La seguridad pública en Chihuahua está en franca crisis y el gobierno de María Eugenia Campos no tiene justificación alguna para defender su emblemática Plataforma y Torre Centinela, que más parece un negocio de estado que un real instrumento para alcanzar el propósito que, se supone, trata de resolver con esas acciones
Por Jaime García Chávez
La casa de la reciente masacre a que me refiero, está ubicada a escasos metros del Palacio de Gobierno, justo en la Calle 13 número 134, entre sendas calles, una de nombre Niños Héroes y otra Manuel Doblado. Y más cerca todavía, está la jefatura del Distrito Ángel de la Policía Municipal.
Se supone que a cien metros de esa esquina hay una cámara de la Plataforma Centinela. Si funciona o no, es cosa de irle a preguntar a Gilberto Loya, jefe en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Quienes vivimos en la ciudad de Chihuahua, y además tenemos nuestro domicilio sobre la misma calle, sabíamos de tiempo atrás de un “picadero” que operaba a ciencia y paciencia de policías y vecinos.
Los que parecen estar al margen de todo esto que forma parte de la cotidianidad, son los aparatos del estado, encargados de prevenir, perseguir y generar seguridad entre la población; es decir, las autoridades municipales del ramo, la propia Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de Seguridad Pública.
Para ellos fue noticia que ahí se traficara con drogas, porque se enteraron después de una masacre en la que perdieron la vida cinco personas.
Si a lo anterior agregamos que toda esta violencia sucede en el vecindario donde se levantan los principales edificios públicos, en pleno centro de la ciudad capital, no tenemos sino que concluir que la seguridad pública en Chihuahua está en franca crisis, y que el gobierno de María Eugenia Campos no tiene justificación alguna para defender su emblemática Plataforma y Torre Centinela, que más parece un negocio de estado que un real instrumento para alcanzar el propósito que, se supone, trata de resolver con esas acciones.
El fiscal de la zona centro del estado, Francisco Martínez Valle, de quien dije en otro artículo publicado en septiembre pasado, que se trata de un abogado auxiliar de Francisco Molina, durante la defensa que este hizo para sepultar la acusación de corrupción contra la actual gobernadora, ha salido a la palestra a informar que estaba pendiente un cateo sobre el lugar, tramitado ante un juzgado, lo que habla del conocimiento previo que tenían de ese “picadero”.
Ahora, el mismo funcionario, a toro pasado, nos viene con la cantaleta de que están haciendo “acopio de datos para robustecer las investigaciones” y dar con el paradero de los homicidas.
De una declaración periodística se desprende además que esa Fiscalía afirma que ninguna de las cámaras de seguridad aledañas detectó “movimientos extraños”.
Todo esto es una farsa que exhibe el descuido con el que se atiende la seguridad pública en la capital del estado de Chihuahua, y no sobra decir que si la Plataforma Centinela no sirve a unos cuantos pasos del Palacio de Gobierno y de una comandancia de policía, menos podrá llegar la Torre Centinela a esos parajes tan apartados –pongo un par de ejemplos–, como los del municipio de Madera o Urique. O será que sólo sirven las instalaciones de patíbulo, como lo vimos hace poco en Casas Grandes.
25 mayo 2023
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
