Ciudadanos y ciudadanas se opusieron y lograron que no se construya un estadio en el Barrio Duranguito, en El Paso, Texas; así como en Ciudad Juárez lograron dar marcha a tras a un Centro de Convenciones y Exposiciones en el área de El Chamizal… no fue fácil pero se ganó
Por Leobardo Alvarado
El pasado martes en el Ayuntamiento de la ciudad de El Paso, Texas, sucedió un hecho inédito. El Cabildo de la ciudad vecina negó que se construya un estadio que se utilizaría para diversos espectáculos en el barrio Duranguito. Este barrio es parte del centro histórico de El Paso, y desde hace tiempo lo querían destruir desplazando a quienes allí vivían.
La lucha duró poco más de seis años contra un grupo de empresarios que pretendía imponer su visión de desarrollo económico a la ciudad; y con ello, articular sus negocios al otro lado de la frontera. La decisión del Cabildo tiene de trasfondo el logro de una ciudadanía con un compromiso en la férrea defensa de sus derechos y la idea de ciudad en la que desean vivir.
La experiencia acontecida en el El Paso es similar a lo sucedido hace algunos meses en Ciudad Juárez cuando ciudadanos y ciudadanas organizados se opusieron y posteriormente lograron que no se construyera un Centro de Convenciones y Exposiciones en el área del Chamizal. En este territorio que Estados Unidos regresó a México después de un conflicto que duró más de cien años y luego se convirtió en un parque al cuidado de la ciudad, no hace mucho un grupo de empresarios quiso imponer su proyecto económico para la frontera Juárez-El Paso. Sin embargo esta vez al igual que allá en el otro lado, aquí fue un amplio espectro de ciudadanos y ciudadanas quienes se opusieron y con ello plantearon la ciudad en la que no se querían convertir.
En ambos casos no fue fácil pero se ganó, y sin embargo se tendrá que tener cuidado. Estas victorias quedan permanentemente bajo la sombra del poder que representa un empresariado voraz, que cuenta con los recursos económicos, las redes que ha formado, y la herencia en la sangre de sus vástagos que no dudarán en insistir bajo los mismos argumentos de sus antecesores. En cualquier momento pueden actuar revestidos del endulzamiento del progreso dirigido a una sociedad que suele distraerse de lo que les pertenece.
Solo imagínese que el proyecto inmobiliario en El Paso lo impulsaron empresarios aglutinados en el grupo de inversores Paso del Norte. Según un artículo de Jimmy Centeno publicado en counterpunch.org, el grupo Paso del Norte se compone de más de 350 líderes empresariales y políticos de ambos lados de la frontera. De ese tamaño es la lucha que se seguirá enfrentando a lo largo del tiempo en las dos ciudades.
Lo realizado por las y los ciudadanos en Juárez y en El Paso que ofrecieron resistencia a los embates de la élite empresarial que quería pasar por encima del derecho de la ciudadanía se enmarcan en lo que hace más de treinta años se argumentó en Juárez como una disputa por la ciudad. Es decir, cuando la ciudadanía disputa la ciudad a las élites políticas y empresariales coludidas en el poder.
Es cierto que hasta ahora no se ha logrado un movimiento de grandes dimensiones que en el tiempo se sostenga hasta establecer la visión que se quiere sobre la ciudad por parte de la ciudadanía que ofrece resistencia ante el poder económico, pero cada vez, va creciendo la población que toma conciencia y se suma a ésta lucha por pensarse en una vida digna dentro de lo que considera ciudades posibles. La idea latente de una dignidad ciudadana en coyunturas como lo que sucedió en El Paso o en Juárez, fortalecen esos procesos de resistencia iniciados hace más de tres décadas.
En aquel entonces un grupo de empresarios quería derruir lo que se conocía como Sala del INBA, un espacio institucional que se había constituido como una referencia ciudadana porque ante la falta de infraestructura, allí es donde la gente y las instituciones celebraban sus eventos. Esto devino en un reconocimiento social hacia ese espacio específico con una alta carga simbólica comunitaria. Algo similar sucedió con el barrio Duranguito. De allí la oposición tan fuerte frente al empresariado con argumentos sólidos en la defensa de la historia, la cultura y la comunidad cuando querían derribarlo para construir un centro comercial o una arena en El Paso.
Tanto en Juárez como en El Paso y cada una en sus circunstancias se expresa el derecho a la ciudad de ciudadanas y ciudadanos que se asumen politizados; cuyos derechos están sujetos al reconocimiento de su historia y su cultura, y al sentido de comunidad. Esta ciudadanía fronteriza en los casos de Duranguito y el Chamizal se ha construido con los años. En ambos casos, los argumentos acudieron a la defensa de la historia, de la cultura, del territorio y el medio ambiente; y a un compromiso que se traduce en evitar el desplazamiento de los pobladores por la gentrificación que alientan grupos empresariales.
Por eso es que la disputa en el fondo trata de la visión que se tiene sobre la ciudad que se habita. En el caso de las y los ciudadanos que se opusieron lo que buscan es una ciudad de derechos, una ciudad donde se respete a las personas, donde la economía no sea la determinante, sino la gente y sus valoraciones sobre el espacio público y el lugar donde siempre han vivido. Por su parte los empresarios buscan la mercantilización de las dos ciudades.
La gentrificación, es decir la utilización de todos los recursos, comenzando por el humano para ponerlo a disposición del mercado es la mercantilización de la ciudad en lo tangible y lo intangible que pretenden los promotores del desarrollo económico en la frontera. Esto es a lo que se oponen las y los ciudadanos que centran el valor de su sociedad en una comunidad que refrenda el pasado como punto de partida para su futuro: Juárez y El Paso son dos ciudades en una frontera que abreva de las mismas raíces.
Afortunadamente, y como señala Max Grossman, hay en El Paso un nuevo orden político. Se refiere a la elección y toma de posesión de tres regidores cuyo compromiso de campaña fue salvar Duranguito: Brian Kennedy, Art Fierro y Chris Canales. A este nuevo orden en el Cabildo, se sumó una ciudadanía organizada para defender Duranguito. A la sesión donde se decidió el destino del desarrollo inmobiliario acudieron 83 ciudadanos y ciudadanas para hablar a favor o en contra del proyecto: La mayoría, 53 de ellos, se pronunciaron articulando el respaldo de un sin número de argumentos legales, culturales e históricos en apoyo a la comunidad del barrio Duranguito.
En el caso del Chamizal, el nuevo orden político que en el 2018 llegó a la presidencia de la república pesó de manera puntual para que los demás actores políticos y empresariales en la localidad tuvieran cuidado de avasallar a quienes defendían el Chamizal. Sin duda que la directriz marcada desde presidencia y la oposición de una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos desembocaron en el triunfo de ésta lucha. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en El Paso, es claro que los regidores en Juárez no estuvieron a la altura de las circunstancias. De allí que este tema de la conformación del ayuntamiento desde la elección local y por demarcación territorial también quedó demostrado sigue siendo una necesidad.
Así, en esta larga disputa por las ciudades fronterizas donde solía dominar los intereses empresariales, ahora son las y los ciudadanos quienes también pugnan por definir el horizonte del lugar que habitan en su derecho a la ciudad. Esto es por demás interesante y habrá que seguir reflexionando al respecto porque algo que se desprende de la lucha que conlleva expresarse en contra de los intereses hegemónicos es el fortalecimiento de un sujeto político al que después de las victorias logradas le queda lo que significa la responsabilidad originaria de sus exigencias y esto que surge: una ciudadanía con características fronterizas expresadas en Duranguito y el Chamizal.
