De 184 estudiantes a los que se les negó la beca Benito Juárez, 120 pudieron reunir los requisitos del programa de ayuda y aceptaron el subsidio económico para seguir con sus estudios
Por Blanca Carmona / La Verdad
En total 120 estudiantes de la Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO) Altavista se inscribieron al Programa Para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, implementado por el Gobierno Federal, luego de que se concluyó que no existe una base normativa para dar cumplimiento al compromiso que hizo con esa escuela el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En su visita de febrero pasado el mandatario federal se comprometió a que la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, revisaría la situación de la Preparatoria Altavista y habría un apoyo real.
“Ella lo va a atender y desde luego que apoyamos, sí”, afirmó en aquella ocasión López Obrador.
Sin embargo, los alumnos de nuevo ingreso no fueron inscriptos en la Beca Universal Para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez ni se reactivaron los subsidios federales, bajo el argumento que Altavista es una escuela privada.
Únicamente la Secretaría del Bienestar les ofreció recursos del Programa Para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural para los estudiantes de primer semestre, informó el coordinador administrativo de la prepa, Crescencio Chávez Salazar.
Para el ciclo escolar que recién concluyó, 376 estudiantes se inscribieron en Altavista. De ellos, a 184 se les negó la beca y al resto -que son de tercer y quinto semestre-, se les reanudó por las gestiones y protestas que hicieron alumnos y maestros o bien porque venían de otras preparatorias y ya traían la beca, explicó Chávez.
El pasado 17 de noviembre las autoridades federales, notificaron a los directivos y a los alumnos de nuevo ingreso, que ellos estaban fuera de las becas.
El 22 de noviembre, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, visitó las instalaciones de Altavista y anunció que se implementaría recursos del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en favor de los alumnos rechazados.
Personal del plantel y servidores de la nación realizaron un censo y de las 184 personas a las que se les negó la beca Benito Juárez, 120 pudieron reunir los requisitos y aceptaron el programa.
“Este programa resuelve lo momentáneo, lo de este semestre. En el siguiente, siguen dados de baja, no están en el padrón de becas Benito Juárez. Se sigue con gestiones, pero nada garantiza que en enero los vayan a incorporar”, dijo Chávez Salazar.
El coordinador administrativo de Altavista refirió que en la Dirección General de Bachillerato (DGB) de la SEP siguen los funcionarios de las administraciones de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en han negado recursos a las PREFECO´s del país.
En concreto continúa María Elena Araiza Aviña, en la dirección de Operación y Financiamiento de la DGB; desde el 2007 y a lo largo de los años ella ha negado recursos públicos a la PREFECO EMS-2/47 de Juárez, mejor conocida como Altavista, y a los otros planteles que funcionan con el mismo esquema en otros municipios de Chihuahua y otros estados del país.
Chávez explicó que, en las múltiples reuniones sostenidas con los funcionarios de la DGB se les ha indicado que el Gobierno Federal no tiene pensado cambiar las reglas de operación y les sugieren acercarse al Estado para que modificar la clave del plantel.
“Eso no lo vamos hacer, porque no se desea renunciar al proyecto de escuelas que tenemos, no hay ninguna ilegalidad para transformarse en escuela estatal, las federales tenemos nuestro propio espíritu que no corresponde a las estatales”, expresó Crescencio Chávez.
La Altavista es la última Preparatoria Federal por Cooperación que sigue funcionando en esta comunidad fronteriza y se mantiene activa con las cuotas de los padres de familia y la vocación de los maestros por impartir una educación humanista, en seguir siendo uno de los últimos bastiones que impulsa una formación educativa con una visión crítica.
Casi la mitad de sus 55 años de operación, los directivos y alumnos de la Altavista han resentido los retiros de subsidios, de presupuesto, una inundación, embargos, guerra sucia, el intento de convertirla en Colegio de Bachilleres y la eliminación de plazas para sus docentes.
El primero de abril del 2004 el Gobierno de Vicente Fox eliminó el subsidió de la energía eléctrica; Felipe Calderón extinguió las transferencias federales para suministros y materiales; en la administración de Enrique Peña Nieto, funcionarios de la Dirección General de Bachillerato (DGB) no entregaron el dinero para reparar todos los daños que dejó la inundación ocasionada por el desbordamiento del Río Bravo, aunque sí cobró 1.6 millones de pesos de la póliza, dijo en una entrevista anterior la directora de Altavista, Armida Valverde Cabral.
Bajo esta situación el profesorado no reclama los pagos atrasados, tampoco mayores percepciones cuando se incrementa el salario mínimo y han aceptado que las vacaciones se paguen sin la prima vacacional del 25 por ciento que señala la Ley Federal del Trabajo, y también que solo tres personas tengan servicios médicos en el IMSS.
La Altavista no paga cuotas al instituto de la vivienda ni aporta al sistema de ahorro para el retiro. Existen deudas con el IMSS y la Secretaría de Hacienda, por la carencia de recursos para finiquitar las cuotas y el impuesto sobre el producto del trabajo, y es constante la intención del Seguro Social de embargar la caja que por lo regular no tiene dinero, de acuerdo con datos oficiales.
La situación no se avizora cambiar, pues la promesa del presidente quedó prácticamente en el aire, dijo Chávez.
“Las palabras del presidente son nada, sin base normativa para hacer cumplir lo que él dijo. Se nos ha dicho que debemos ajustarse a las reglas de operación, casi era mejor cuando no sabían de nosotros, por lo menos las becas Benito Juárez estaban… lo que es contradictorio al conjunto de problemas que nos enfrentamos los planteles después de la emergencia sanitaria”, expuso.
El docente dijo que tras el COVID-19 se ha detectado en el alumnado problemas socioemocionales producto del encierro y la violencia a la que han sido sometidos los jóvenes durante meses y ahora “vienen con muchas necesidades por problemas de drogadicción y sexualidad respeto a su adolescencia, además de los rezagos en cuanto a la lectura y escritura”, lo que hace necesarios recursos públicos para poderlos atenderlos.
“La educación es un derecho no un privilegio, no deberíamos andar regateando, más allá de reglas de operación se debería pensar en el aspecto humano”, agregó.
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