En el sexto día de labores de la VII Brigada Nacional de Búsqueda en el estado de Morelos, las familias tuvieron que retirarse del sitio de búsqueda al escuchar detonaciones de arma de fuego, en el marco del incumplimiento de acuerdos de seguridad por parte de las autoridades
Texto: Aranzazú Ayala y Marcos Nucamendi / A dónde van los desaparecidos*
Foto: Marcos Nucamendi
MORELOS. – Este viernes, en el sexto día de labores de la VII Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) de personas desaparecidas en Morelos, durante los trabajos de búsqueda en campo en el municipio de Huitzilac, familias buscadoras fueron intimidadas por detonaciones de arma de fuego, lo que obligó al grupo a abandonar el lugar y detener temporalmente las actividades.
Juan Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales —organización convocante de la BNB—, dijo que haría responsables los gobiernos federal y locales de “cualquier acción que llegue a suceder” en contra de las familias que integran la brigada y de las personas buscadoras que se encuentran en Morelos.
La agresión a la brigada por parte de personas sin identificar, muy cerca de las Lagunas de Zempoala, ocurrió en el marco del constante incumplimiento de acuerdos de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad y garantías a las labores de búsqueda.
El pasado sábado 26 de noviembre la BNB dio una rueda de prensa en el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), desde donde se hizo un llamado al gobierno del estado de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, para que se implementaran medidas de seguridad adecuadas durante los 15 días de intervención.
Desde el lunes 28, cuando fue el primer día de trabajo de búsqueda en campo (es decir, buscar restos humanos en lugares donde las familias tienen información de posibles hallazgos) hubo problemas con las autoridades. Las fuerzas de seguridad eran insuficientes, no había los elementos prometidos y sobre todo no llegaron los efectivos de la Guardia Nacional (GN), por lo cual la búsqueda empezó casi cinco horas tarde.
“¿Dónde está el respeto de la autoridad a las familias?”, preguntaron las familias ese día , cuando ya estaban listas desde antes de las siete de la mañana.
Representantes de la brigada les recordaron a las instituciones que forman parte de las mesas de seguridad que esto rompía con acuerdos previos.
En un comunicado publicado este sábado, la BNB explicó que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se tuvieron conversaciones y se llegó a acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos y la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz.
“Sin embargo, y a pesar de los compromisos asumidos por estas instituciones, las condiciones mínimas de seguridad no han sido cubiertas, como quedó demostrado el día de hoy (viernes) tras el incidente en el municipio de Huitzilac”, se lee.
La primera detonación, detalló la BNB, se escuchó alrededor de las 13:10, lo que obligó a detener inmediatamente sus actividades. A esta le siguieron otras en un lapso de diez minutos, desde diferentes puntos del sitio de búsqueda, por lo que se procedió a evacuar el lugar de acuerdo al protocolo de seguridad interno de la brigada, bajo la coordinación de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Pese a que este es el segundo año que la brigada se realiza en Morelos, y las autoridades ya saben cómo funciona el trabajo de las familias buscadoras por experiencias anteriores –en 2021 se llevó a cabo una Brigada Nacional también en este Estado- y existe una articulación previa a nivel municipal y estatal, la jornada se ha caracterizado por el constante incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.
Por ejemplo, el martes para la búsqueda en campo se iban a cubrir dos puntos (uno de ellos cerca de Huitzilac, en la zona donde ocurrieron las agresiones), pero no se pudo porque no había suficiente seguridad, por lo que la brigada pudo trabajar nada más en un punto.
Este acontecimiento, el de las agresiones, es importante porque se enmarca en esa falta de coordinación y atención de las autoridades, cuando aún falta una semana más para que termine esta Brigada.
Una zona en conflicto
La zona de Morelos que limita con el Estado de México y la Ciudad de México, cerca de las Lagunas de Zempoala y el Ajusco, lleva tiempo resintiendo los impactos de la tala ilegal o clandestina de árboles.
Tan sólo el pasado 21 de marzo, dos de tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el 18 de marzo en el poblado de Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, fueron encontrados sin vida en Parres el Guarda, en la alcaldía de Tlalpan.
Habitantes de Fierro del Toro aseguran que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los jóvenes, acusándolos de ser talamontes; al no comprobárseles el delito, fueron presuntamente entregados a comuneros de San Miguel Topilejo, también en Tlalpan.
El diario La Jornada consignó que mandos de la GN negaron haber realizado operativo alguno contra talamontes en la zona; y que la representación de bienes comunales de Topilejo negó que les hubieran entregado a alguna persona.
Un día después de la desaparición de los jóvenes, habitantes de las comunidades de Fierro del Toro y Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, bloquearon durante ocho horas la carretera federal y un tramo de la autopista México-Cuernavaca, demandando la aparición con vida de sus compañeros; el tercer joven fue herido y trasladado a un hospital.
Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada.
Apenas este 2 de noviembre, la representación de Bienes Comunales de Topilejo denunció, a través de un comunicado, que cuatro de sus brigadas de vigilancia ambiental —compuestas por unas 30 personas—, fueron atacadas con armas largas por supuestos talamontes que, según esta versión, estaban siendo custodiados por patrullas de la policía estatal; uno de los brigadistas fue herido de bala y trasladado al hospital.
Aun con estos antecedentes, las instituciones de seguridad, en particular la Guardia Nacional, dejaron solas a las familias de la Brigada Nacional de Búsqueda.
Los ataques sufridos por las familias este viernes, así como la falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades del Estado mexicano, asegura la BNB, “tienen la intención de limitar, minimizar y detener la búsqueda”. Ante tal escenario, las 150 familias que integran la brigada responden: “Las búsquedas no se detienen ni se posponen”.
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*Marcos Nucamendi es licenciado en Relaciones Internacionales, fotógrafo y periodista especializado en la cobertura de temas de Derechos Humanos. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística www.adóndevanlosdesaparecidos.org, y candidato a maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora.
Aranzazú Ayala Martínez es licenciada en literatura, periodista especializada en la cobertura de temas de Derechos Humanos, movimientos sociales, defensa del territorio y violencia de género. Actualmente es reportera del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org en donde también es encargada del área de capacitaciones de La Red de Periodistas Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas.
