Entrevista

“El sistema público de Derechos Humanos requiere una revisión completa”




diciembre 10, 2022
Fotografía: Duilio Rodríguez / Pie de Página

Mirar hacia lo local, desburocratizar las defensorías, trabajar en la mediación y poner énfasis en la justicia restaurativa. Son los retos que enfrentan los organismos públicos de Derechos Humanos, dice, en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández

Por Daniela Pastrana / Pie de Página

Ciudad de México- En una región que comparte la desigualdad, la violencia y conflictos socioambientales, el sistema de derechos necesita mirar hacia local, dice la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

“Los Principios de Paris tienen una visión súper nacional, no lo que debe atenderse en corto, del territorio”.

Los Principios de Paris son el marco de operación de las instituciones públicas de derechos humanos, que desde 1992 han sido creadas en distintos países con distintos nombres (comisiones, procuradurías, defensorías del pueblo). Existen, hasta ahora, unas 112 instituciones nacionales (INDH) reconocidas por el sistema de las Naciones Unidas. En México, además de la Comisión Nacional, cada entidad tiene un organismo con estas funciones.

Esta semana, la comisión de la ciudad de México fue la sede del encuentro anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), que reúne a medio centenar de organismos públicos de Derechos Humanos -nacionales y locales- de 21 países iberoamericanos.

En entrevista con Pie de Página, la Nashieli Ramírez evalúa los alcances de esa reunión, que por primera vez es organizada por una comisión local. Y repasa la pertinencia de los organismos autónomos, que están en la mira del debate público en el país.

Pasar a lo local

El sistema, dice, se tiene que transformar cada vez más a lo local. “Las comisiones, defensorías o procuradurías, tienen que dejar de hacer defensa de derechos humanos formales, porque tienden a hacer derechos humanos en tradición: con abogados, que generalmente se van al debido proceso en términos de seguridad jurídica”.

Y luego se van a la comisión interamericana y les resuelven en 20 años

—Recién entré (a la CDHCMX) me decían que como cambiábamos la visión de que las comisiones nos dedicamos a defender delincuentes y dije: ‘claro, que se necesita un proceso de capacitación y percepción para que entiendan, pero la mejor manera pues es estar cercana a la gente’. Y para mí, defenderte de un abuso policiaco es tan importante como de que no te está llegando el agua o de que la pipa te esta cobrando mas de lo que supuestamente tendría que cobrarte. Pero generalmente las comisiones no llegaban ahí, se quedaban con el abuso de la policía

Con la parte más jurídica…

—Más jurídica. Entonces, creo que es a nivel de lo local donde tienes oportunidad de atender las necesidades mas cercanas y, de hecho, es una apuesta que tenemos aquí en la comisión. El hecho de que tengamos delegaciones en cada alcaldía, que estamos avanzando por ahí, que el numero de servicios va creciendo, pero más bien en la lógica de darle otro sentido a la comisión.

La mediación

Otro tema es el acompañamiento en las marchas. “Lo que generalmente hacía la comisión, y lo que hace la nacional actualmente, es mandar observadores. Entonces vas y dices: ‘seguiste el protocolo o no’, ‘tuviste o no un exceso de la fuerza’. Y yo digo: ‘no, tienes que ir en un doble papel; sí de observador, pero también de mediador’. La calle, el espacio público, es un espacio en disputa. Entonces, tienes el derecho a la protesta como tienes el derecho de vender o transitar tranquilamente. Ahí creas conflictividad, con la autoridad, pero también con particulares”.

En las marchas feministas, explica, la comisión ha participado en un proceso de mediación. “No queremos que la violencia escale. Porque a nadie le conviene”, dice.

¿De qué nos sirve que la violencia escale a niveles en donde yo tenga que estar, en lugar de estar  discutiendo quien aventó o no el gas y qué tipo de gas fue, discutiendo afuera de la procuraduría o buscando  niñas perdidas? Esto tiene que ver con cómo detienes a que escale la violencia, cómo tienes procesos de mediación, creo que por ahí está la lucha”.

Hay que hacer una revisión del sistema, que se ha vuelto muy procedimental

—Para mi eso es una agenda de impacto, que tiene que ver con cómo transformas la visión. Es importante porque hay toda esta agenda local, que es en la que la comisión trabaja y en la que la comisión cree.

Más allá de los diagnósticos

En un momento en el que los conflictos están explotando por todos lados. ¿Para que necesitamos defensorías públicas? ¿Y para qué necesitamos que estén articuladas?

—Este es un buen momento para hacerlo. Es decir, va más allá de discutir las cosas que nos unen. Nos une una región desigual, esto naturalmente deriva en violación a derechos humanos, donde la violencia está escalando, hay una agenda muy concreta de movilidad humana, nos une la agenda del cambio climático con una locura impresionante, nos une la lucha del territorio en muchísimas de las regiones por la minería y todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas. Entonces, nos unen muchas cosas, pero lo importante es cómo te sientas a enfrentar los retos y no solo compartir los diagnósticos.

—¿Qué sigue después de la reunión?

— Queremos cambiar y reflexionar alrededor de cómo miras a los grupos altamente discriminados, más en una lógica del papel que tenemos para la protección reforzada, hacia el paradigma de los grupos de atención prioritaria, porque eso es el llamado. Que haya sensibilización alrededor de eso. La apuesta son las redes que están trabajando, que trabajamos todo el año y ahí es donde tenemos que enfocar el trabajo concreto. Y la otra parte es cómo apoyas el trabajo de defensores, desde lo institucional. Entonces, creo que estamos en un buen momento de transformación con todo y sus asegunes. O sea, como en México, hay presidentes de comisiones de todos los chiles, moles y mantecas. Pero si lo ves en conjunto, sí es diferente a lo que teníamos hace cinco años.

¿En qué es diferente?

—Hay mayor formación, está llegando más gente capacitada, o que por lo menos tiene un antecedente en derechos humanos. Y eso empuja un poquito mas la agenda.

Hay más preparación que hace 5 años, pero la preocupación que está en la mesa es que tiene que haber una revisión de cómo han trabajado

—Totalmente, creo que el sistema requiere una revisión completa.

Organismos autónomos y el criterio de gobernabilidad

Estamos en México con una fuerte discusión sobre los organismos autónomas, que se habían convertido en elefantes blancos…

— Sí, a ver, yo divido en dos: los organismos autónomos generados a partir de derechos y los organismos reguladores, Digamos que me quedo con los organismos de derechos. Los reguladores se tienen que valorar de diferente manera. Son importantes, pero tienen otro nivel de importancia. O sea, derechos humanos mata regulación comercial. Y no se si esa regulación tiene que venir de un organismo autónomo; sé que tiene que venir, pero no sé si precisamente todos esos tuvieran que existir. En el caso de los organismos de derechos, sí son necesarios. El organismo electoral es un organismo que básicamente vela por nuestros derechos civiles, o por lo menos, para eso fue creado. El Instituto de acceso a la información, igual, vela por nuestro derecho a estar informados y en esa categoría tiene que ser valorado. Las fiscalías, en esta construcción que todavía es inacabada de los autónomos que ejercen la justicia y la procuración de justicia, es un camino que está trunco, pero que en términos de idea son organismos de defensa del derecho a la justicia. Y las comisiones, dado que hacemos una defensa de derechos a partir de una valoración de quién tiene que garantizar los derechos, pues son organismos que por naturaleza tienen una posición, yo no considero que tenga que ser de confrontación, pero si está sentado al otro lado de la mesa.

Este tipo de organismos rompe con la estructura clásica de la división de poderes, porque son de gobernabilidad también. Si son necesarios porque alguien tiene que evaluar, dar seguimiento y alguien tiene que darle la cara a los ciudadanos”.

A esta comisión la gente que llega, en verdad, llega porque todo lo demás que conformaba el Estado le falló. Y ves las características de la gente que llega… generalmente la  gente en el poder no llega, la gente con recursos, muy poca, porque tiene mayores elementos… llega la gente mas jodida cuando le fallan y le fallan y le fallan. Entonces que estés atendiendo eso, es un criterio de gobernabilidad, para mi clarísimo.

La comisión de la CDMX ha tenido una autonomía que no han tenido otras, incluida la nacional…

— Vas construyendo. Yo creo que vas rompiendo y construyendo. Cuando la gente me dice: es que hemos perdido a la (Comisión) nacional le digo: ¿cuándo la tuviste? Claro, está en una crisis, pero lo que hay que plantear es si ese tipo de comisiones son las que necesitamos. Yo no lo creo, para mi son formalistas. Pero también soy una convencida de que donde nos paremos, pues jalamos, y a ver quién nos hace caso.

La guerra política

A la reunión de la FIO llegaron casi todos los organismos públicos de Derechos Humanos de las entidades. Faltaron el de Yucatán y el de Guanajuato, que casi no participa.

Porque no todos son igual autónomos…

—No todos— concede a funcionaria.

—¿Cómo se mide la autonomía?

—La autonomía se mide en relación a las víctimas. Es decir, yo me puedo sentar, y de hecho lo hago, con todas las instancias del gobierno. No es un pleito, porque si quiero resolverle a la gente tengo que trabajar de la mano con la administración, si no, no resuelvo nada. Mi autonomía se mide si yo pongo al centro a las víctimas. No poner el centro al poder, esa es la lógica. Y creo que sí tengo muy buen trabajo con las instancias de gobierno. Tampoco les gusta, pero me siento porque a mí no me pesa nada sentarme, si yo voy a resolver. Por eso otra de las líneas de trabajo es la justicia restaurativa. Es decir, la gente llegaba a las instalaciones de la comisión y yo me tardaba entre 3 y 5 años en cumplirle, cuando le cumplía. Entonces lo que haces es traer victimas y revictimizarlas, con un instrumento que más allá que si es vinculatorio, tiene que ver con cómo las atiendes. Pero si yo, sentada con el gobierno, estando aquí el afectado, le digo: ‘le vas a reparar y restituir los derechos, firma aquí el convenio’. ¿Para qué meto una recomendación? Firmo un convenio de conciliación y resuelvo en menos de un año.

En lugar de acumular expedientes… ¿hay que desburocratizar?

—Totalmente, yo creo que sí. Zurrar recomendaciones a lo guey no tiene caso. Más bien la valoración es cómo atiendes y cuántas gestiones haces, cuántos servicios das y cuánta gente se va satisfecha de que le resolviste su problema. La guerra política es la guerra de cómo te recomiendo, pero los triunfos, en derechos humanos, se dan en cómo atiendes a las victimas lo mas rápido posible. Entonces, creo que va por ahí.

¿Para qué sirves?

—¿Y de los recursos? Porque esa también es parte de la discusión, en el caso del INE, por ejemplo

—Lo que hay que preguntarte siempre es ¿para qué sirves? El INE no es un órgano electoral, es un órgano de derechos políticos, y los derechos políticos y la participación se tienen que dar más allá del ámbito electoral. En esta ciudad, por ejemplo, con una constitución que te da chorromil elementos de participación, puedes meter un referéndum, hacer una consulta, ahora todo tiene que pasar por consultas y con estándares altísimos, pregúntale a los niños (y cómo les preguntas y como llegas), pues es a lo que tendríamos que estarnos dedicando.

La pregunta, entonces, es cómo revisar el trabajo de los organismos autónomos, no su existencia…

—Exactamente.

***

Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.

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