Ojalá y llegue a la presidencia de la Suprema Corte alguien que reivindique la absoluta independencia del Poder Judicial, que cese la prisión preventiva oficiosa y que se restablezca la perspectiva histórica del constitucionalismo mexicano para arribar a un Estado democrático plenamente civil, incluso en lo militar
Por Jaime García Chávez
El Poder Judicial de la Federación, en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá, en los días que vienen, tres puntos de agenda que pueden marcar las posibilidades de expandir un real Estado de Derecho en el país, siempre a prueba.
Su actual presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, será reemplazado luego del escándalo que se abrió cuando se intentó prorrogarlo en el cargo por parte del Presidente de la República, en un claro alarde de invasión de poderes.
Pienso que Zaldívar, a la hora de hacer un balance de su gestión, tendrá un pasivo por no haberse deslindado de manera rotunda desde el inicio mismo que se planteó esa posibilidad. Pero también le abono con mi opinión por su trayectoria, que se puede leer y dimensionar en su propio balance cuando informó y comentó la reforma derechohumanista de 2011.
Que no ha sido fácil su gestión lo muestra la frase que pronunció a media semana, en tono de despido, cuando dijo “acabó el martirio”. Y debió serlo porque a final de cuentas él será un testigo especialmente calificado para valorar el creciente presidencialismo que se desbordó en la actual administración pública federal.
Cuando todos esperábamos pasar a un auténtico régimen de balanzas y contrapesos en el que el Poder Judicial Federal pudiera jugar un papel fundamental, nos encontramos con un Ejecutivo expansivo que hizo de los ministros, magistrados y jueces de distrito el blanco de arteros cuestionamientos, que no fueron animados por una crítica expresada por las cabezas de los poderes, sino por un afán de vulgar denostación para engordar al presidencialismo autoritario.
A partir del año entrante, habrá nuevo presidente en la Suprema Corte, quizás será más ligera la intervención presidencial por ocurrir en las postrimerías de un Gobierno que día a día será más débil. En los tiempos en los que Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD, no se cansaba de decir que la Comisión de Garantías y Vigilancia de ese partido debía ser una especie de “suprema corte” de la época de Benito Juárez. Ya como Presidente no honró su palabra.
Hasta aquí, un punto de agenda que tiene que ver con las relaciones políticas y la designación del futuro presidente de la Corte. Pero hay dos temas de relevancia extraordinaria que estarán deliberándose hacia el final de este mes de noviembre y que son esenciales en la vida pública, política y constitucional de la República.
El primero de esos temas se refiere a la prisión preventiva automática, en concreto a su futura interpretación judicial, que mediante una reforma legislativa se impuso al inicio de este sexenio, torciendo la ruta que llevaba la reforma derechohumanista en México. Para nadie es desconocido que cuando dicha prisión preventiva se introdujo de nuevo, se dio pábulo al regreso al viejo sistema inquisitorial para perseguir los delitos, con ventajas sobradas para la autoridad y limitaciones para los inculpados y las víctimas, aparte de transgredirse compromisos internacionales. Ojalá en las postrimerías de la presidencia de Zaldívar se rectifique este regreso al derecho penal autoritario.
El otro tema es el de la militarización, tal vez el más espinoso porque no tan sólo ha transgredido el constitucionalismo mexicano de corte liberal y acuerdos políticos básicos (sin contar los compromisos de campaña) para mantener a las fuerzas castrenses al margen de la vida civil que se privilegia siempre en un Estado democrático. La tragedia de esta militarización es que, con todo y los militares en las calles, la delincuencia y los crímenes no cesan casi en ningún punto del país.
La realidad se empieza a desbordar por las calles, con marchas y contramarchas, pero lo que vendrá con las resoluciones de la Corte tiene una relevancia incomparable. Ojalá y llegue a la presidencia de la Suprema Corte alguien que reivindique la absoluta independencia del Poder Judicial, que cese la prisión preventiva oficiosa y que se restablezca la perspectiva histórica del constitucionalismo mexicano para arribar a un Estado democrático plenamente civil, incluso en lo militar.
Con motivo del Bicentenario de la Independencia, en 2010, se publicaron las resoluciones judiciales que han forjado a México, en varios volúmenes bellamente impresos. Ojalá y se engrose con las resoluciones de los próximos días.
17 noviembre 2022
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
