Esperamos, demandamos que las y los legisladores no se arruguen a la hora de votarlas, de rescatar las aguas nacionales del desperdicio y la contaminación
Por Víctor M. Quintana S.
Una memoria de Pablo González Casanova, Sociólogo y luchador desde el Sur, con el pueblo latinoamericano.
No dijeron nada cuando, tan sólo entre los años 2000 y 2010 extrajeron más oro de este país que en los tres siglos de la colonización española. Ni estos últimos diez años cuando se ha multiplicado su rentabilidad en la bolsa de valores, pero ahora sí, se quejan, vociferan, irrumpen en el Congreso del Estado. Ellas son las empresas mineras quejándose ante Paquete de Reformas para una Minería Regulada presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso el 28 de marzo-
Es de reconocerse, difundirse y apoyarse este paquete de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Junto con las reformas legales que garantizan la libertad sindical y los incrementos a los salarios mínimos son de los avances indudables de la Cuarta Transformación. La iniciativa no se opone a la minería sino busca que se desarrolle bajo límites precisos, garantizando el equilibrio entre los intereses económico social y público, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de personas y comunidades.
Uno de los aspectos que más les preocupa a los negociantes con los recursos del subsuelo de la Nación y a sus aliados legisladores y funcionarios son las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
A pesar de que las compañías mineras argumentan que el agua que gastan en la operación de las minas, 472.53 Hectómetros cúbicos al año, representa “sólo” el 7.3% del agua concesionada al sector industrial, el agua de uso libre, es decir, la que no tiene concesión, inherente al laboreo de minas es 2. 9veces mayor. Además, hay que considerar que el 18.96% de las concesiones de minería metálica están en acuíferos sobreexplotados, que el 72% de las concesiones vigentes se concentran en entidades del norte y occidente del país que sufren un fuerte estrés hídrico.
No se trata solamente del agua que consumen las minas, sino también del agua que desechan y contaminan. Según la Fundación Heinrich Boll, entre 2006 y 2020 ha habido más de una docena de derrames que han afectado seriamente corrientes de agua y ecosistemas de diversas regiones de la República: además del consabido derrame que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, se han contaminado seriamente corrientes de agua en otras partes de Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Baja California Sur. (https://bit.ly/41AUvek)
Precisamente, el abuso del agua y la descarga de residuos sin control a las presas de jales que frecuentemente se revientan, como en Urique, Chihuahua en 2018, y lanzan enormes cantidades de desechos minerales a los ríos y arroyos son de los perjuicios que pretenden evitar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo propósito es la estricta regulación del uso de aguas en la minería.
De aprobarse la Reforma, toda agua utilizada en la minería tendrá que contar con su concesión respectiva, medirse y pagar derechos. No se tramitará concesión minera si no se tramita la del agua. Se acaba el concepto de agua libre o de “laboreo” de minas. Las concesiones tendrán vigencia de cinco años prorrogables por otros quince siempre que cumplan con su programa de Restauración y no afecten a acuíferos ni a terceros. Una minera no podrá concesionar más del 30% de una cuenca o un acuífero. Se prohibirá la transmisión de concesiones de aguas. Se obligará a cumplir con un Programa de Restauración, Cierre y Postcierre desde el inicio de la operación minera que incluya reciclaje de agua, estabilización de residuos y restauración de los flujos de agua y ecosistemas. No se permitirá autorizar el depósito de residuos mineros en Áreas Naturales Protegidas, humedales o cauces donde su ruptura afectaría a la población.
No es normal, como señala con razón Viri Ríos, que estas empresas mineras que se oponen a la reforma hayan evadido al Fisco entre 2015 y 2021 por 75 mil millones de pesos. No es normal que unos cuantos consorcios mineros sigan exportando la naturaleza y hayan visto crecer sus ingresos de 140 mil a 228 mil millones de pesos entre 2010 y 2018 mientras los municipios de donde la extraen mantengan a la mayoría de su población en pobreza. No es normal que empresas como Grupo México, Industrias Peñoles y un puñado de mineras extranjeras obtengan descomunales ganancias en las bolsas de valores, mientras devastan el medio ambiente, provocan conflictos socio ambientales, invaden territorios comunitarios, pagan derecho de piso a grupos criminales, mientras sus aportes a la economía nacional, al Fisco y a la generación de empleos dignos y bien remunerados apenas si crecen.
Quitarle la etiqueta de “normal” y “legal” que el neoliberalismo salinista le confirió a este saqueo de la naturaleza, de las comunidades y del país es el objetivo principal de este paquete de reformas.
Esperamos, demandamos que las y los legisladores no se arruguen a la hora de votarlas, de rescatar las aguas nacionales del desperdicio y la contaminación. Esperamos no tener que decirles: “Es el agua, estúpido…”
