La política migratoria de persecución, hostigamiento y criminalización del Estado en sus tres niveles sigue sin garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias, y frente a eso, el silencio del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
Por Mariela Castro Flores
@MarieLouSalomé
Frente a la impresionante crisis humanitaria que derivó en el fallecimiento de 40 migrantes y otros más heridos de gravedad que se encontraban retenidos en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, su manejo posterior y la respuesta de la autoridad nadie habla de las implicaciones que el evento esta detonando para las infancias.
Al margen de lo poco que sale de la línea oficial al informar, solo pocos medios venían reportando la serie de condiciones que se conjuntaban peligrosamente en una suerte de coctel explosivo que terminó por implotar de la peor forma; es decir, es como si el fatídico evento hubiera sido fácilmente predecible. Ya este mismo espacio recogía las declaraciones de Cruz Pérez Cuellar sobre el endurecimiento de la postura de su gobierno contra las personas migrantes (La Verdad Juárez. 13/03/2023). Las declaraciones en combinación con la xenofobia resultan en un discurso de odio que siempre impacta de modo negativo en las poblaciones que históricamente han sido vulneradas o excluidas.
Las tomas y fotografías de los asentamientos de personas de origen venezolano exhibían la presencia de múltiples familias que a pesar de su condición de movilidad conforman comunidad con dinámicas propias de organización y protección; entre ellos, múltiples infancias, desde bebés de brazos hasta adolescentes que acompañan a sus padres y otros tantos sin acompañar. Sus historias son las más invisibles, sus voces las menos escuchadas y las menos atendidas por el Estado. Es como si no existieran o no tuvieran necesidades especiales.
La política migratoria de persecución, hostigamiento y criminalización del Estado en sus tres niveles sigue sin garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias y el silencio del SIPINNA (Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA’s) así lo demuestra. Mientras tiene la obligación de establecer mecanismos de coordinación, políticas y procedimientos para la protección de NNA’s, los hechos recientes no le han merecido ni siquiera un comunicado que informe sobre las acciones específicas que está tomando puesto que cada crisis tiene sus remanentes y en este caso, es la aun mayor vulnerabilidad a la que están siendo expuestos a las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral, entre otros tipos de violencia que ya están cursando porque su edad es un elemento adicional a su grado de vulnerabilidad.
Según la REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) el número de detenciones que el gobierno mexicano ha realizado fue de 27,861 de NNA’s en condición de movilidad, sus edades oscilan de entre 0 a 17 años en tan solo de enero a agosto de 2021 (40,5% mujeres y 59.5% hombres), lo que representó un aumento de 273.3% con respecto a la cantidad total. El número sigue creciendo exponencialmente.
La ya de por si complicada situación para las infancias y adolescencias por estar en un país lejano, con personas extrañas y con un futuro incierto se agrava, los intentos serios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en conjunto con el Secretaría Ejecutiva del SIPINNA federal se vienen topando con pared ya que, la política estatal en la materia favorece única y exclusivamente las repatriaciones con motivo de la “reunificación familiar”, a pesar de que es sabido que la condición de movilidad humana cuando se trata de personas menores en la mayoría de los casos, es por la expulsión de entornos caóticos generados por la violencia extrema y crimen organizado que se suma a la falta de oportunidades y precariedad que padecen las y los adultos.
Y es que no se puede desdeñar el carácter de ultraderecha del gobierno estatal, que de origen es xenofobo y antiinmigrante, puesto siempre a imponer políticas de sanitización social con el cierre de fronteras y expulsión de personas extrajeras, criterios que han sido notorios desde las declaraciones del presidente municipal (otrora panista y de talante conservador) y el desdén de la gobernadora que, aún con la situación ardiendo pretende distraer la atención a través de los medios incluidos en la nómina estatal con detalles de su vida personal y el gobierno federal que ha recurrido a la estigmatización para ver minimizadas sus omisiones criminales, que si bien son heredadas, le corresponde tomar las riendas de forma contundente para encabezar una política migratoria con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de infancias y adolescencias.
Suena complejo, retorico, e incluso imposible proponerlo, requiere la suma de voluntades binacionales, recursos públicos, una dirección realmente humanista y sobre todo un sentido profundo de urgencia lograrlo.
Las infancias requieren ser y estar presentes, ser prioridad de todo gobierno.
Urge, ya.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
