- Migrantes denuncian que los interceptaron con engaños, les ofrecieron permisos para trabajar, pero al menos siete de ellos fueron recluidos en la estación del INM el día del incendio y otros fueron liberados con documentos para que salieran de México en 30 días
- En estas acciones participaron Derechos Humanos, el DIF y policías municipales de Ciudad Juárez, en conjunto con el INM
Por Gabriela Minjares / La Verdad*
Al menos siete personas migrantes que fueron detenidas durante el lunes 27 de marzo en el operativo conjunto realizado por autoridades municipales y federales se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde esa noche se registró un incendio que hasta ahora ha causado la muerte de 40 extranjeros y las lesiones de otros 26.
Además de los agentes del INM que realizaron las detenciones y traslado de los migrantes a sus instalaciones, en el operativo interinstitucional participaron elementos de la Policía Municipal, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF).
De acuerdo con versiones oficiales, al frente de este operativo iba la Dirección de Derechos Humanos y el DIF Municipal, la primera dependencia que tiene entre sus funciones brindar, asesoría, atención y ayuda al migrante; y la segunda, velar por las familias y la niñez. Detrás de ellos iba el INM y la Policía Municipal, que se movilizaron en caravana por varios cruceros viales de la ciudad.
Migrantes que ese día fueron interceptados en el operativo denunciaron que los servidores públicos los detuvieron con engaños, porque les ofrecieron permisos para trabajar, pero en realidad los llevaron al INM donde algunos quedaron recluidos y a otros los liberaron con un permiso para permanecer 30 días en la ciudad.
Así quedó asentado en el testimonio que rindió ante la Fiscalía General de la República (FGR) una migrante originaria de Venezuela que sobrevivió al incendio, de quien se omite su identidad por tratarse de un testigo de un juicio en curso.
“Mi pareja sentimental y yo nos poníamos a limpiar vidrios y vender chupetas hasta que el día de ayer 27 de marzo, cuando me encontraba limpiando vidrios en un semáforo junto con más compañeros, fuimos detenidos por personal de migración, de la policía y había reporteros.
“Subiéndonos a varias camionetas de Migración, diciéndonos que nos iban a soltar y que nos iban a dar un permiso, llevándonos a unas oficinas de Migración, donde nos quitaron las pertenencias y nos encerraron con otras mujeres que ya estaban ahí desde hace 4 o 5 días, diciéndonos que nos iban a llevar a la Ciudad de México”, narró la mujer en la entrevista que forma parte de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/491/2023.
La extranjera es una de las 15 mujeres que la noche del incendio se encontraban detenidas en las instalaciones del INM, pero que alcanzaron a sacar de la celda para ponerlas a salvo.
Con este testimonio coincidió Abel Ortega Oviedo, un venezolano que también fue detenido ese día en un crucero vial de la ciudad junto con su esposa, sus dos hijos y Orlando José Maldonado Pérez, quien murió en el incendio.
“Llegó un policía, me agarró y me dijo: quédate quieto, camina que vamos a darte un papel. Me dice que me van a dar un papel de trabajo, eran agentes de migración, policías, andaban todos”, aseguró el padre de familia.
“Cuando me traen que me dan un papel, me dan un papel pero expulsado del país, 30 días para abandonar el país. Yo le digo: como tú me vas a dar este papel, todo lo que yo estoy haciendo y me traes engañado porque me dices que me vas a dar un papel de trabajo, vengo engañado porque eso me dijiste”, dijo el venezolano que desde hace siete meses inició el recorrido desde su país para llegar a Estados Unidos.
Autoridades que participaron en el operativo declinaron dar una entrevista para dar información sobre este operativo.
Sin embargo, al comparecer ante varias comisiones edilicias, Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos, reveló que de las 66 personas que se encontraban detenidas en el INM el lunes 27 de marzo, siete fueron canalizadas a través de los recorridos realizados durante el día.
“Ese día nosotros canalizamos a doce personas y tengo entendido, porque en esa intervención yo ya no entraba, que se canal… No me gusta usar la palabra, porque dicen rescatados, bueno, se rescataron a siete hombres solos”, dijo el funcionario municipal el jueves 30 de marzo en la reunión extraordinaria convocada por la Comisión de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo de Juárez.
Interrogado por los regidores que forman parte de la comisión edilicia y representantes de organizaciones sociales que participaron en el encuentro, Santiago explicó que además de los siete migrantes que fueron llevados al centro de detención del INM, otros cuatro fueron trasladados al albergue municipal en el Gimnasio Kiki Romero y ocho más a la bolsa de trabajo que ellos mismos gestionan.
Autoridades municipales justifican operativo
Durante ese encuentro y otro realizado el miércoles con la Comisión de la Familia y Asistencia Social, el funcionario municipal explicó que el operativo conjunto para retirar a los migrantes en la vía pública tiene su origen en las mesas de trabajo interinstitucionales en las que participan los tres niveles de gobierno, pero no supo decir quién los propuso, solo descartó que haya sido solicitado por el Gobierno Municipal.
Aseguró que hasta el lunes 27 de marzo se habían realizado cinco operativos en los que no han participado las autoridades estatales y, en su caso, aseguró que solo se dedican a entregar volantes para difundir los servicios que ofrecen a los migrantes
Mientras que el DIF les pide que se retiren de la vía pública para evitar riesgos, sobre todo cuando hay niños.
No obstante, apenas se retiraban de los cruceros los representantes de Derechos Humanos y del DIF y de inmediato llegaban los agentes del INM y de la Policía Municipal a detenerlos y trasladarlos a la estación migratoria.
Para el regidor Enrique Torres Valadez, coordinador de la Comisión de la Familia y Asistencia Social, la comparecencia en la que las autoridades municipales explicaron su participación deja muchas preguntas sin responder y no le parece convincente.
“Pareciera más que las dependencias municipales buscan sustraerse de cualquier resquicio de responsabilidad que hubiera en este asunto y la verdad es que no es la intención nuestra acusarlos de ser responsables de estos hechos lamentables donde perdieron la vida cerca de 40 migrantes en en este incendio”, aseguró.
Sin embargo, agregó que es responsabilidad del Cabildo velar por que las dependencias realicen la labor para la que fueron creadas, por lo que se llevarán a cabo otras comparecencias de los participantes en el operativo, entre ellos de la Policía Municipal.
Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuestionó la actuación de Santiago González al frente de la Dirección de Derechos Humanos, sobre todo ante los migrantes y el discurso en su contra expresado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.
“¿Qué estás haciendo aparte de ofrecer una bolsa de trabajo, ¿qué estás haciendo en cuestión de derechos humanos ante estas detenciones que se están cometiendo contra migrantes y sobre el discurso xenofóbico… cómo erradicar ese discurso incluyendo al presidente municipal?”, le preguntó durante la comparecencia del jueves 30 de marzo en la sesión de la comisión edilicia de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.
En las reuniones que las comisiones han realizado para abordar el tema del operativo que derivó en la detención de migrantes también participaron integrantes del Servicio Jesuita a Refugiados y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Los activistas se pronunciaron por evitar desde el Gobierno los discursos de xenofobia que criminalizan y estigmatizan a las personas en movilidad, porque señalaron que tienen mayor impacto en la comunidad al ser una autoridad y replicarse en medios de comunicación.
Además, pidieron respetar los derechos humanos de los migrantes, pues criticaron la transformación de las políticas públicas del Gobierno Municipal que pasaron de acciones humanitarias a tener ahora como prioridad revisar su condición legal en el país.
*Con información de Marco Antonio López y Blanca Carmona
