La ruta de Ecuador a Estados Unidos

Cinthya agarra el celular, busca en el WhatsApp el contacto de su mamá, Lupe Calle Peralta, y le empieza a contar cómo le fue en el día. Si algo bueno pasó, le escribe; si está contenta, le cuenta por qué; si algo ocurrió, detalla los acontecimientos.

Cinthya escribe y escribe en el celular con la esperanza de que Lupe responda, pero en la pantalla solo hay una palomita: un visto bueno que dice que el mensaje se fue, pero no llegó al destinatario.

Desde el 12 de junio de 2021, al otro lado del chat solo hay silencio.

Cinthya vende frutas en El Arenal, el mercado mayorista más grande de Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador con el mayor número de habitantes. En el mismo sitio, hasta el año anterior, trabajaba su mamá. Lupe tenía un “cyber”, un espacio en donde alquilaba computadoras con internet, pero el negocio no era próspero. Cuando en marzo de 2020 el gobierno ecuatoriano, entonces encabezado por el presidente Lenín Moreno, declaró la emergencia sanitaria en Ecuador, todo se vino abajo. Si antes de la pandemia había deudas que se pagaban con mucho esfuerzo, con el confinamiento la situación se complicó todavía más.

—A mi hermana eso le quemó—, dice José Calle, con cierta rabia.

José es hermano de Lupe. Antes de hablar de ella, escucha a quien le pregunta sobre el caso; analiza, observa. Desde que desapareció su hermana se volvió más callado, más cauto, al igual que Cinthya. Para acordar la cita para conversar sobre la desaparición de Lupe, por ejemplo, no comparte una dirección sino en la víspera de la entrevista; esta ocurre en un lugar abierto, en el patio de una casa en la que nada indica que ahí vive una familia que está sufriendo.

Solo una vez que consideran que ha llegado el momento de narrar los hechos, se yerguen, toman aire y reúnen fuerzas.

El 26 de mayo de 2021 Lupe Calle dejó Cuenca para trasladarse hacia Latacunga, una ciudad pequeñita ubicada en el norte de Ecuador que se convirtió en una terminal para migrantes. Por su conexión directa con México, que en 2018 dejó entrar a los ecuatorianos sin la necesidad de una visa, el aeropuerto de Latacunga se volvió el espacio propicio para salir de Ecuador y llevar a cabo el plan que miles de familias ecuatorianas se han trazado desde el siglo pasado: llegar a Estados Unidos, hacer dinero, y mandarlo a quienes tuvieron que dejar atrás: hijos, padres, hermanos.

Lupe tenía la misma idea: dejar a Cinthya, su hija mayor, a cargo de sus otros tres hermanos de 23, 12 y 8 años, mientras ella llegaba a Estados Unidos sin papeles. El viaje, el cruce y la llegada a ese país ya lo habían hecho dos hermanas de Lupe hace más de dos décadas. Ahora, creía Lupe, era su turno.

—Yo solo supe del viaje de mi hermana cuando estaba por irse —dice José—. Yo le dije que si estaba segura. Le pregunté con quién se iba, quién le iba a llevar, y ella me dijo que estuviera tranquilo, que todo estaba visto ya. Desde allí ya empezaron mal las cosas.

A diferencia del resto de la familia, Cinthya sabía quién era la persona que su mamá había contratado para el viaje, el costo, el itinerario y la ruta. Principalmente la ruta: Latacunga-Ciudad de México-Ciudad Juárez-Estados Unidos.

—Mami salió el 26 de mayo de Cuenca. Estuvo diez días en México D.F, y luego la llevaron a Ciudad Juárez. Estuvo allí hasta el 11 de junio. El contrato que se había hecho era que ella no iba a pasar por el desierto, que no iba a pasar por allí—, cuenta Cinthya.

La familia no quería saber nada del desierto de Estados Unidos, sobre todo si se tenía que caminar por él. La razón es que hacia finales del 2020 los medios de comunicación, principalmente aquellos que funcionaban en el Austro ecuatoriano, conformado por las provincias del Azuay —cuya capital es Cuenca—, Cañar y Morona Santiago—, empezaron a repetir la palabra “desierto” en las crónicas sobre el calor extremo del verano norteamericano, la dificultad para caminar por las tierras áridas, y el abandono —y posterior desaparición— que sufrían los emigrantes, lo cual alertó a las familias que estaban pensando emigrar.

Con el miedo de que algo pudiera pasar en el desierto inhóspito, Lupe y su hija acordaron pagar 17 mil dólares para que la coyote —apelativo usado para nombrar a las personas dedicadas al tráfico de migrantes— evitara esa región que ya estaba dando infortunios a las familias ecuatorianas.

—Una amiga de mi hermana ya había viajado con esta coyote, que le había hecho llegar a Estados Unidos rapidísimo. Había una buena referencia—, recuerda José.

Según el plan, una vez en Ciudad Juárez, saldrían en un vehículo para realizar un viaje de dos horas; después, de acuerdo con lo que había dicho la coyote, tendrían que caminar por dos o tres horas como máximo, y llegarían a Estados Unidos. Pero nada de eso pasó: Cinthya recibió un mensaje desde Ciudad Juárez en el que se le informaba que la ruta que se pactó “estaba quemada”.

—Que la ruta esté quemada significa que no podían ir por allí porque ya habían cogido a muchas personas. Era peligroso —explica Cinthya—. Si se quería ir por la misma ruta, mami tenía que esperar dos meses. Y no había plata para esperar. Entonces lo que se tenía que hacer era caminar por el desierto —dice Cinthya.

Entre el 7 y la víspera del 11 de junio de 2021, Lupe enviaba mensajes a Cinthya: ya salimos mañana, ya salimos mañana; sin embargo, no salían de Ciudad Juárez. El 11 de junio Cinthya recibió un mensaje en el que su madre le aseguró que estaban dirigiéndose hacia El Porvenir porque, un día después, empezarían con la caminata para entrar a Estados Unidos.

El sábado 12 de junio, a las ocho de la mañana, Lupe le mandó otro mensaje por WhatsApp: “Nos van a quitar el celular. Entre el lunes y martes, si Dios quiere, estaremos allá”.

Ese fue el último mensaje que recibió Cinthya por parte de Lupe. Esa fue la última vez que Cinthya supo de su mamá.

Ciudad Juárez es una localidad fronteriza del estado mexicano de Chihuahua que colinda con los estados de Texas y Nuevo México, en Estados Unidos. Por su ubicación, ha sido ruta del tráfico de migrantes que se dirigen hacia el norte desafiando las condiciones del desierto y la violencia del crimen organizado. También es polo de atracción de la actividad maquiladora desde hace más de 50 años, lo que impulsó un crecimiento urbano desordenado que hasta la fecha persiste.

En esta ciudad habitan más de un millón y medio de habitantes, de los cuales casi un 40 por ciento son personas migrantes, provenientes de otros estados y de otros países. En la última década, a partir de lo que se llamó la “guerra contra las drogas” iniciada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, fueron asesinadas ahí más de 13 mil 500 personas.

La frontera amurallada por Estados Unidos es una realidad desde hace más de dos décadas en esta región. Sobre un paisaje arenoso y a pocos metros de que inicien los caseríos por el norponiente, se extiende una valla metálica. Es el muro que se colocó ahí en septiembre de 1995, bajo el gobierno de George W. Bush, en ese entonces era una malla ciclónica que a mediados del 2016 fue sustituida por una valla metálica pegada por el bordo del río Bravo.

La barda dividió a una comunidad binacional con una dinámica que, según datos de agencias de ambos países, moviliza a diario a unos 60 mil fronterizos que se trasladan entre Ciudad Juárez, El Paso y Santa Teresa –o viceversa–. Por eso Juárez es la frontera más porosa del norte del país. Comparte seis cruces internacionales con Estados Unidos, de los cuales cinco son puentes y sólo uno es un paso terrestre.

En los últimos años, con el reforzamiento de la seguridad en la frontera entre ambos países, las rutas para los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos sin documentos se ha vuelto más peligrosa, no solo por el riesgo que implica cruzar por el desierto o por el río, sino porque para los migrantes que requieren de una visa para entrar a México —y este es el caso actual de los ciudadanos ecuatorianos— el cruce por territorio mexicano se ha sumado a la carrera de obstáculos. Las rutas que eran habituales para cruzar por México —por ser las más cortas—, que llevaban a los migrantes a cruzar por los estados de Tamaulipas o Nuevo León, dejaron de ser frecuentadas tras las masacres de San Fernando, en Tamaulipas, en 2010 y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, perpetradas por el cartel de Los Zetas. Entonces Chihuahua se volvió la ruta utilizada por los coyotes.

En los últimos dos años, Chihuahua ha estado a la cabeza de las entidades con más personas migrantes reportadas como desaparecidas; pero, además del crimen organizado, el cruce por Chihuahua representa un riesgo adicional para los migrantes que no cuentan con documentos, porque esta es la entidad con más detenciones por parte de la autoridad migratoria mexicana, según datos del propio gobierno de México.

Antes de que se le quiebre la voz, Cinthya relata lo que vino después del último mensaje:

—Yo le escribí a la coyote el domingo y ella me dijo que todo estaba bien. El lunes me dice que ya mismo han de llegar. Pero el martes me llama y me pregunta si no me he comunicado con mami, y después me pide el número de ella, y ya me pareció raro. El miércoles, como a las doce del día, la coyote me dice que mami se quedó, que no avanzó a caminar más. Me dice que llamemos a migración de Sierra Blanca [en Texas], porque no saben dónde está— recuerda.

Que se quedó en el desierto, que estaba bien, que estaba mal, que ya no quiso seguir: las versiones y contradicciones llegaban a los oídos de Cinthya cuando se supo que Lupe había desaparecido. En los días posteriores la familia se activó en redes sociales: ingresaron a los grupos de desaparecidos en la frontera de México y Estados Unidos que funcionan en Facebook para publicar la foto de Lupe; denunciaron a la coyote en la Fiscalía del Azuay, y contaron su caso a la coordinación de la zonal 6 —que representa a Azuay, Cañar y Morona Santiago— del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la cartera del Estado ecuatoriano que, entre otras funciones, se encarga de ayudar a las familias de emigrantes desaparecidos.

—Ha pasado un año y no sé nada de mi mami —dice Cinthya—. Desde que publiqué la foto de mami, personas nos han extorsionado, nos han robado, nos han mentido diciéndonos que tienen a mi mami, que les paguemos y que ellos nos la entregan. Pero todo es una mentira, no hay rastro de ella.

Lupe es parte de las estadísticas de migración masiva hacia Estados Unidos que vivió Ecuador en el 2021, y de los emigrantes desaparecidos no solo en 2021, sino en los últimos 20 años; estas cifras, sin embargo, son ambiguas e inciertas. Lo que sí es cierto es la historia común detrás del viaje: una necesidad económica, una condición social insatisfactoria, una motivación para contratar un coyote; los preparativos, la incertidumbre del viaje, y un último mensaje.

A diferencia de los últimos años del siglo XX y de los primeros del siglo XXI, cuando las familias de los emigrantes ecuatorianos sólo sabían que habían llegado bien una vez que estaban en Estados Unidos, en las desapariciones de los años recientes siempre ha existido ese último mensaje. El WhatsApp, el Facebook, los videos, los mensajes de voz y el internet se convirtieron en medios de comunicación efectivos no solo para contar la travesía, sino para dejar un último rastro, un último signo de vida —sin saberlo— en una pantalla.

Sin esas herramientas, por ejemplo, Cristian Lupercio y Evelin Quichimbo, ambos de la provincia del Azuay, no habrían podido decir, antes de desaparecer el 27 de noviembre de 2020, que iban a apagar sus celulares para cruzar de Ciudad Juárez a Estados Unidos.

O Luis Mainato, oriundo de Cañar (provincia vecina de Azuay), no habría podido decir a su familia, antes de desaparecer el 19 de febrero de 2021, que estaba por salir de Piedras Negras.

O José Palate, de Ambato (ciudad céntrica del Ecuador), no habría dicho el 29 de mayo de 2021, antes de desaparecer, que ya había pasado al “otro lado” desde Ciudad Juárez.

O Lizbeth Yolanda Topón, de Cuenca, no habría enviado un video antes de desaparecer el 27 de agosto de 2021, en el que decía que ya estaba en El Paso, Texas.

Un texto, una fotografía, un video. Un último mensaje de los ecuatorianos que desaparecieron intentando llegar a Estados Unidos.

Migraciones masivas

En Ecuador se habla de “olas” migratorias para definir los periodos durante los cuales ha habido un mayor número de personas que emigran. La primera de estas migraciones masivas —y la menos conocida por las generaciones de los últimos treinta años— es la que inició en la década de los sesenta. Según quienes han analizado el fenómeno migratorio, la población ecuatoriana comenzó a salir hacia Estados Unidos cuando disminuyeron considerablemente las ventas del sombrero de paja toquilla, mejor conocido como Panama Hat, que se elaboraba precisamente en el Austro. 

La segunda “ola”, que es la que más claramente se identifica en el país, se registró a mediados de los años noventa y se extendió hasta los primeros años del siglo XXI. Según un estudio elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en 1996 salieron de Ecuador 18,000 personas que hasta 2001 no habían regresado; en 1998 la cifra ascendió a 34,000, y para el año 2000 ya eran 107,000.

A diferencia de la primera migración masiva que había ya llevado a los habitantes del Austro a buscar ingresos seguros en Estados Unidos, el segundo episodio se extendió por todo el Ecuador en los últimos cinco años de la década del noventa y en el primer año del siglo XXI. Las razones: la inestabilidad política —dos presidentes derrocados en el 97 y en el 2000— y, una vez más, el declive económico. En 1999 el desempleo en Ecuador alcanzó el 15.1%, y en el 2000 el nivel de pobreza de los ecuatorianos alcanzó el 71%, según datos del Banco Central del Ecuador.

El clímax de la segunda migración masiva iniciaría el 9 de enero de 2000, el día en que Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial. Para muchos, esto fue la gota que derramó el vaso y provocó la salida de más ecuatorianos: 560 mil personas dejaron Ecuador durante ese año, la cifra más alta registrada hasta ahora.

Entre el 2020 y 2021, en Ecuador no solo se hablaba de los contagios de COVID-19. A mediados del primer año de la pandemia, William Murillo, ex titular de la desaparecida Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) y cofundador de 1800 Migrante, un consultorio legal que brinda asesoría a migrantes ecuatorianos, había ya advertido de una nueva migración masiva.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es que, luego de mirar la difícil situación económica del Ecuador en estos momentos, podríamos tener una nueva ola migratoria hacia EE.UU. y consecuentemente un aumento de víctimas mortales y desapariciones”, dijo Murillo en un comunicado del 11 de junio de 2020.

Si bien el funcionario vislumbraba el fenómeno a través de un seguimiento de los casos de desaparecidos, fallecidos y de las detenciones de emigrantes ecuatorianos en la frontera de México y Estados Unidos, esta tercera migración masiva se gestó desde el 2018. El 29 de noviembre de aquel año se informó que los ciudadanos ecuatorianos ya no necesitaban una visa para entrar a México; bastaba con cumplir con el control migratorio en el que se mostraban las reservas de hotel, los boletos de regreso y el itinerario, para recibir la bienvenida. Y entonces los números empezaron a crecer.

En 2019, según las salidas y entradas registradas por el Ministerio de Gobierno de Ecuador, 119,268 ecuatorianos salieron hacia México, pero solo regresaron 102,77; es decir, al menos 16,489 ecuatorianos permanecieron fuera del país. En el 2020, con la emergencia sanitaria encima, 53,802 ecuatorianos viajaron a México, pero solo 39,173 regresaron a Ecuador, un saldo de 14,629. Y cuando llegó el 2021, las estadísticas se inflaron: 127,134 ecuatorianos se fueron a México, y sólo volvieron 57,784. Las 69,350 personas que no regresaron eran en gran medida originarias de las provincias del Azuay y Cañar. Una vez más, las comunidades y los cantones del Austro ecuatoriano vivían un éxodo hacia Estados Unidos.

Además de los registros migratorios en Ecuador, la tercera ola de migración se confirmó con el número de detenciones de ecuatorianos en la frontera México-Estados Unidos. Desde marzo de 2021 las detenciones se incrementaron drásticamente. Según los datos de U.S Customs and Border Protection, de 5,579 detenciones en marzo, se pasó a 17,611 en agosto. La información de las autoridades mexicanas indica que de 2019 a julio del 2022, suman 646 los ecuatorianos detenidos en Chihuahua, 97 por ciento de ellos durante el 2021 y los primeros siete meses de 2022. La mayoría de las detenciones se registraron en la región de Ciudad Juárez, donde se localiza la sede de la delegación del Instituto Nacional de Migración.

Que en Ecuador había un nuevo flujo intenso de emigrantes cuya meta era llegar a Estados Unidos ya no era un evento aislado. Lo que sí estaba aislado era el hecho de que muchos de ellos habían desaparecido.

17 mil dólares para desaparecer

Claudio Javier Ramón Ordóñez, agricultor y minero de 37 años, abandonó su equipo de trabajo y dejó a sus cuatro hijos a mediados de 2021 para viajar a Estados Unidos vía México. A finales de julio de 2021 su familia recibió un mensaje de que Claudio había sido secuestrado en Ciudad Juárez.

Claudio nació en Dandán, una comunidad ubicada a unos 30 minutos del cantón Santa Isabel, en la provincia de Azuay. Es una zona rodeada de montañas, próxima al desierto, polvorienta y donde el sol pega con intensidad. Para llegar se debe transitar por calles serpenteantes, irregulares y sin pavimento. Hay pocos espacios de sombra proporcionados por contados árboles. Aquí el agua es escasa, por lo que las labores de agricultura son cada vez menos productivas.

La familia Ramón Ordóñez se asentó en este lugar hace 38 años. Aquí crecieron los siete hijos que procrearon. Todos se involucraron en la agricultura y con el tiempo los niños dejaron de estudiar para dedicarse exclusivamente al cultivo de cebolla, tomate y otros productos.

Para inicios de la década del 2000 la pobreza, un denominador común en los hogares de la región, asfixiaba a los ya hijos adolescentes de Mercedes. Los casos de vecinos y familiares que migraban hacia Estados Unidos eran frecuentes, y las historias de éxito en el país del norte y lo bien que se podía llegar a ganar se escuchaban por todas partes. Esto sedujo a la tercera hija de Mercedes, a quien llamaremos Miriam, quien a sus 17 años viajó a este país y desde entonces no ha regresado.

Claudio tenía otros planes. Él quería dedicarse a la tierra, formar una familia y continuar cerca de sus padres. A los 17 años se mudó a otra comunidad, donde el agua no es un problema y podía dedicar su esfuerzo a cultivar la tierra. Con el tiempo Claudio se enamoró y tuvo a su primera hija, hoy de 16 años, aunque rompió contacto con su primera pareja. Después conoció a la que sería la madre de su segundo hijo, hoy de 12 años, de quien se separó dos años más tarde. Una tercera relación le dio cierta estabilidad y con Paola, su pareja, tuvo otros dos hijos, un niño y una niña que hoy tienen 10 y 8 años, respectivamente.

Claudio se había negado en varias ocasiones a seguir los pasos de su hermana Miriam, pero con la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, fue Paola quien decidió migrar. La semana en la que partió su mujer, Claudio visitó a sus padres y les informó que se iría a alcanzar a Paola a Estados Unidos en cuanto ella llegara a su destino. Su madre trató de disuadirlo.

—Ven a vivir acá, con nosotros. Acá puedes vivir en la casa de tu hermana—, le dijo Mercedes, pero Claudio estaba decidido. Había visto durante años cómo su hermana enviaba dinero para la familia y en tierras norteamericanas no sufría las necesidades que hay en Dandán.

—Se fue convencido de trabajar para dar el estudio a sus hijos—, dice Mercedes.

Padre y madre acompañaron a Claudio donde pactaron con el coyote el viaje por 17 mil dólares, con la condición de que no tuviera que pasar por el desierto. Esa tarde le entregaron 5 mil dólares; otro monto sería entregado al llegar a México, y finalmente la última parte se pagaría al cruzar la frontera. A cambio, el coyote le ofreció llegar en un lapso de entre 8 y 12 días. En julio del 2021, tras recibir la bendición de sus padres, Claudio se marchó; sus hijos pequeños quedaron a cargo de la abuela materna, tal como lo había organizado Paola.

Números que no cuadran, migración que no para

En Ecuador se sabe lo que representan las remesas que envían los ecuatorianos desde Estados Unidos; se conoce cuánto ganan los coyoteros por el tráfico de migrantes; la estadística sobre los vuelos con deportados hacia Ecuador está disponible para quien la consulte. Pero lo que no se sabe, es el número real de ecuatorianos desaparecidos en la frontera México-Estados Unidos. Esto se debe a que no existe un sistema que concentre todos los casos de desaparición; el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) maneja información contradictoria.

Para este reportaje se solicitó a esa cartera de Estado el número de migrantes desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos, y la dependencia sólo compartió los registros que existen desde 2019. Para obtener datos anteriores a ese año, el ministerio sugirió acudir al Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Chihuahua. La Fiscalía respondió que esta información no aparece en sus sistemas porque “no es competencia de la Fiscalía General de Chihuahua llevar la estadística de los migrantes ecuatorianos desaparecidos en la ruta hacia los Estados Unidos, en virtud que dicha potestad es del MREMH”. Esto es, la serpiente que se muerde la cola.

A diferencia del ministerio, la coordinación que atiende a Azuay, Cañar y Morona Santiago, sí tiene datos desde 2014, pero incluso los de los años recientes difieren de los del ministerio. Por ejemplo, en el 2021, la coordinación recibió la denuncia de 66 casos de desapariciones, de los cuales se resolvieron 41, mientras que el ministerio registró 29 casos y 12 fueron resueltos.

La discordancia entre los datos también se refleja en la rendición de cuentas del 2021 del MREMH, y los datos que se compartieron para este reportaje. Según la rendición de cuentas, en la frontera entre Estados Unidos y México se registraron 37 desapariciones de ecuatorianos. De ese número, 17 aparecen como resueltos. En los registros compartidos para este reportaje, en el 2021 hubo 29 desaparecidos, de los cuales solo se supo el paradero de 12. ¿Cómo se pueden tomar en serio las desapariciones de los emigrantes ecuatorianos cuando no hay datos precisos en el ministerio que debe velar por aquellos que dejaron Ecuador?

—El tema de los registros ha sido un problema— explica Cristian Zhimnay, director del grupo de investigación Población y Desarrollo Local Sustentable (PYDLOS) de la Universidad de Cuenca, la institución educativa pública más importante del Austro ecuatoriano. —No hay estadísticas, y yo creo que el Estado disminuyó esa parte de tratar de controlar o incentivar que regresen o se vayan [hacia Estados Unidos]. Se dejó de hacer. Es como “veamos qué pasa”.

PYDLOS ha identificado la salida masiva de ciudadanos ecuatorianos hacia Estados Unidos a través de la intervención del tercer sector: organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que han asumido un trabajo que debería ser liderado por el Estado. Un ejemplo de ello está en el segundo informe de los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) del Ecuador, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones en 2021.

De acuerdo a los IGM, el Ecuador “no registra un mecanismo constante y estructurado de interacción para la construcción y evaluación de las políticas públicas sobre los asuntos de interés de la comunidad ecuatoriana migrante”, y se menciona que el número de ecuatorianos que salieron hacia México y no regresaron en el primer semestre del 2021, representa “una posible migración riesgosa”.

Mientras Ecuador registraba récords de salidas hacia el extranjero y de remesas desde Estados Unidos, el 20 de agosto de 2021 México decidió volver a pedir visa a los ecuatorianos. En principio la medida sólo estaría vigente desde el 4 de septiembre de 2021 hasta el 4 marzo de 2022, pero el gobierno mexicano decidió extender la medida por tiempo indefinido. Esta restricción bajó drásticamente los números de salida de Ecuador hacia ese país: de las 22,982 registradas en agosto de 2021, en septiembre la cifra fue de 6,518, y en diciembre bajó hasta 2,269. Pero al cerrarse el paso libre, las rutas que los coyotes habían trazado hace más de treinta años, volvieron: viajes directos hacia Centroamérica, movilización por tierra, y el cruce por México para llegar a la frontera norte. Es más caro, arriba de 20 mil dólares por un viaje, pero sobre todo es más riesgoso.

El 2 de abril de 2022, dos hermanos de Cuenca y un joven de Azogues murieron en un accidente de tránsito en Guatemala cuando buscaban llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. El 12 de agosto, una camioneta que transportaba migrantes en Veracruz se volcó; tres ecuatorianas, entre ellas una niña de un año y ocho meses, fallecieron, mientras que una adolescente de 14 años, un niño de siete, y una joven de 23 —todos ellos de una misma familia originaria de Cuenca— resultaron heridos de gravedad.

Si para las autoridades Claudio es solo una cifra, para la familia Ramón Ordoñez el último año ha sido una herida que no hay manera de cerrar.

Un día después de haber salido de Cuenca en julio de 2021, Claudio llamó a su hermana, le dijo que ya estaba en un hotel en México y que estaba bien. Tocaba a la familia hacer el segundo pago, unos 4 mil dólares. Las llamadas de Claudio continuaron y su primer intento de cruzar terminó en una detención por parte de los agentes fronterizos. El 26 de julio anunció que haría el segundo intento, pero los días pasaron sin noticias y Mercedes sentía que algo había ido mal. Tenía razón: Claudio había sido secuestrado.

El 27 de julio Miriam había recibido en su teléfono una foto de Claudio sentado sobre lo que parece ser una cama, amarrado de pies con una fina cuerda blanca, con el temor reflejado en el rostro. Los captores pidieron 15 mil dólares por su rescate. Miriam y otros familiares lograron reunir 12 mil dólares y los depositaron en una cuenta bancaria; los secuestradores le dijeron que cuando depositara lo que faltaba, soltarían a su “carnal”. Esa fue la última vez que los secuestradores les respondieron el teléfono; Mercedes, a quien sus hijos no querían decir la verdad, se enteró un mes después.

El gesto de Mercedes va de la tristeza a una resignación que no termina de llegar. Su voz, a veces pausada y suave, tiene la marca de la angustia que le causa la suerte incierta de Claudio, y el sufrimiento del segundo hijo de este, quien es el más cercano a sus abuelos y el que menos se resigna a la idea de perderlo. En lo que va de 2022, 17 familias más han reportado tener un familiar desaparecido en la ruta migrante. Tal vez algunos le piden a Dios por lo menos saber si su familiar está o no con vida, como lo hace Mercedes: solo saber si está vivo o muerto, para cerrar este doloroso capítulo en su vida.