Se trata de un hombre con trayectoria y respetabilidad, con obra sustancial publicada, conocedor de nuestro sistema constitucional, un prerrequisito que se deberá tener como esencial a partir de 2024 y que en su discurso planteó ideas nuevas en la coyuntura, aduciendo que la concentración ciudadana
Por Jaime García Chávez
Los que no estamos con los hunos, ni con los otros, apropiándome de legendaria y frase clave española, nos vemos orillados a explicarnos con mayor dificultad lo que acontece en la escena pública de la polarización política actual.
Las manifestaciones del domingo 26 de febrero, centralmente la que se plantó en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, requiere de un examen particular, minucioso en lo posible, para extraer conclusiones que permitan ir construyendo un mapa hacia la importante elección de 2024.
De entrada hay que tener presente lo que significa llenar el Zócalo capitalino, tanto en sus méritos como en su dimensión exacta. En realidad no es una proeza hacerlo, históricamente, salvo cuando se trata de un levantamiento general, espontáneo, con objetivos precisos que denoten que un movimiento telúrico de la sociedad se ha expresado y huele a historia.
Una valoración así está distante de las que se articulan a partir de los mecanismos corporativos, el clientelismo y el muy famoso acarreo. Un Zócalo pletórico, en medio de una población como la que se concentra en la mancha urbana de nuestra metrópoli, porcentualmente es una expresión minúscula.
Pongo cuatro ejemplos de un Zócalo con abundancia de gente y ciudadanos: las que se dieron durante el 68 mexicano; las que se efectuaron para apoyar el movimiento democratizador del sindicalismo que encabezó Rafael Galván; las manifestaciones del Frente Democrático Nacional en 1988 y el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. En todas ellas se mostró un músculo tras del cual había un mensaje cargado de conflictividad legítima y perspectiva histórica.
A contrapelo de esos ejemplos, hay otras que son producto de los aparatos del poder y no pasan de ahí.
La del domingo 26 de febrero apunta en una dirección de insurgencia, aún no lo es por su carácter híbrido, pero como demostración tiene algunos indicadores que la hacen merecedora de una evaluación más precisa.
Cierto que el reclamo democrático por el respeto al voto y a un árbitro electoral auténtico están en su corazón, pero también es cierto que la principal debilidad se muestra cuando, desde la óptica partidaria, hay un rezago inequívoco cuando se ve el rol jugado por el PAN, el PRI y el PRD, que por sí mismos, y en un pronóstico electoral, gozan de la desconfianza ciudadana, por sus historias, sus responsabilidades por las que no han rendido cuentas y por la corrupción política que se les ha demostrado.
Consulté a algunos observadores de la marcha y dan como novedad que se empezó a advertir la presencia de eso que López Obrador llama “pueblo raso”, y que el calor de las consignas enuncia un encono e inconformidad creciente con el desempeño del presidente, que actúa más como el líder de una facción que como el jefe de Estado que constitucionalmente le obliga.
La descalificación anterior coetánea y posterior del evento por el Presidente y su Secretario de Gobernación son inadmisibles a la luz de un elemental criterio democrático.
Preocupa eso porque pareciera que el futuro será una lucha con el poder establecido, no con su partido, como en los viejos tiempos del PRI-Gobierno, y no se diga de los totalitarismos que ha habido en otras latitudes del planeta.
El problema es que una chispa puede llevar los enconos a la violencia, y eso perjudicaría totalmente el proceso, aparte de la incertidumbre que deja la obstinación por imponer el llamado “Plan B” de la reforma electoral al altísimo costo de denostar sistemática y permanentemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esta le tocará el difícil papel de dirimir la constitucionalidad de un conjunto de leyes que ya entraron en vigor, como paliativo a una reforma que ya había fracasado por no contar Morena con los votos suficientes para obtener la mayoría calificada requerida en el Congreso de la Unión.
Un déficit del evento del domingo 26 de febrero es prestarle la tribuna a la señora Beatriz Pagés. Enemiga complementaria –y por lo tanto útil– al esquema binario de la polarización, su presencia no tan sólo no suma a la causa que preconiza, sino que le resta, más cuando es su presencia una concesión a un PRI destartalado.
En cambio, llevar a la tribuna a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte, es un signo de otro carácter. Se trata de un hombre con trayectoria y respetabilidad, con obra sustancial publicada, conocedor de nuestro sistema constitucional, un prerrequisito que se deberá tener como esencial a partir de 2024 y que en su discurso planteó ideas nuevas en la coyuntura, aduciendo que la concentración ciudadana, aparte de ser de personas libres que levantan la voz, rechazan ser descalificados por el poder contra toda razón, si partimos de que hay libertades públicas.
Deploró Cossío el rechazo a dialogar para procesar entre pares las reformas político-electorales, en la línea histórica que está presente a lo largo de la acompasada transición democrática mexicana.
Tiene valía también su denuncia de que un proyecto político se nos quiere imponer a todos, “así de simple, así de claro”, afirmó Cossío. Contra el discurso dominante, pone en claro que no hay ninguna conspiración, cuando lo que se despliega en las calles y en las plazas públicas, que son de todos, es el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución que siempre han sido conculcados por el poder.
Contundente me parece que Cossío haya dicho que “los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios, sólo si debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares”. Por ello, como punto de partida, afirma tener confianza en la Suprema Corte, a la que ahora, desde la plaza pública le habla en su calidad de jurista y exministro de esa alta institución.
Tiene razón en que la hora de la corte se mide por el potencial invalidatorio de sus fallos. Y fue más allá al reconocer que en nuestro código fundamental están trazados los caminos para sacar adelante a México. Y esencial resulta lo que frecuentemente se olvida: después del fallo de la Corte todo quedará en manos de los ciudadanos y en la divisa de que para que haya democracia se requieren demócratas. El camino puede ser difícil, pero hay que recorrerlo.
Sostengo que fue un acierto que hayan invitado a Cossío a tomar la palabra. No desconozco lo que es obvio: su ubicación en contra de las líneas esenciales del Gobierno de López Obrador, y desde esa perspectiva no sería un orador que por sí mismo le haría barranco al llano si la tribuna hubiera estado ocupada por alguien que marcara una ruptura con el lopezobradorismo.
A algunos les pareció que Cossío dio una aburrida cátedra de derecho, que no es un orador consagrado. Pero eso es lo de menos. En un momento en el que nuestros héroes exhiben a todas luces que están cansados, que ya poco se puede esperar de ellos, Cossío representa una posibilidad muy importante en la perspectiva de 2024.
En lo particular, le reconozco que sea esa clase de jurista que, habiendo escalado como ministro hasta la Suprema Corte, haya escrito un libro esencial y muy querido por mí, como La biografía judicial del 68, que narra a detalle el uso político del derecho contra el histórico movimiento estudiantil, precisamente del que arranca el más contundente reclamo democrático del México contemporáneo.
03 marzo 2023
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
