Garduño es vinculado a proceso por tragedia migrante; ‘seguiré en el INM mientras no se ordene lo contrario’
lunes, mayo 1, 2023
Juez federal vinculó al comisionado Francisco Garduño a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez; sin embargo, el funcionario seguirá su proceso en libertad, solo deberá acudir a firmar cada 15 días al juzgado mientras concluye la investigación
Por Blanca Carmona / La Verdad
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en una serie de omisiones que provocaron un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, hecho que causó la muerte de 40 extranjeros y lesiones a otros 27.
Tras una audiencia de más de 10 horas, en la que Garduño decidió guardar silencio, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, lo vinculó a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público y no permitió la revisión de la medida cautelar, por lo que sólo deberá acudir cada 15 días a firmar al juzgado.
Con esta resolución, el comisionado seguirá enfrentando el proceso penal en libertad, como se determinó en la audiencia de formulación de cargos. Además, continuará al frente del INM.
“Quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina. Sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Entonces me sigo acogiendo a la garantía constitucional y seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario.
“Y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, declaró Garduño al salir del Centro de Justicia Penal Federal rodeado por sus abogados y un equipo de seguridad conformado por mujeres.
Garduño es el funcionario de más alto rango que es vinculado a proceso por la tragedia migrante que ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Hasta ahora son ocho los servidores públicos del INM vinculados a proceso por este hecho, de los cuales sólo seis están en prisión.
Unos minutos antes de las 21:00 horas de este 30 de abril, el juez federal dijo que tras valorar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Federación y los señalados por la defensa, llegaba a la conclusión que derivado del cargo que ocupa, Garduño Yáñez tenía el deber de proteger a las personas migrantes que se encontraban en la estación, así como de los bienes materiales.
El juez refirió que de acuerdo a la Ley de Migración y al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, el comisionado tenía que vigilar que la estancia migratoria tuviera las condiciones para hacerle frente a un incendio, que contara con el equipo necesario.
“No podemos atribuirle responsabilidad de que a alguien se le ocurrió prender fuego, no es lo que importa en esta etapa en su perjuicio. Pero si verificar que en la estancia hubiera el equipo para hacerle frente (al incendio)”, señaló el juzgador en una parte de la resolución.
El juez Hernández Calderón indicó que Garduño tenía la posibilidad de delegar algunas responsabilidades.
Específicamente sobre la responsabilidad de vigilar que las estaciones migratorias –incluida la incendiada en Ciudad Juárez–, Hernández Calderón señaló enfático que el comisionado tenía que haber observado que contara con las condiciones para su funcionamiento, pero fue omiso.
También dijo que el comisionado si tenía conocimiento de las condiciones en que operaba la estación migratoria de Ciudad Juárez, ubicada junto al puente internacional Reforma-Stanton, pues había recibido oficios en los que se le informó que existía hacinamiento. Situación que el pasado 27 de marzo provocó la falta de comida suficiente y de agua potable.
Eso derivo en una manifestación con fuego en el área de alojamiento varonil, donde quedaron atrapadas 68 personas migrantes al no localizarse las llaves del candado con el cual estaba cerrado ese espacio, expuso.
Datos de prueba ofrecidos por la defensa.
Antes de que el juez emitiera la resolución, los abogados defensores de Garduño Yáñez presentaron varios datos de prueba.
Entre estos el contrato firmado con CAMSA S.A. de C.V., la empresa que prestaba el servicio de vigilancia en la estación migratoria incendiada, y dijeron que los guardias de esa compañía eran los responsables de las llaves del área de alojamiento y quienes debieron haber abierto la puerta a los migrantes al momento del incendio.
Sobre CAMSA, la defensa de Garduño también afirmó que los guardias tenían la responsabilidad de actuar cuando observaban una “mala actuación de los migrantes”, tenían que haber actuado cuando observaron que los venezolanos estaban acumulando las colchonetas frente a la puerta.
Incluso dijeron que los guardias podían haber separado y esposado a los migrantes que iniciaron la manifestación.
Los abogados defensores presentaron un contrato entre el INM y Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V., para acreditar que esa compañía proporcionaba tres alimentos saludables al día en la estación migratoria que fue incendiada. También un “box lunch” para los extranjeros que estaban en traslado.
Se citó la existencia de un contrato con Ivresse Internacional S.A. de C.V., para la entrega de kit de limpieza personal.
Otro contrato con Constructora Mayran de San Pedro S.A. de C.V., para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las estancias y estaciones migratorias, asegurando que los migrantes son quienes causaban daños en las estaciones y arrancan objetos, en algunas ocasiones.
Se enumeró un documento con la empresa Ignis Protection S. de R.L., para el suministro de extinguidores. Además, los defensores indicaron que había 18 extinguidores –ocho con una capacidad de kilos, seis con una capacidad de dos kilos y cuatro con una capacidad de nueve kilos–, a los que se les daba mantenimiento cada año y les quedaban 10 años de vida útil.
Así como oficios para la prestación de servicios de limpieza en la Oficina de Representación de Chihuahua; un oficio notificando la ampliación del área de alojamiento varonil de 40 a 80 personas; otro para la inscripción de servidores públicos a cursos de capacitación en materia de protección civil.
Una lista de las personas que fungían como responsables de protección civil en cada uno de los inmuebles del INM en el Estado de Chihuahua
El manual que debía seguirse para evitar el ingreso de objetos peligrosos a las áreas de alojamiento de migrantes y otro a seguirse en caso de incendio y diversos convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el DIF Nacional, entre otras instancias.
En su turno, una de las agentes del Ministerio Público señaló que la empresa CAMSA estaba incumpliendo con el contrato y que Garduño Yáñez lo sabía.
También citó los datos aportados por una mujer guardia de seguridad que dijo que el INM no capacitó a los guardias y el contrato dice que la capacitación era responsabilidad del INM y datos de que al menos uno de los guardias se dormía en su horario de trabajo.
Así como la facultad que tenía Garduño para cancelar el contrato con CAMSA y no lo hizo, a pesar de tener conocimiento que la compañía incumplía el contrato.
El Ministerio Público también dijo que los alimentos que se servían en la estación migratoria eran insuficientes, que había escases.
En cuanto a la entrega de kit de limpieza personal, la representación social dijo que no se entregaban a los migrantes.
También el Ministerio Público citó la declaración del jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, Omar Indalecio Pérez Martínez, quien se comunicó con personal del INM para pedir que suministraran agua y papel sanitario y refirió que ese testigo grabó una llamada telefónica con una de los agentes migratorios que ya esta vinculado a proceso penal y quien le ordenó a Omar Indalecio que a los migrantes les diera agua de la llave aunque no era potable.
Todo eso se debía a que el comisionado no supervisaba el cumplimiento de los contratos, dijo una de las fiscales.
Al momento de vincular a proceso penal al comisionado, el juez dijo que aunque existen los contratos estos están en plena contradicción con las versiones de las víctimas sobrevivientes quienes denunciaron la falta de comida suficiente y de agua potable en la estación migratoria incendiada.
También, dijo el juez, los contratos son contradictorios con el audio grabado por Omar Indalecio al hablar con un agente migratorio, quien ya está vinculado a proceso penal por estos mismos hechos y los delitos de homicidio y lesiones, y donde se escucha a ese agente ordenar que le den agua de la llave a los migrantes.
En otra parte de su argumentación, la defensa del comisionado afirmó que el INM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y existía un escalafón jerárquico, en función del cual Garduño delegaba responsabilidades.
La abogada defensora argumentó que materialmente es imposible que él estuviera presente en los 609 inmuebles del INM, en los más de 779 filtros, en los 195 puntos designados al tránsito internacional, al tanto de poco menos de cinco mil 700 empleados y de los casi cuatro millones de migrantes que atiene el Instituto.
Sobre el aseguramiento de migrantes, la defensa dijo que la Ley de Migración faculta al INM a hacerlo por razones de seguridad nacional y apuntó que son 36 horas para la puesta a disposición de los migrantes o para llevarlos a las estaciones migratorias a iniciar un proceso administrativo y 15 días para la resolución de esos procesos.
“Esa privación está autorizada” por la Ley de Migración, dijo la litigante.
Al final el juez afirmó que hay facultades del INM para hacer detenciones, presentación o privación de la libertad de los migrantes, como deseen llamarlo, pero el Estado Mexicano tiene el deber de garante de la vida y la salud de aquellos que recibe en las estaciones migratorias.
El juzgador autorizó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Son 10 los vinculados a proceso, ocho son funcionarios
Hasta el momento son 10 las personas vinculadas a proceso por el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en la estación migratoria del INM, ocho de ellas son funcionarios del Instituto, de los cuales sólo seis enfrentan el proceso en prisión.
El 4 de abril fueron vinculados a proceso Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. por los delitos de homicidio y lesiones.
Ese mismo día también quedaron vinculados a proceso por los mismos hechos un guardia seguridad privada que daba servicio en la estación migratoria, identificado como Alan Omar P.V., y el migrante originario de Venezuela, Jeison D. C.R.
El 19 de abril fueron vinculados a proceso penal Eduardo A.M. y Juan Carlos M.C., el primero de ellos se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el segundo como coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y era parte de la Unidad Interna de Protección Civil.
Unos días después, el 22 de abril, el contraalmirante Salvador G.G, extitular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, también fue vinculado a proceso por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
El 25 de abril, Antonio M.D. también fue vinculado a proceso por la tragedia migrante, y este domingo 30 de abril se le dictó la vinculación a Francisco Garduño, aunque a ambos no se les impuso la prisión como medida cautelar, es decir, enfrentan en libertad la investigación en su contra.
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