno Municipal, Manuel Cárdenas Rodríguez, señaló que están en el proceso de acumulación de información para actuar contra la empresa.
“Aún no existen instrucciones del ejecutivo para que se lleve a cabo ningún proceso legal por los evidentes y reiterados incumplimientos del concesionario”, calificó.
Asimismo, comentó que el adeudo aproximado que tiene el gobierno municipal con la empresa a lo largo de los años es de 13 millones de pesos.
Sin embargo, el jurídico aclaró que la empresa no formalizó la cláusula novena del contrato en la que el concesionario está obligado a entregar al ayuntamiento camiones, equipo y uniformes, todo ello con un costo estimado de 21 millones de pesos a la fecha.
Durante la investigación de este reportaje, se intentó por varios medios entrevistar al representante legal de la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V., sin obtener respuesta.
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*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
