Después de visitar comunidades, escuchar habitantes del sur de México y a científicos jueces del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza determinaron que el megaproyecto pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas
Por Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam
El llamado Tren Maya avanza sin respetar las leyes ambientales, violando los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y los derechos bioculturales del pueblo maya. Este megaproyecto abre la puerta al ecocido y el etnocidio. Además, se acompaña de una fuerte presencia militar y de una “política de miedo” que se usa para intimidar a quienes se oponen a su contrucción.
Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los jueces que participaron en la octava audiencia local del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, espacio creado por la sociedad civil y, que desde 2014, tiene como finalidad evidenciar las luchas ambientales y las violaciones a los derechos de la naturaleza a lo largo del planeta.
Del 9 al 12 de marzo de 2023, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se concentró en analizar el caso del llamado Tren Maya, megaproyecto que desde 2019 construye el gobierno mexicano en cinco estados del sur del país.
Cinco jueces, todos ellos con una importante trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, escucharon testimonios de habitantes de por lo menos 20 comunidades de cuatro de los cinco estados por donde pasará el tren: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, visitaron poblados de los últimos dos estados. También oyeron los argumentos presentados por científicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Fue así que recopilaron las evidencias “contundentes e irrefutables” que los llevaron a señalar que el megaproyecto “pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas”.
En su veredicto oral —el escrito estará listo en unas semanas más—, los jueces responsabilizaron al Estado mexicano por la violación de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos y los derechos bioculturales del pueblo maya. Esto “va configurando crímenes de ecocidio y etnocidio”.
Por ello, el tribunal conminó a las autoridades del Estado mexicano a suspender en forma inmediata la construcción del megaproyecto con todos sus componentes. El gobierno mexicano planea inaugurar el llamado Tren Maya en diciembre de 2023.
“De ninguna manera se debe permitir que se violen valores profundamente humanos y del espíritu de la justicia como lo están haciendo. Es una aberración lo que están haciendo con ese proyecto del Tren Maya. Es una destrucción no solamente ahora, sino a largo plazo”, dice Fray Raúl Vera, uno de los cinco jueces que participaron en este tribunal y quien se ha caracterizado por ser un defensor de derechos humanos en México.
Los otros cuatro jueces que participaron fueron la investigadora y socióloga argentina Maristella Svampa; el político y abogado ecuatoriano Yaku Pérez; el activista italiano Francesco Martone y el defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Alberto Saldamando.
Si bien este tribunal no es vinculante, su veredicto es una importante herramienta para hacer públicas las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. “Un tribunal de este tipo sirve para ofrecer un espacio de denuncia para las comunidades”, apunta Francisco Martone.
Mongabay Latam entrevistó a tres de los cinco jueces que participaron en la audiencia sobre el Tren Maya y a la secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. A los cuatro le sorprendió la magnitud de este proyecto para el cual se contempla una inversión de 200 mil millones de pesos (alrededor de 20 mil millones de dólares). Además, todos coincidieron en alertar sobre el clima de intimidación que viven aquellos que han levantado su voz en contra de esta obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Un tren que conecta con otros megaproyectos
En su recorrido por comunidades de la Península de Yucatán y en la audiencia que se realizó en Valladolid, Yucatán, los jueces escucharon a los pobladores denunciar que la construcción del Tren Maya arrancó sin que se realizara una consulta libre, previa e informada que cumpliera con los estándares internacionales. También oyeron testimonios sobre cómo este proyecto ha generado divisiones en las comunidades.
Los jueces escucharon a investigadores denunciar cómo el gobierno no ha hecho público un plan maestro del proyecto, que no se presentó una Manifestación de Impacto Ambiental integral, que la ruta del tren pasa encima de por lo menos 100 cenotes (cuerpos de agua subterráneos) y que sacrificará más de 2500 hectáreas de selvas húmedas y secas. Además, se sorprendieron al conocer que no se respetaron las leyes ambientales, que se comenzó la construcción sin tener autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y que no se acataron los amparos que ordenaban las suspensiones judiciales.
“Nos asombró mucho que existiera una violación sistemática de las leyes y de todas las herramientas de protección ambiental. Se ha dado un avasallamiento de los derechos de los pueblos mayas”, destaca la investigadora y socióloga argentina Maristella Svampa.
A los jueces también les llamó la atención enterarse de “la gran escala” de este proyecto: “No solamente es un tren —enfatiza Maristella Svampa—; está conectado con otros megaproyectos. Eso hace que tenga un alcance devastador en términos de despojo y de destrucción de ecosistemas naturales, así como de destrucción de la cultura maya”.
Los otros megaproyectos a los que se refiere Maristella Svampa son el aeropuerto de Tulum, los llamados “polos de desarrollo” que se contempla a lo largo de los 1500 kilómetros que tendrá el tren, las decenas de granjas porcícolas que se han instalado en la Península de Yucatán y el Corredor del Transístmico. Este último es un proyecto que también impulsa el gobierno de López Obrador y que consiste en reactivar el tren que une a los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, además de instalar diez parques industriales a lo largo de esa ruta.
A la autora del libro El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo le sorprende que los megaproyectos que están en marcha en el sur de México se impulsen desde un gobierno que se presenta como progresista. “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador —señala Maristella Svampa— tiene una ceguera desarrollista, extractivista, que implica un enorme desprecio hacia las comunidades mayas y un enorme desprecio hacia el saber experto de los científicos”.
—El gobierno de López Obrador defiende el llamado Tren Maya al señalar que llevará “desarrollo” y permitirá abrir fuentes de trabajo en el sureste del país. ¿Qué opina sobre este argumento?
—La idea que López Obrador tiene de desarrollo es una idea setentista (de la década de los setenta). En realidad es algo que atrasa, que está al servicio de la destrucción de ecosistemas y de la cultura de los pueblos… Este proyecto implica una reconfiguración negativa del territorio y se está dando de una manera violenta, vertical e interviniendo sin tener una licencia ambiental ni licencia social.
“Es un asesinato cultural”: Fray Raúl Vera
Escuchar y mirar cómo ese proyecto “pasa por encima de la cultura maya” fue una de las cosas que más le sorprendió a Fray Raúl Vera.
Desde hace ya varias décadas, pero en especial, desde el sexenio de Felipe Calderón, el padre Raúl Vera ha denunciado diversas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, ha acompañado a familiares de desaparecidos, a migrantes centroamericanos y, en su momento, fue también una de las voces que denunció los peligros de militarizar al país.
Hoy, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el padre Raúl Vera señala que el Tren Maya se impone de una forma irracional y está generando “una cultura de muerte, un ecocidio y un etnocidio, porque está destruyendo y actuando en contra de la cultura de los pueblos mayas. Es un asesinato cultural lo que está haciendo este proyecto”.
—Durante la audiencia, antes de que se leyera el veredicto, usted señaló que hay intereses bien marcados que ya se están frotando las manos con la construcción de este tren. ¿Cuáles son esos intereses?
—Al mismo tiempo que ponen el tren maya, ya les están dando lugar a todas las empresas. Junto con el Tren Maya está el Corredor del Transístmico, donde se instalarán parques industriales. Eso es darle un lugar al capital, darle un lugar a los que exprimen las potencialidades de la naturaleza para enriquecer a unos cuantos y causarles, sobre todo, un deterioro a las poblaciones. Este proyecto del Tren Maya y el Corredor Transístmico son una agresión terrible a los pueblos originarios que habitan esa zona. No podemos aceptar eso… Todo lo que están preparando es una visión puramente comercial, financiera. Es una visión de ganancia la que está detrás de todo.
Para el padre Raúl Vera, con estos megaproyectos, el sexenio de López Obrador se “ha convertido en un signo patente y aberrante de actuar en contra de los pueblos indígenas”.
El italiano Francesco Martone, quien también es jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, considera que con este megaproyecto del llamado Tren Maya, se confirma cómo el “neo-extractivismo se alimenta de la muerte y genera muerte; muerte de los territorios, de los ecosistemas; muerte de sus pueblos, de sus culturas, de sus cosmologías. En una palabra, una necropolítica”.
Un tren acompañado por “una política de miedo”
En su veredicto, los jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza también señalaron la urgencia de detener la militarización que avanza en los territorios indígenas de la Península de Yucatán.
Maristella Svampa señala que el Tren Maya se está imponiendo usando una “política de miedo”, al acompañar el proyecto de una fuerte presencia militar “que intimida a las poblaciones y a los sectores que se oponen al mismo”.
Francesco Martone comenta que durante su recorrido por las comunidades pudieron constatar de primera mano, “el clima de amenazas, de hostigamiento y de miedo que se está imponiendo a las comunidades, principalmente a las que están tratando de tener una postura crítica con el proyecto”.
En la comunidad de Señor, por ejemplo, varias personas no asistieron a la reunión que se había organizado, porque días antes habían sido intimidadas por elementos de la Guardia Nacional, dijo a Mongabay Latam Natalia Green, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. “Les dijeron que no participaran”.
En la comunidad de Tihosuco, elementos de la Guardia Nacional se presentaron al lugar en donde se realizaba una reunión de los jueces con habitantes de diversas comunidades, relata Green. Además, el día de la audiencia, el sábado 11 de marzo, “tuvimos a dos personas muy sospechosas que entraron, tomaron fotografías y también fotografiaron las placas de autos”, precisa.
En Valladolid, Yucatán, “hubo gente que prefirió dar su testimonio en privado; gente sobre la cual pesan amenazas”, comenta la investigadora Maristella Svampa, quien fue la presidenta del tribunal. El día de la audiencia, relata, se acercaron varias personas a dejarles “notitas, escritas a mano, en las cuales estaba su denuncia”.
Para la investigadora, este clima de intimidación y miedo “refuerza cadenas de violencia que ya existen en México, muy ligadas al narcotráfico y a elementos paramilitares”.
Los jueces alertan sobre el latente riesgo de que se incremente la violencia sobre los defensores y defensoras. Su alarma no es gratuita. México es ya uno de los países que más asesinatos de defensores ambientales y del territorio registra a nivel mundial.
Los miembros del tribunal hicieron un llamado urgente al Estado, y a la intervención de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, para que “cese el despojo de las tierras ejidales, así como acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación” de las personas defensoras de la naturaleza.
Silencio gubernamental
La presidenta del tribunal, Maristella Svampa, explica que a través de los testimonios de los pobladores de las comunidades y de los investigadores documentaron que en la Península de Yucatán se está dando un proceso de expropiación de las tierras comunales. Se ha desarrollado, dice, “una trama ilegal de expropiación de las tierras en función de un intercambio asimétrico, yo diría clientelar en algunos casos, que ha afectado a poblaciones muy vulnerables”.
En su veredicto, los jueces recomiendan que se revise la ley que establece la “propiedad social de la tierra”, para que se remplace por una legislación que contemple la función socioecológica del territorio. “Debemos tener una concepción más holística, en donde el concepto de propiedad socioecológica esté vinculado a la idea de sistema social y sistema natural”, explica Maristella Svampa.
Los jueces también solicitaron que se realice la reparación integral de los daños ecológicos y sociales causados por el megaproyecto y sus instalaciones colaterales. Además, exhortaron al Ejecutivo y al Legislativo a realizar reformas constitucionales a nivel Federal para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
En las próximas semanas, los integrantes del jurado escribirán una sentencia más amplia. El documento final se traducirá al idioma maya y se difundirá entre las comunidades, “para que ellas mismas puedan interpretarla y traducirla en iniciativas políticas. Nosotros —apunta Francesco Martone—podemos estar aquí y lanzar un grito de alarma, pero si no hay un trabajo conjunto con las comunidades, la sentencia se queda como una letra muerta”.
El documento de la sentencia final también se distribuirá entre organizaciones no gubernamentales, activistas e investigadores de otras latitudes para que se sumen a las demandas. “Lo que está pasando en Yucatán es un problema que no afecta sólo a México, sino al mundo entero”, señala Natalia Green.
Francesco Martone comenta que el documento con la sentencia final también se enviará a los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas, para que las tomen en cuenta y puedan dar seguimiento a las recomendaciones que realizó el jurado, entre ellas que se realice una “auditoría independiente, inter y transdisciplinaria y de carácter intercultural con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas”.
Maristella Svampa menciona que los jueces del tribunal buscan que la sentencia también sea “un llamado que resuene en la sociedad mexicana, porque lo que está pasando es muy grave. Este es un proyecto devastador, multidimensional y de gran escala. Y por eso decimos que abre la puerta al ecocidio y al etnocidio”.
La secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Natalia Greene, quien también es directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, explicó a Mongabay Latam que se entregó una carta a la Embajada de México en Ecuador, donde está la sede del tribunal, invitando a algún representante del gobierno mexicano a la audiencia. También se enviaron correos electrónicos a por lo menos seis dependencias, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La única respuesta que recibieron fue de la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la CNDH, en esa área señalaron que, por los compromisos que ya tenían en su agenda, no podían asistir.
Del resto de las dependencias no hubo respuesta. El silencio de las autoridades del gobierno mexicano continuó, incluso, después de que los jueces del tribunal presentaron su veredicto.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver su publicación aquí.
