Organizaciones condenan persecución de migrantes en acciones de verificación que realiza el Instituto Estatal de Migración y acciones de la policía municipal de Juárez, exigen investigar y sancionar agresiones a personas en movilidad
Por Redacción de La Verdad
Colectivos y organizaciones defensores de migrantes en México condenaron las acciones y abusos generados durante un operativo de control migratorio en un hotel de la zona centro de Ciudad Juárez, que este miércoles desencadenó una confrontación de migrantes con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Operativos conjuntos de control migratorio en la zona centro de la ciudad se han intensificado, a la par de las detenciones arbitrarias donde agentes municipales cuestionan sobre el estatus migratorio de las personas, las extorsionan, les rompen documentación y les roban dinero y otras pertenencias”, aseguraron.
Consideraron que estas acciones se suma a la criminalización de personas migrantes, refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo y protección internacional que se encuentran en Ciudad Juárez.
“Desde los últimos años se han recrudecido los abusos, de manera específica por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)” señalan en el posicionamiento conjunto que lanzado la tarde de este 9 de marzo cerca de 100 agrupaciones, entre ellos las distintas Casas del Migrantes y albergues en el país, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Uno de Siete Migrando, Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras.
En el documento denunciaron también que “la violencia contra las personas en movilidad se está trasladando a trabajadores humanitarios y personas defensoras que denuncian las graves violaciones a derechos humanos”.
Sobre el zafarrancho de este 9 de marzo, las agrupaciones cometaron que personal del INM realizó un operativo en el Hotel Úrsula, ubicado en la zona centro de la ciudad, con la presencia de quince unidades de la SSPM, cinco unidades de la Guardia Nacional (GN) y una tanqueta del Ejército Mexicano. “Con la presencia desmedida de unidades, se envía un claro mensaje de intimidación a las personas, incluidas las mujeres viajando solas y las jefas de familia, quienes revelaron que agentes del INM les rompieron documentos migratorios”.
Señalan que las organizaciones han sido testigos del uso reiterado de toda clase de vejaciones por parte de agentes del INM, la GN y la SSPM en contra de personas en movilidad y locales, por robo de pertenencias, extorsiones y detenciones arbitrarias. “Por temor, la mayoría de las personas se van de la ciudad sin haber interpuesto una denuncia o queja”.
La situación evidencia que hay una grave crisis en materia de derechos humanos que debe ser atendida de manera urgente por todas las autoridades competentes, afirman en el documento. El INM no ha respondido a la solicitud de información sobre este suceso.
En el posicionamiento sobre este hecho, las agrupaciones y redes defensoras de migrantes también cuestionaron la irrupción a la Catedral por agentes de la policía municipal de Ciudad Juárez registrada el pasado primero de marzo.
Aunque se informó que los agentes involucrados están bajo investigación, únicamente fueron reubicados en otra parte de la ciudad, pese a que detuvieron violenta y arbitrariamente a personas en movilidad, entre ellas un adolescente y una mujer fueron brutalmente torturadas en instalaciones de esa institución, por lo que piden que se investigue y sanciones a los policías.
Señalan que cuentan con información oficial que da cuenta del uso sistemático de violaciones a derechos humanos a grupos vulnerables por parte de la policía municipal de Juárez, que concuerdan con la narración de las víctimas.
Por lo que exhortan al Gobierno de Ciudad Juárez a que:
• Se comprometa a investigar de manera pronta, imparcial, independiente, exhaustiva y con enfoque de género las diversas agresiones en contra de las personas en situación de movilidad.
• No pronuncie discursos de criminalización a personas en situación de movilidad, y en su lugar emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
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