El gobierno de Chihuahua esta encabezado por una mujer y es de ultraderecha, de la derecha más reaccionaria y recalcitrante, de la que no tiene empacho en abolir prerrogativas… de la inhibe la participación ciudadana y el ejercicio de derechos y en ello, las mujeres y las niñas lleva la peor parte
Por Mariela Castro Flores
Twitter / IG: @marielousalomé
Se acerca otro 8 de marzo y las autoridades prontas se apresuran a sacar sendos programas que evidencien que las mujeres gozan de igualdad, que todos los espacios por conquistar ya se ocuparon y con ello, ya no hay nada que reclamar. No hace falta hurgar, un simple acercamiento a la posición de las mujeres en la entidad para determinar que nada más alejado a la verdad. Hoy se tiene un agravante más: el gobierno estatal esta encabezado por una mujer –que tiene aspiraciones presidenciales– y es de ultraderecha.
No de derecha, no de derecha moderada…de ultraderecha, de la derecha mas reaccionaria y recalcitrante, de la que condena, persigue y estigmatiza, de la que no atiende si no se le obedece, de la anula el disenso, de la que no tiene empacho en abolir prerrogativas personales y colectivas, de pasarles por encima y se permite ser abiertamente violenta negando garantías individuales, cancelando libertades ya que, por su mano dura de padre estricto que controla la casa, inhibe la participación ciudadana y el ejercicio de derechos y en ello, las mujeres y las niñas llevan la peor parte.
En términos de violencia sexual por alguna razón la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sigue sin ser un tema que ocupe todos los esfuerzos institucionales para su erradicación cuando de crimen organizado se habla; Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional según el acumulado de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registros que prevalecen en la presente administración casi sin moverse, lo que necesariamente implica que no se esta atendiendo ni impactando en las mismas.
En el tema de violencia sexual en centros escolares (primaria y secundaria), de 2022 a la fecha se han reportado 78 casos por agresión o abuso en el subsistema federalizado, de esas denuncias solo 5 de personal docente e intendencia se encuentran en medio de un proceso de investigación laboral, 4 fueron sancionados según la normativa y solo 1 –UNO– del total, se encuentra con suspensión de la relación laboral por estar vinculado a proceso. El resto, con suerte es puesto a disposición porque en su mayoría solo son trasladados a otros planteles poniendo en riesgo a nuevas potenciales víctimas. Estas cifras fueron obtenidas a través de la plataforma de transparencia por las mismas autoridades educativas.
En términos de salud sexual y reproductiva se siguen criminalizando y hostigando mujeres por abortar en los servicios públicos a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que la práctica es inconstitucional, lo que pone en evidencia el claro desafío en el que se inserta el estado y su gobernadora contra el resto de los poderes y su talante autoritario al ignorar de forma deliberada el pertenecer a una federación. Como aristócrata en su comarca, tanto ha ido en contra de las autoridades federales, en especial de las de salud, que solo bajo presión se ha aceptado atender la Ruta NAME y apenas se inicia el trazado necesario para aceptar trabajar esta política de restitución de derechos para niñas y adolescentes que están embarazadas o se ya se encuentran maternando.
Sin embargo, las omisiones cuestan y en Chihuahua la displicencia del actual gobierno estatal se ha traducido en este rubro a que en el año 2022 a nivel estatal se registraron 8 mil 113 nacimientos vivos, cuyas madres fueron niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años y que, de esos alumbramientos, 334 fueron de niñas de 10 a 14 años, mientras que, en adolescentes de 15 a 19 años, fueron 7 mil 779 casos, según cifras de transparencia. Que las niñas y las adolescentes se conviertan en madres ya es responsabilidad del estado por no brindar condiciones óptimas para el libre desarrollo de su proyecto de vida, lo es aún más y hasta criminal que no se reconozca que quien padece esta situación merece reparación del daño y que sus derechos se restituyan.
La violencia sexual sigue siendo la norma con que se socializa y gestionan las relaciones entre hombres y mujeres desde la primera infancia. Las paredes hablan de ello cada 8 de marzo y se sigue pretendiendo callar a quien así lo manifiesta cuando la falta de acceso a la justicia y su procuración no existe o no alcanza por dar más prioridad a los agresores que a las víctimas. La violencia laboral, escolar, comunitaria, familiar y de género en general son prueba de ello.
En el reciente informe de gobierno la titular del ejecutivo estatal mencionó: “…como gobernadora, pero sobre todo como mujer, estoy firmemente dedicada a cuidar la vida y la integridad de todas” y eso no está sucediendo, en términos prácticos nos siguen cancelando derechos.
Pero la derecha ya era temeraria por su simulación, la ultraderecha es cínica por su imposición, por su consideración de que la mera enunciación sirve para resolver las problemáticas que les pueden incomodar cuando en realidad, solo sirve para ocultar que no hay esfuerzos, interés ni la más mínima intención de resolver temas que atañen a las mujeres y las niñas si no están dentro de su agenda política y de los intereses de sus socios comerciales y empresariales.
Sus políticas rosas, edulcoradas, donde se simula un afán materno-protector no funcionan, se requiere acción, compromiso y entender de forma Interseccional que derechos merecemos todas y que estos bajo ninguna circunstancia se deben perder en la simulación.
***
Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
