Algo huele mal cuando se persigue a quienes desde las instituciones o desde el periodismo deciden emprender investigaciones a favor de la rendición de cuentas y en contra de la corrupción
Por Hiram Camarillo
Twitter: jh_camarillo
El lunes 21, Francisco González Arredondo, exfiscal, es detenido en Delicias mediante prisión preventiva oficiosa por un convoy de diez unidades de la policía estatal con armas largas, mientras iba con su papá a la tienda. Este último fallece unos días después de un infarto. Se le acusa a González de haber torturado psicológicamente a testigos cuando encabezaba las investigaciones en contra del exgobernador César Duarte y sus colaboradores.
González estuvo a cargo de coordinar un grupo de agentes de la Fiscalía que tuvieron como tarea descubrir la profundidad los actos de corrupción cometidos durante la gestión de César Duarte, el segundo exgobernador priista en darse a la fuga, que tejió una red delictiva de desvío de recursos, junto a una red de protección a través de la compra de voluntades.
Duarte fue aquel cínico que desplegó un alarde de corrupción, que solo puede ser comprendido en su descaro y rapacidad por la garantía de la más absoluta impunidad que creyeron disfrutaría siempre.
Nadie en su sano juicio puede poner en duda la corrupción exacerbada durante el sexenio duartista. O quizá algunos sí, como Myriam Victoria Hernández, la actual presidenta del Poder Judicial en Chihuahua, quien testificó de forma escrita ante autoridades judiciales de Estados Unidos a favor de Duarte, para defenderlo como víctima de una persecución política. Una concatenación de hechos absurdos que evidencian que un fantasma recorre Chihuahua: el fantasma del duartismo.
Hay tortura en innumerables casos armados por el sistema de procuración e impartición de justicia. Lamentablemente ningún funcionario es apresado y, mucho menos sentenciado. Por ello causa suspicacia que a una de las personas claves para la investigación de la corrupción duartista se le otorgue prisión preventiva por tortura.
Sin ánimos de exculpar a González, en la ecuación no podemos olvidar la corrupción infame de Duarte y sus allegados, así como la actual titularidad del poder judicial y del poder ejecutivo. El resultado: más allá de que a González se le siga el debido proceso, hay que dudar del sistema.
Algo huele mal cuando se persigue a quienes desde las instituciones o desde el periodismo deciden emprender investigaciones a favor de la rendición de cuentas y en contra de la corrupción. Además del revanchismo, simbólicamente se envía un mensaje de advertencia para que aquellas personas que buscan la verdad y combatir la impunidad.
Las dudas aumentan cuanto la magistrada Hernández, al puro estilo moreira, previno que emprenderá acciones legales por daño moral contra aquellos que públicamente hablen de sus vínculos con el duartismo y sus conflictos de interés. Los propios criterios jurisprudenciales han asentado que, en la arena del debate sobre temas de alto interés público, la libertad de expresión no sólo protege la emisión de expresiones bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que irritan o inquietan a los funcionarios públicos.
No dudo que en el quinquenio de Corral también se desdibujó la independencia de poderes. Pero, detrás de ello, había una legitimidad ciudadana que anhelaba la detención de Duarte por el documentado desvío de recursos, así como para sentar un precedente único en el país.
Chihuahua es campo fértil para la corrupción en estas circunstancias: instituciones colonizadas, reformas judiciales a modo, medios de comunicación que manipulan el derecho a la información y persecuciones políticas.
