El Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad la iniciativa de Maru Campos para que la Fiscalía General del Estado pase el control de los nueve Ceresos estatales y los dos centros especializados de internamiento para adolescentes que hay en la entidad a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Luego de la crisis de seguridad desatada tras las fuga masiva de reos del pasado 1 de enero en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, el sistema penitenciario de Chihuahua pasará a manos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en un reordenamiento que constituye el segundo traslado de la estructura de penales desde 2020.
Solicitado por la gobernadora María Eugenia Campos, el cambio fue avalado este lunes en sesión extraordinaria del Congreso local, que aprobó por unanimidad la iniciativa para que la Fiscalía General del Estado (FGE) deje el control de los nueve Ceresos estatales y los dos centros especializados de internamiento para adolescentes que hay en la entidad.
En menos de dos semanas, el legislativo dictaminó la propuesta e incluso aprobó una reserva de último minuto para que la reforma entre en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial y no un día después, como originalmente proponía el artículo 1 transitorio del dictamen aprobado en comisiones.
La propuesta de Campos justificó la medida como una forma de “reingeniería institucional” necesaria para lograra la efectiva ejecución de penas y la reinserción de las personas privadas de la libertad a la vida social y productiva.
Además de la desincorporación del sistema penitenciario, la reforma también traslada a la SSPE la dirección Instituto Estatal de Seguridad Pública, que hasta ahora estaba en poder de la Fiscalía.
El cambio implica el regreso de la estructura de penales a manos de la SSPE, que se creara en enero de 2020 por iniciativa del entonces gobernador Javier Corral con la política penitenciaria como una de sus funciones.
Para el ejercicio fiscal de 2022, la FGE volvía a tomar el control de los centros penitenciarios –tanto de los penales como de la Fiscalía de Ejecución de Penas como de la Coordinación de la policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria–, según explicó entonces Roberto Fierro, quien durante los primeros años de gobierno de Maru Campos fue fiscal general y que tras el motín de enero de 2023 fue destituido del cargo.
“Lo que ha sucedido más bien es que se integró el sistema penal, sistema penitenciario a la Fiscalía, así como los Centros de Justicia para la Mujer y bueno, todavía ahorita, a estas fechas, todavía contamos también con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública”, dijo Fierro en diciembre de 2021 en un único audio enviado como respuesta al cuestionamiento sobre las razones del aumento de burócratas asignados a la FGE.
Los cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública buscan también armonizar el marco normativo local con el federal, en el que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública diferencia las funciones entre instituciones de procuración de justicia y las instituciones policiales.
Otra de las reservas aprobadas es la de dotar al titular de la SSPE de la facultad de rotar mandos y mandos medios “según lo considere necesario para el cumplimiento del objeto de la presente ley”, además del respeto a las facultades y competencias del juez de penas, un apartado que no se incluyó en la iniciativa.
Según la gobernadora, el cambio de mando del Instituto de Seguridad Pública servirá para “consolidar un modelo de seguridad moderno cuya base primordial sea la capacitación constante de sus integrantes”.
El viernes pasado, La Verdad publicó que aun cuando se trata de un penal sobrepoblado, el personal de seguridad y custodia del Cereso número 3 de Juárez es insuficiente para la cantidad de internos, de acuerdo con un informe de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Las reformas, insistió la propuesta, permitirán que la Fiscalía General del Estado -ahora en manos de César Jáuregui, uno de los funcionarios más cercanos a Campos- focalice su labor y tenga una “mayor especialización en los aspectos relativos a la investigación y persecución del delito”.
Para hacer posible la reestructura, la FGE deberá transferir a la SSPE los recursos humanos, materiales y financieros que correspondan en materia penitenciaria y del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado, establece el artículo segundo transitorio.
Igualmente se autoriza al Ejecutivo estatal realizar los ajustes presupuestales necesarios para la operación de la reforma, mientras que la SSPE deberá en un máximo de 180 días adecuar su marco normativo para la armonización de los cambios legales.
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