A estas alturas, es difícil comprender como un problema de movilidad, el más importante y neurálgico del país por el volumen de usuarios a los que da servicio en la Ciudad de México, terminó siendo gestionado por un cuerpo militar
Por Mariela Castro Flores
@MarieLouSalomé
Luego de un buen tiempo en el que pareciera que una guerra –librada especialmente en el norte del país– no hubiese sucedido, finalmente la presencia militar hace centro en la ciudad mas emblemática de nuestro país con efectos incomprensibles y difíciles de digerir en lo que otrora fue denominada “la ciudad de las libertades”. Tan de carácter progresista y de avanzada que podía presumirse aquella entidad tan participativa y politizada, hoy comienza a padecer el impacto de realidad que se transformó en cotidianidad hace tiempo en esta frontera y en general, en nuestro estado.
Tras años de centralizar los debates sobre militarización y seguridad ciudadana, la CDMX –en sus centros políticos y académicos– solía no abrir la discusión, no motivó diálogos, construyó narrativas que le permitieron erigir juicios sobre “espacios de conflicto” sin motivar una escucha activa con las personas y actores que tenían una voz que resonaba fuerte mientras vivenciaban a diario los efectos de la ocupación militar. Unos cuantos casos emblemáticos eran tema de mesas de análisis en tanto periodistas, defensores de derechos humanos, academia, estudiantes y ciudadanía en lo cotidiano dirimían su existencia entre actos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, feminicidios, enfrentamientos entre bandas delincuenciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales; el trato fue de “objeto de estudio” y no de coparte de una discusión que se hacía necesaria y ahora se torna evidente.
Buenas lecciones aprendidas se tienen sobre la presencia militar y sus estragos como para definir si esta es una buena medida para la contención o resolución de una problemática que pone en riesgo la vida de millones cada día. El metro de la Ciudad de México se encuentra en una situación de deterioro histórica y la respuesta fue desplegar -en una muy controversial medida- mas de 6 mil elementos de la Guardia Nacional aún cuando en distintos estados de la república hay graves alertas de seguridad vigentes. A estas alturas, es difícil comprender como un problema de movilidad, el más importante y neurálgico del país por el volumen de usuarios a los que da servicio, terminó siendo gestionado por un cuerpo militar.
En tanto los gobiernos se muestran incapaces de garantizar un determinado y obligatorio nivel de protección a la ciudadanía y satisfacer sus necesidades básicas, la amenaza de militarizar la seguridad ciudadana adquiere un mayor sentido; de ahí, que existan diversas voces que apoyen la medida ya que se considera, incluso inhibirían la incidencia de delitos menores como el carterismo y su mera presencia contendría a las mafias que operan dentro. El riesgo a la larga con su aceptación, es precisamente la normalización de un estado de excepción permanente.
En un Estado coercitivo, las policías y la guerra han llegado al extremo de justificar la presencia militar para labores de seguridad pública ante amenazas creadas y mejor ejemplo no pudimos tener antes: las políticas coercitivas y empoderadas institucionalmente por el Estado siempre estarán orientadas al control de la población. Es decir, es una relación que construye amenazas para justificar el control de la generación de disidencia, sobre todo en momentos políticos complejos en los que se logran definir tendencias políticas y también criminales.
Más allá del impacto que resulta de ver a diario uniformados fuertemente armados y de generar una relación con su presencia cuando el recuerdo de la represión y las consecuencias de la honda crisis de derechos humanos en los tiempos de la guerra aún están frescos, la nueva política de seguridad en el CDMX y que se añeja en Juárez y el resto del estado, de no apostar por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, puede enseñar varias lecciones.
Un alza considerable de violaciones de derechos humanos que van desde la desaparición hasta la perdida de la privacidad, ejecuciones con el pretexto de “repeler una agresión en legitima defensa” o por “posesión de armas o drogas” sin investigación previa y sin dejar de mencionar el alza de la violencia sexual y feminicidio en todo espacio donde se incrementa la presencia militar.
Para quien diga que no es lo mismo la Guardia Nacional que el Ejército, habría que decir que la diferencia solo es semántica, porque el Estado mexicano bastantes recomendaciones ha acumulado contra este último por históricamente ser, el principal violador de derechos humanos. Desde luego, que no sacaría a elementos armados con uniforme militar a cuidar y patrullar las calles con el mismo nombre de la institución que tiene tan nefasta memoria.
***
Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
