La última palabra no se ha dicho y si a César Duarte se le absuelve, cínica y descaradamente, habremos de apelar a eso que se llama “soberanía popular”, para realizar el cobro de la factura que María Eugenia Campos Galván tiene apuro en saldar, creyendo que eso le allana candidaturas y más poder
Por Jaime García Chávez
No puedo afirmar que Maru se lo dijo, pero César Duarte está seguro de que pronto recuperará su libertad. Las esferas de poder en Chihuahua han comido de la mano del exgobernador preso en Aquiles Serdán, pero en vías de convertirse en una especie de mártir, al paso que vamos.
Por si le faltara algo, Duarte goza de simpatías y compromisos en la presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, a quien le empedró el camino de su carrera en la magistratura. No muy lejos de esa condición, también tiene a la presidenta del Congreso local, Adriana Terrazas Porras, prohijada generosamente en el sexenio de la corrupción política más exuberante que se recuerde en la historia contemporánea del estado de Chihuahua, ahora convertida vergonzosamente a MORENA.
Valiéndose de que la política, tanto como el poder, ya no son lo que eran y se tornan en actividades evanescentes o que se esfuman con facilidad, hoy César Duarte ha dejado de ser noticia. Sus villanías se han opacado y desde el Palacio de Gobierno se suplanta a un demonio por otro, siguiendo una vieja práctica de que polarizar puede ser un camino para mantenerse en el poder, así sea garantizando esta permanencia en el día a día.
El otro ingrediente, y también es propio del actual gobierno federal, es utilizar las instituciones de investigación de los delitos como un mecanismo de presión, más que un recurso del Estado de derecho para sancionar, mediante el debido proceso, las conductas típicas y antijurídicamente delictivas.
En el tema que me ocupa hay un déficit legislativo que limita la eficacia al combate a la corrupción política, esto de por sí se convierte en una pieza más del régimen de impunidad, a lo que se suma la perversión de emplearlos como simple mecanismo de coacción para obtener resultados mediáticos.
Es proverbial la desmesura de periódicos como El Diario, que hasta posicionan un edificio como la “casa maldita”, donde supuestamente se armaban los llamados “Expedientes X” para quedarse varados ahí en la mentira que se propala de manera pertinaz.
Ya se creó toda una atmósfera que propende de manera inequívoca a la futura absolución de César Duarte. Si esto sucede, quedarán en entredicho tanto los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues ni uno ni otro, teniendo a la mano un expediente tan sólido como el que se sustancia a partir de la denuncia de septiembre de 2014 en la averiguación AP/PGR/UEAF/001/2014-09 han realizado nada eficaz, a más de ocho años de iniciada la instancia.
Tampoco la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con idéntico expediente en sus manos, avanzó una pulgada para que se hiciera justicia. Era de ingenuos pensar que el fiscal del duartismo, Jorge González Nicolás, ante el que se presentó originalmente la denuncia, hiciera algo. Pero resultó del todo bochornosamente inexplicable que Javier Corral, como gobernador, lo congelara durante todo su quinquenio, valiéndose de César Augusto Peniche Espejel como titular de su Fiscalía.
Corral fue diestro para montarse en una causa popular y elevarse en la cima hacia el poder. Pero fue absolutamente faccioso a la hora del combate a la corrupción. Y ese es un agravio a toda la sociedad chihuahuense y algo que Unión Ciudadana jamás olvidará y por eso ha catalogado al exgobernador de “traidor”, “hipócrita”, “oportunista” y “utilitarista”.
Durante el quinquenio no hubo nadie en la administración que hiciera claridad y marcara una pauta en el procesamiento al castigo de los corruptos, y al perder la brújula cometieron dislates que ahora no pueden superar, porque ya no tienen cara para presentarse ante la sociedad, ni autoridad moral para efectuar luchas que están dando ya sin el escudo y cobertura que da el estar apoltronado en las instituciones.
Enajenados, o quizás confundidos por el espejismo de dejar legados, no se dieron cuenta que le allanaban el camino a los corruptos del duartismo para que regresaran por sus fueros.
Esa es una realidad que no podemos soslayar, pero la última palabra no se ha dicho y si a César Duarte se le absuelve, cínica y descaradamente, habremos de apelar a eso que se llama “soberanía popular”, para realizar el cobro de la factura que María Eugenia Campos Galván tiene apuro en saldar, creyendo que eso le allana candidaturas y más poder.
24 noviembre 2022
***
Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
