Falta aún que la iniciativa sea efectivamente aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Esa batalla no será fácil, pues los intereses mineros tienen enormes recursos y muchos aliados
Por Eugenio Fernández Vázquez
Twitter: @eugeniofv
La minería es una de las actividades más destructivas imaginables. En el peor de los casos es directamente la remoción de todo lo que hay encima de un terreno para sacar los minerales que hay debajo. En el mejor es una actividad de bajo impacto realizada por gambusinos a pequeña escala, pero que genera residuos muy tóxicos al lavar los minerales, demanda mucha agua y suele ir asociada con altos niveles de violencia. La legislación minera mexicana actual se adoptó en lo fundamental durante el salinato y tiene su sello. Ahora, por fin, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se decidió a ponerle fin a ese régimen tan dañino y a presentar una iniciativa de reforma en la materia que es muy bienvenida.
Dos rasgos sirven de muestra de lo terrible que era el régimen minero heredado del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por un lado, la minería se consideraba “de utilidad nacional”, por lo que tenía preminencia sobre cualquier otro uso del suelo, fuera la conservación —de hecho, hay concesiones mineras en casi la mitad de las áreas naturales protegidas del país—, la agricultura o la simple habitación. Por el otro, las concesiones mineras se otorgaban por medio siglo o más sin considerar ni las condiciones sociales ni las ambientales del entorno, con los impactos que eso tenía tanto en términos sociales como de disponibilidad de agua, por ejemplo.
Durante este sexenio no se habían dado concesiones mineras nuevas y se había dejado caducar muchas de las viejas, de forma que el porcentaje de la superficie nacional que estaba concesionado a las actividades extractivas bajó de casi 11 por ciento a algo menos de 9 por ciento, según la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. Para hacer esta política duradera, sin embargo, hacían falta cambios sustanciales a la legislación que se habían tardado y que parecía que no iban a llegar, hasta la semana pasada.
Organizaciones de la sociedad civil que han impulsado cambios a la legislación minera en este sexenio agrupadas en la Colectiva #CambiémoslaYa han mostrado ya su beneplácito por muchos de los aspectos de la ley. Subrayan, entre otros, que se le quite a la minería el carácter de utilidad pública, que se condicione el otorgamiento de las concesiones a la disponibilidad hídrica, que se respeten los derechos de propietarios sociales y privados y de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y que se garantice mediante cartas de crédito la realización de programas de mitigación de daños y restauración de entornos. Todavía, sin embargo, falta mucho por lograr.
De entrada, falta que la iniciativa sea efectivamente aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Esa batalla no será fácil, pues los intereses mineros tienen enormes recursos y muchos aliados en el Congreso de la Unión. Además, una vez aprobada la iniciativa de reforma a la ley está por verse cómo se redactan los reglamentos y habrá que asegurarse de que las concesiones, efectivamente, se otorguen conforme a la legislación relevante.
Por otra parte, las mejoras a la ley no garantizan de ninguna manera que las actividades extractivas se realicen sin daños a las comunidades o al entorno. Por ejemplo, un estudio realizado en 2014 calculó que casi el 10 por ciento del oro mexicano era extraído en forma ilegal, y no parece que la situación haya mejorado en los últimos años. Habrá que acompañar medidas tan relevantes como esta iniciativa con un verdadero esfuerzo de freno al crimen organizado.
En todo caso, se trata de una estupenda noticia y subsana un pendiente especialmente doloroso tanto para los defensores ambientales que muchas veces han dado la vida en contra de las mineras, como para comunidades locales y habitantes del campo que han visto sus ríos y sus campos envenenados por las minas. La cuarta transformación se perfila para saldar, al fin, una de sus deudas más notables.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
