Registro de Personas Deudoras Alimentarias: una gran iniciativa que no tiene forma de operar
jueves, abril 6, 2023
La nueva reforma que crea el Registro de personas deudoras alimentarias es un avance para atender la violencia vicaria en México. Sin embargo, para que los progenitores irresponsables sean listados y sancionados en un registro nacional, se requiere de un gran proceso burocrático que se visualiza lejano.
Por Isabel Briseño / Pie de Página
Ciudad de México– Recientemente el Senado de la República aprobó una reforma para crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Ante la que pareciera una gran noticia que ayudaría a fortalecer los derechos de las infancias y adolescentes, existen dos ánimos.
Uno celebra con bombo y platillo la aprobación, aunque aún no hay información clara sobre el funcionamiento de ésta. Y otro que, por los hechos, asegura se queda en una intención que pretende restringir derechos civiles a los morosos, pero el trámite burocrático sumado a las instancias y mecanismos para hacerlo eficaz, eficiente y posible no existe.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, en entrevista para Pie de Página explica la propuesta avalada. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será un sistema en el cual estarían registrados los nombres de aquellas personas que tengan obligaciones alimentarias y que estén incumpliendo con ellas.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como: licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, solicitudes de matrimonio así como medidas de restricción migratoria.
“Es importante destacar que puede ser papá o puede ser inclusive mamá, aunque sabemos que en su mayoría se trata de hombres”.
Cifras del INEGI, señalan que de cada 10 divorcios en México, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia.
La senadora explica que serán inscritas y señaladas en este registro las personas que adeuden pensiones para la manutención de sus hijos menores, a partir de retrasos de 90 días en adelante.
Diana Luz, madre de Sabina, por quien impulsa una iniciativa de ley que lleva el nombre de su pequeña, considera que es un retroceso establecer los 90 días como plazo para esperar a que los deudores cumplan con su responsabilidad de pensión.
“Es poner de nuestra bolsa 3 meses de abogados para esperar a que nos paguen los deudores. En Oaxaca ya habíamos logrado que lo redujeran a 30 días”.
¿Un proyecto a muy largo plazo?
La senadora indicó que para que se conozca que una persona es deudora, debe existir una demanda de pensión alimenticia en el juzgado de lo familiar, por lo que serán los jueces, quienes estén encargados de nutrir dicho registro que asegura, será público.
Diana Luz afirma: “No hay registro nacional y no va a haber si no se nutre de las bases de datos de los estados y esas base no existen más que 22 estados y sólo medio funcionan en 8 estados pero no son públicos”.
De acuerdo con la activista, para que existan esos registros nacionales primero se tienen que legislar, luego ser aprobados y que empiecen a operar. Calcula que para que estos funcionen, mínimo pasarán tres, hasta cinco años más. “Requiere una voluntad importante presupuestaria y de organización con los estados”.
Diana Luz considera que la reforma recién aprobada es entonces un anuncio importante que abre la conversación en torno a un problema social.
Diana Luz considera que el registro debería ser operado por SEGOB que ya está avalada para concentrar la información de todos los registros civiles del país, además de que cuenta con la estructura, facultades y recursos y no por el DIF como fue aprobado.
“No es la primera vez que se aprueba un Registro Nacional de Deudores, lleva 20 años en la congeladora y ha sido aprobado por distintas fuerzas políticas y todo el tiempo se lo han adscrito al DIF nacional y en tres sexenios distintos se ha declarado incompetente”.
Lo que observa la activista es que es muy difícil subir a los deudores al registro del Estado. En Oaxaca se aprobó hace dos años y solamente han subido a seis deudores, por el contrario ellas tienen registro de más de mil 200 deudores, a través de las denuncias que reciben de las madres por medio de redes sociales.
La desinformación y las barreras.
“Todas las leyes, el sistema jurídico patriarcal de juzgados y Poder Judicial están elaborados para seguir privilegiando a los hombres deudores”, señala Diana.
Hacen falta campañas permanentes en donde se informe a las madres sobre sus derechos y los de sus hijos e hijas.
“Existe mucho abuso por parte de abogados y abogadas que en este desconocimiento, se aprovechan de las madres, les exigen cantidades exorbitantes para iniciar un proceso jurídico que además, no avanza y ellos siguen cobrando. Por eso muchas mujeres no resisten un proceso jurídico, por los costos que implican, no solamente emocionales sino económicos”.
Muchas mujeres no saben que aunque la pareja no haya querido reconocer al menor y no le haya querido poner los apellidos, pueden denunciarlos. Tampoco saben que pueden exigir un reconocimiento de paternidad en un juzgado.
Respecto a quién considera la activista que pueden acercarse las mujeres para ser orientadas e informadas, responde:
“Yo confiaría más en la experiencia de las propias madres en juzgados y que es lo que ha sido el movimiento de ley Sabina. Escucharnos entre nosotras, conversar e ir dándonos tips de cómo nos ha ido en juzgados”.
También recomienda hacer uso de las redes sociales para conocer las experiencias de primera mano: “Hay muchas tik tokeras que están abordando de manera muy seria la problemática como Alma Bautista que es una experta en temas de pensión”.
La activista no cree que las autoridades sean una opción para que las mujeres obtengan informes debido a que no hay un tratamiento serio a esta problemática. Muchos abogados mienten, los jueces re victimizan e insiste, ni siquiera hay información seria de dónde las madres pueden acudir a poner sus denuncias.
Se avecina un gran trabajo para quienes habrán de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar y actualizar la información del registro. La tarea titánica será para el Sistema Nacional DIF, a quien este medio intentó contactar pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de la edición.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
