Las grandes empresas mineras nacionales, como Grupo México y Peñoles y las grandes trasnacionales, sobre todo canadienses, cabildearon, chantajearon y dejaron circular datos fake y pronósticos sombríos para bloquear avances planteados en propuesta de la llamada reforma minera
Por Víctor M. Quintana S.
Larrea, Bailleres y Slim, tres de los hombres más ricos de México y principales accionistas de las grandes mineras mexicanas, Grupo México, Peñoles y Fresnillo, no podrán decir que la 4T los ha perjudicado. Al menos en lo que se refiere a la industria minera. A final de cuentas lograron que el paquete de reformas a diversas leyes llamado Reforma Minera, presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 28 de marzo, no los acotara tanto como se preveía y redujera muy significativamente sus enormes ganancias.
El paquete contenía avances en aspectos muy importantes: la reducción de la vigencia de las concesiones mineras, de 100 años a 15 años prorrogables; la obligatoriedad de obtener una concesión de agua para la explotación de las minas, incluidas las aguas laborables, la no especulación con las concesiones, la obligatoriedad de realizar obras de remediación de cierre y postcierre de minas, así como el quitarle a la minería el carácter de actividad preferente en un territorio. Eso le valió el reconocimiento de los sectores preocupados por el agua y el medioambiente en el país.
Pero entre la iniciativa del Ejecutivo y la minuta aprobada a matacaballo por el Legislativo, presentada por la bancada de MORENA el viernes 20 en la madrugada hubo gran diferencia. Le bajaron tres rayitas. Seguramente las y los legisladores sucumbieron a las presiones de las grandes compañías mineras y a las “sugerencias” del Secretario de Gobernación. Tuvieron más peso -y pesos- que los movimientos ambientalistas y pueblos originarios.
Los principales avances en la iniciativa que fueron echados para atrás por la Cámara de Diputados fueron los siguientes: la iniciativa planteaba que se requeriría concesión de agua con una vigencia de 5 años prorrogables por toda la duración de la concesión minera; la minuta aprobada por los diputados extiende esa concesión a 30 años. La iniciativa planteaba que se requeriría concesión y disponibilidad para el agua de laboreo en las minas, es decir, el agua que sale sin ser extraída; no se requerirá según lo aprobado. La iniciativa ponía un tope de 30% del agua del acuífero que puede extraer la minera; lo aprobado por la Cámara quita este tope; la iniciativa establecía que las mineras que tengan presas de jales en cauces federales tendrían que desmantelarlos en 365 días; la minuta quita ese requisito a menos que se compruebe que esas presas no constituyen un peligro.
La iniciativa presidencial planteaba que la concesión minera tendría una duración de 15 años, prorrogables por 15 años más. La minuta establece una concesión por 30 años, prorrogable por 25 años más y luego preferencia en la licitación por otros 25 años. Es decir, más cerca de los 100 años que dura la concesión actualmente que al máximo de 30 que planteaba el Ejecutivo.
Las modificaciones hechas por los diputados les dan un enorme margen a las mineras para seguir extrayendo hasta un 300 o 400% más del volumen concesionado de agua; quita la restricción para el acaparamiento de aguas, pues hay mineras que explotan hasta el 84% del acuífero, se viola la Ley de Aguas Nacionales, que no permite el depósito de jales en cauces federales y se deja a Profepa y no a las mineras el cargo de investigar y comprobar que las minas cumplen con las obligaciones hídricas y ambientales, cuando esta dependencia gubernamental cuenta con muy escasos recursos e inspectores.
Hay que reconocer que en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados se mantuvieron algunas cuestiones importantes, por ejemplo, se deroga el carácter de preferente a la minería; no se podrán realizar actividades mineras en áreas naturales protegidas, cauces federales, humedales o en el lecho marino. Se mantiene el requisito planteado en la iniciativa presidencial para obtener la concesión minera e hídrica de elaborar y comprometer un Programa de Restauración, Cierre y Postcierre, antes de las operaciones. Además, se establecen dos vehículos financieros como garantías para cubrir los daños sociales y ambientales que cause la explotación minera.
Conclusión: las grandes empresas mineras nacionales, como Grupo México y Peñoles y las grandes trasnacionales, sobre todo canadienses, cabildearon, chantajearon y dejaron circular datos fake y pronósticos sombríos para bloquear una legislación que ni en sus lugares de origen han podido esquivar.
Para defender el agua, seriamente amenazada, proteger el medio ambiente, los derechos de las comunidades y la propiedad de la Nación sobre el subsuelo es necesario exigir a la Cámara de Senadores que no apruebe los cambios a la iniciativa presidencial que hizo la Cámara de Diputados. O que se lleven a consulta no sólo de las empresas mineras, sino de toda la ciudadanía.
Para esto invitamos a firmar esta carta a las y los Senadores: https://actionnetwork.org/letters/senadores-defiendan-nuestra-agua-frente-a-las-mineras
