Opinión

Balance de la atención humanitaria a migrantes




abril 11, 2023

Urge reestablecer la coordinación entre todos los actores involucrados en la atención humanitaria en Ciudad Juárez, puede ser el primer paso para atender a miles de personas cuyas necesidades rebasan las capacidades de cada instancia de gobierno o grupos sociales, pero que sumadas pueden ser más eficaces

Por Héctor Padilla

Ciudad Juárez históricamente debe su crecimiento a los flujos migratorios que llegan del sur del país, sobre todo después de creada la actual frontera de México con Estados Unidos. Recibe población mexicana y más recientemente población extranjera, principalmente centroamericana, en busca de empleo o en tránsito hacia Estados Unidos, y de personas que retornan expulsadas de ese país. Esta ciudad de migrantes es también el lugar donde el 27 de marzo fallecieron 40 personas migrantes en el incendio de la estación migratoria.

Este terrible acontecimiento debe dar lugar a un parteaguas en la historia reciente de los flujos migratorios a la ciudad. Es un hecho que nos obliga a la solidaridad hacia las víctimas y a exigir que haya justicia para las víctimas, sin violaciones al debido proceso, con medidas de reparación del daño y garantías de no repetición. Pero también, es una tragedia que nos impele a conocer el contexto en que llegan y permanecen en la ciudad miles de personas procedentes de centro y sur América con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Sobre todo, a hacer un balance de la manera en que la sociedad local y las autoridades responden desde 2019 a este flujo humano, para encontrar alternativas que eviten la repetición de este tipo de tragedias e injusticias, ya que la migración es un fenómeno de escala global que continuará y podría crecer los próximos años, obligándonos desde ahora a construir respuestas conjuntas y estratégicas.

En este balance sobresale la solidaridad con que la mayoría de la población juarense recibió a las personas migrantes desde los primeros meses de 2019, con el surgimiento de albergues que se sumaron a la Casa del Migrante en la tarea de darles cobijo. A través de estos espacios las comunidades evangélica y católica canalizan desde entonces donaciones de la población en alimentos, ropa y dinero, y apoyos diversos de los tres niveles de gobierno.

Del gobierno federal, destaca la instalación del Centro Leona Vicario, apoyos de alimentos y energía eléctrica a los albergues y el trabajo del grupo BETA del INM en tareas de rescate y traslados de migrantes a tales lugares de acogida. Por el gobierno estatal, la creación del Albergue infantil Nohemí Álvarez Quillay, la operación del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) y el acceso a servicios de salud a la población migrante. Y por el gobierno municipal, el trabajo de la Oficina de Apoyo a Migrantes en el traslado de personas a albergues y la instalación de uno más en el gimnasio Kiki Romero.

La mayoría de estas acciones se realizó los primeros dos años de la contingencia migratoria (2019-2021), gracias a los mecanismos de articulación gobierno-sociedad civil, como el Consejo Estatal de Población para los Migrantes (COESPAM) y la Iniciativa Juárez. Esta última, promovida por empresarios y responsables de albergues que exigieron a los representantes de los tres niveles de gobierno dejar de lado sus diferencias, acordar acciones humanitarias y resarcir los efectos indirectos que su presencia causaba en la ciudad (demoras en los puentes internacionales, debido a los controles implantados por el CBP).

Desde el ángulo otro ángulo, como un factor que limita y presiona la capacidad de las acciones humanitarias, está la prolongación de la política de contención de los flujos migratorios mediante el involucramiento de la Guardia Nacional y la militarización de los mandos del INM, implantada por el gobierno federal desde la segunda mitad de 2019 en respuesta a las amenazas y presiones norteamericanas. Sin políticas de desarrollo regional, esta política es ineficaz para contener un fenómeno social incontenible, porque su origen está en el enorme y creciente desequilibrio entre una América Latina pobre que expulsa a las personas y un Estados Unidos rico que las atrae. Se trata, además, de una política contraria a las medidas del Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, que difícilmente garantiza una gestión de la movilidad humana íntegramente respetuosa de los derechos humanos.  

Los acuerdos migratorios con Estados Unidos convirtieron a México en un tercer país seguro de facto con el retorno de decenas de miles de migrantes. Pero esto ha sucedido sin que Estados Unidos destine recursos que garanticen la seguridad y el bienestar de esas personas en nuestro país. Sin que se fortalezcan las capacidades administrativas para dar refugio o regularizar la estancia de la población extranjera, propiciar su integración al empleo, a la salud y a la educación, e impedir que los migrantes estén a expensas de organizaciones dedicadas al tráfico humano.

Sobre los gobiernos estatal y municipal, las declaraciones y acciones más recientes emprendidas agravan la vulnerabilidad de las personas migrantes, al tratar la presencia de extranjeros en la ciudad con un enfoque securitario y criminalizante que les responsabiliza de problemas de salubridad e inseguridad. Ejemplos de ello son la firma de un acuerdo de seguridad fronteriza entre la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Texas, que compromete la plataforma de seguridad Centinela en la vigilancia y persecución de migrantes, así como los operativos policiales en contra de migrantes en las calles y cruceros de la ciudad y las declaraciones del alcalde que las justifican.

Tales acciones alimentan la animosidad hacia los migrantes entre amplios sectores de la población, que en las redes sociales exigen su expulsión del país, les denigran y aplauden a ciudadanos que agreden a personas de nacionalidad venezolana: luego de la tragedia, en un chat de Facebook sobre puentes internacionales, una persona exclamó “quémelos a todos” con la aprobación y risas de muchos.

A todo ello se suman, como un factor clave que incide en este ambiente adverso, las diferencias partidistas e intereses de grupo en los tres niveles de gobierno que socavan los espacios de colaboración logrados en 2019, reducen el alcance de la atención humanitaria y agudizan la vulnerabilidad de las personas migrantes, principalmente de las que permanecen en calles, lotes baldíos y edificios abandonados y en ruinas. Y sin que los tres niveles de gobierno combatan el tráfico de personas y los abusos de cuerpos de seguridad les acosan y extorsionan (como sucede en el Centro Histórico y el bordo del río Bravo).

Ante este panorama urge reestablecer la coordinación entre todos los actores involucrados en la atención humanitaria, para atender a miles de personas cuyas necesidades rebasan las capacidades de cada instancia de gobierno o grupos sociales, pero que sumadas pueden ser más eficaces.

Por ello es necesario recuperar la experiencia de la Iniciativa Juárez, donde concurrieron titulares de los tres niveles presentes en la ciudad, empresarios, responsables de albergues, organizaciones de la sociedad civil local y transfronteriza, académicos, instituciones de educación superior y organismos internacionales. En un espacio de esta naturaleza, podrían generarse condiciones que mejoren la atención humanitaria y promuevan la integración social de los migrantes. Sobre todo, podría esbozarse una propuesta integral, surgida desde lo local, que ayude a cambiar la política migratoria nacional con una perspectiva de derechos humanos.

Si bien el gobierno federal anunció la transformación del INM (posiblemente en una coordinación intersecretarial desmilitarizada, como lo informó el padre Solalinde), desde la Iniciativa Juárez puede impulsarse la salida de mandos militares del INM, el retiro de la participación de la Guardia Nacional, la regularización de la población migrante retomando la propuesta de Programa Emergente de Regularización de diciembre de 2019, el fortalecimiento de las capacidades administrativas del área de regularización migratoria en el INM y la ampliación de la presencia local de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Desde ese espacio, podría acordarse con el gobierno estatal desvincular los programas de seguridad de la vigilancia y/o persecución a migrantes y realizar ajustes normativos y de personal en el Consejo Estatal de Población (COESPO), que ayuden a una coordinación eficiente y respetuosa con los demás actores e instancias involucradas en tareas de atención humanitaria. También, que el gobierno municipal cese todo tipo de acciones que alienten discursos de odio en la población y realice campañas informativas para revertir la xenofobia creciente entre la ciudadanía. Y que los tres niveles de gobierno se coordinen y refuercen la investigación y combate del tráfico humano.

En suma, restablecer la Iniciativa Juárez o alguna instancia con otro nombre, pero con propósitos semejantes, puede ser el primer paso en la dirección correcta para superar la crisis de atención humanitaria y lograr el bienestar y la seguridad de todas las personas que viven en la ciudad, sean locales o migrantes.

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