Donatarias que son donantes, fondos no fiscalizables, encubrimiento de delitos y discurso de odio son la antesala que encubre a los grupos conservadores. Esos mismos grupos de políticos, empresarios y ministros de fe que proactivamente se pronuncian en contra de los derechos civiles de la población LGBTTTIQ+ o en contra de la interrupción legal del embarazo y quienes atentan contra los grupos feministas. ¿De dónde se financian los grupos de ultraderecha en México?
Por Ricardo Balderas, Geo González y David Adrián García
PODER, Presentes y Altavoz LGBT+
En México, empresarios como María Teresa Redo De Sánchez Navarro o María Asunción Aramburuzabala; políticos, principalmente militantes del Partido Acción Nacional (PAN) como Marta Sahagún de Fox; y, religiosos extremistas (Legionarios de Cristo y Opus Dei) de orden católico como Juan Sandoval Iñiguéz o Norberto Rivera construyeron alianzas corporativas y financieras por todo el país.
Esta red a través de diferentes instituciones como empresas, asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil, ha sido señalada por impulsar desde foros o manifestaciones en la vía pública, políticas que discriminan a la diversidad sexual o violentan a las mujeres.
Tan sólo en lo que corresponde a los reportes del 2022 referentes a las Donatarias Autorizadas publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas organizaciones han logrado recaudar, de dinero privado, 512 millones 773 mil 160 pesos en donativos nacionales, internacionales o mixtos (ambos orígenes).
Este monto significa por ejemplo, el doble de lo que México invirtió en el programa Sembrando Vida correspondiente al mismo año (2022). Sin embargo, debido a que se trata de donativos, estas recaudaciones del sector privado no contemplan información sobre el origen de esos fondos que, en repetidas ocasiones, han servido para operar e impulsar abiertamente su ideas discriminatorias respecto a las minorías sociales que habitan el territorio mexicano.
Estas ideas incluyen negar el derecho a la libre decisión de las personas gestantes, criminalizar a la población transexual, travesti o transgénero o impulsar las llamadas terapias de conversión. Esto lo hacen algunas veces directamente desde estas instituciones, y otras por vía de sus voceros, es decir, las personas que integran los consejos directivos o quienes representan políticamente a un sector poblacional (asambleístas/diputados).
En total, PODER pudo identificar a 48 razones sociales denominadas como: asociación civil sin fines de lucro (A.C.), asociación religiosa (A.R.), personas morales (empresas) y hasta universidades privadas. Los millones recabados combinan un esquema de donatarias con prácticas corporativas regulares, es decir, empresas de teleservicio (call centers), escuelas, imprentas, vendedoras de metales preciosos y clínicas supuestamente de atención psicológica que terminan siendo señaladas como espacios de reclutamiento para estos centros religiosos o búsqueda de privilegios fiscales con otras corporaciones.
La salud de la mujer como pretexto para juntar millonarios
El 17 de septiembre de 2008, aparece una de los personajes principales en la trama de organizaciones civiles que intentan influir en las decisiones de Estado amparadas por su actividad social. La opinión pública, sobre cómo deberían realizarse los tratamientos respecto a la salud integral para las mujeres (libre acceso a la Interrupción Legal del Embarazo o ILE) y el acceso a tratamiento a personas que viven con cáncer es, actualmente, puesta en duda (es decir, si el apoyo debe surgir desde organismos filantrópicos o netamente desde el Estado) debido a que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) suspendió parcialmente los apoyos financieros a este tipo de organismos privados. Lo cual generó atrasos y malos servicios para este sector poblacional.
Se trata de María Teresa Redo De Sánchez Navarro, hija de Juan Sánchez Navarro y Peón, fundador del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Yucatán. Misma persona que actualmente es reconocida como la pareja sentimental del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú1.
Teresa Redó aparece como presidenta vitalicia de la Organización Civil: Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención Oportuna del Cáncer de Mama, Asociación Civil. O bien FUCAM, A.C. Asimismo, su padre Juan Sánchez Navarro aparece como vicepresidente vitalicio.
Como integrantes del Consejo Directivo de dicha organización (FUCAM) aparecen personajes de la talla de: Norberto Rivera, ex cardenal de la Ciudad de México y señalado por ser el protector del pederasta y Legionario de Cristo, Marcial Maciel Degollado2; Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, designado para dicho cargo por Andrés Manuel López Obrador (AMLO); la panista excandidata a la presidencia, Marta Sahagún de Fox, acusada por impulsar la agenda antiabortista en México3; y María Asunción Aramburuzabala Larregui, quinta persona más rica de México según la BBC4.
La invitación a personajes polémicos, como Norberto Rivera, a formar parte de esta Consejería Honoraria, ocurre el mismo año en que Marcial Maciel fallece, es decir 2008, y 11 años después de que el primer caso de pederastia fuese público.
A pesar de los millonarios y poderosos integrantes del Consejo Directivo, FUCAM aparece en la discusión pública actual debido a una manifestación realizada en las afueras de Palacio Nacional cuando la institución se negó a recibir a mujeres que no estuvieran adscritas al sistema de FUCAM antes del 31 de diciembre de 2019 a pesar de los acuerdos instaurados entre la fundación y el ahora extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)5.
Crédito: Ricardo Balderas vía transparencia.Al respecto, la senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional, envió una carta dirigida a Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, reclamando por la pronta atención de las 15 mujeres que eran víctimas de la insuficiencia del sector salud por atender de manera legítima las necesidades de estas personas.
El tema derivó en una respuesta emitida por el titular de comunicación social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, vía redes sociales en el que argumentó que: “Ninguna mujer que se atiende en la fundación FUCAM quedará sin atención. Están garantizados tratamientos y medicamentos de todas las pacientes. FUCAM es financiada en su totalidad con recursos públicos, es decir, dinero de todos los mexicanos”6.
Hasta el momento, la atención temprana a pacientes que viven con cáncer de mama continúa siendo un reto para la administración de AMLO.
- Descargue aquí el registro mercantil de FUCAM A.C.
Crédito: Ricardo Balderas vía transparenciaCatólicos encabezan ataques contra la población sexodiversa y lideran movimiento antiaborto
Guadalajara y Monterrey, figuran como cunas de la LGBTfobia y las terapias de conversión. PODER logró recabar documentos y testimonios que señalan a un grupo principalmente de políticos y religiosos que son señalados por violar derechos humanos de la población sexodivergente, en particular se señala al excardenal de esta entidad, Juan Sandoval Iñíguez y Emilio González Márquez exgobernador panista de Jalisco.
El acto comenzó en 2010 cuando González Márquez era aún Gobernador. Durante su mandato se difundió que su administración entregó a una organización que impulsa Terapias de Conversión, 1 millón 300 mil pesos. La organización fue identificada como Valora A.C. (O Valora Radio, nombre comercial de dicha organización). La OSC de corte católica, a pesar de los señalamientos por delitos como tortura, continúa enlistada ante la SHCP como una donataria autorizada7.
Otro caso, de subsistencia de dicha organización, ocurre cuando la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA campus Guadalajara) le otorgó a Elvira Guadalupe Venegas, fundadora de la firma Valora Conciencia en los Medios8 un diploma por acompañamiento y asesoría familiar9. El discurso no era abiertamente homofóbico, sino que simulan ser acompañantes para algunas familias en contextos desfavorables. Es decir, academia y Estado fomentando la proliferación de estas prácticas ya categorizadas como ilegales en varios estados del país, enmascarando sus acciones como ayuda social.
El dato de la universidad es relevante dado que se trata del mismo centro universitario donde, según comentó en exclusiva para PODER el investigador Rodolfo Bañuelos del ITESO Jalisco, fue donde se encontró por primera vez con el integrante de las Intervenciones para Heteronormar la Identidad de Género y la Orientación Sexual (IHEGOS), a los que se sometió de manera voluntaria para comprobar los daños a la población sexodivergente consecuencia de estas prácticas en sus estudios académicos. Hasta el momento del cierre de esta edición, la Universidad del Valle de Atemajac no ha respondido a la solicitud de entrevista.
Se trata de un caso frecuente. Sobre el tema, el también académico y periodista especializado en cobertura de temas sociales y derechos humanos, Alejandro Velazco de la Universidad de Guadalajara y quien ha vivido en ambas ciudades (Monterrey y Guadalajara), explica sobre el fenómeno recurrente donde las organizaciones parecen orquestar el mismo discurso desde sus diferentes agrupaciones:
“Algo muy curioso es que estos grupos antiderechos tienen como una agenda muy marcada en su discurso, ¿no?, no sólo son antiderechos para las personas trans. Sino también son antivacunas, antifeminismo y muchas cosas o discursos muy cuestionables.
Son antimigración y, a partir de ahí, de esa idea, están construyéndose como un discurso de que todo lo que se ha avanzado, todo el progreso que se ha tenido en derechos sociales, absolutamente todos en derechos sociales sexuales y de salud, etcétera, son un enemigo”.
Otra recurrencia en el discurso de estas asociaciones, que el académico nombra como “conservadoras”, es el hecho de que su discurso a lo externo generalmente está enfocado a trabajos familiares o al sector salud… “Las asociaciones conservadoras, generalmente se llamaban de padres de familia o con mis hijos no te metas, etcétera. Eran como un preámbulo a lo que después fue el Frente Nacional por la familia”. De este modo, según explica Velazco, el discurso les permitió a dichas organizaciones captar la atención de ciertos grupos que compartían ciertas estructuras morales y no científicas de los conceptos, como los derechos civiles.
Algunas de las empresas y/u ONG relacionadas a los IHEGOS y a Juan Sandoval Íñiguez, ex cardenal de Jalisco son:
- Valora A.C. (Valora Radio)
- Courage International, Richard Cohen
- Courage Latino, Rubén García
- Clínica VenSer, Everardo Martínez
- Inmuebles SECON S.A. de C.V. (Después, el cardenal renuncia a la administración y entra J. Jesús Quiroz Romo)
En el mismo sentido que los conservadores disputaron los derechos civiles de la población de la diversidad, se apoya a las organizaciones antiabortistas. En 2019, la periodista Linaloe Flores, descubrió una red de 36 organizaciones que se habrían pronunciado en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera pública. Señalando además que, durante 12 años, esas mismas asociaciones habrían recabado 857 millones de pesos (mdp) vía donaciones de la iniciativa privada para operar sus actividades10.
En dicha investigación, la conclusión de la periodista coincide con el académico Velazco y es muy categórica: “El movimiento antiabortista del país, está vinculado a la Iglesia Católica y al Partido Acción Nacional”.
Algo similar a lo ocurrido con el XIV Congreso Mundial de las Familias México, donde abiertamente se promueve la LGBTfobia y donde se llama, a cierto sector del movimiento feminista, como “ideología de género”. Dicho evento fue patrocinado por las empresas Electrolit, Alpura, Aeroméxico, Verbum y Grupo Caabsa. Todo sin aclarar montos y/u origen del dinero.
En entrevista exclusiva para poder, la periodista finaliza:
-Me puedes compartir tu nombre, tus pronombres y una breve descripción de ti y tu trabajo, por favor.
-Linaloe R. Flores. He sido ella hasta ahora. Muchas ellas. Aunque, algunas veces, tuve como heterónimo a Ginés quien es un él. Estudié la licenciatura de periodismo en la Carlos Septién García y una maestría en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido reportera durante las últimas tres décadas. Me he abocado a los datos abiertos. En estos momentos soy jefa de información en Reporte Índigo, mentora en el Border Hub Center y mando por correo electrónico La Cerradura, una ‘newsletter’ de agenda propia.
-¿Cómo fue que llegaste a la investigación?
Era abril en la Ciudad de México y se acercaba el aniversario de la reforma de la Ley de Salud que a partir de 2007 permitió la Interrupción Legal del Embarazo. Mis condiciones como periodista las marcaba el independentismo (era ‘freelancer’). Debía trabajar con agilidad para cubrir el onomástico. Esa sería una de tantas entregas del mes. Las siguientes preguntas empezaron a danzar: ¿Qué pasa en las calles respecto a ese día? ¿Se celebra? ¿Se critica? Una búsqueda mediante la herramienta ‘Google advanced’ arrojó que en abril de cada año, en la capital del país había manifestaciones, decenas de manifestaciones. Manifestaciones en contra de la legislación que aprueba la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación. Lo que siguió fue listar qué grupos habían marchado en los últimos años con esta causa. Entonces, se indagó sobre su esencia. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes los dirigen? Surgió otra pregunta: ¿Cuánto dinero manejan? La revisión de los reportes de donatarias autorizadas ante la Secretaría de Hacienda brindó montos y un cálculo de su dinero. En el periodismo de datos, los datos a veces son material de acompañamiento –una suerte de ornamento–, pero en otras, son los protagonistas. Aquí se convirtieron en el elemento principal dado que el hallazgo fue una cantidad de millones de pesos en una década. Así surgió una nota de datos abiertos cuya hechura tomó una semana.
-¿Por qué crees importante investigar a las organizaciones antiderechos?
Porque tienen importancia como cualquier otro actor de la vida pública y su quehacer genera un abanico de interrogantes, materia prima periodística.
-¿Cuál fue el principal reto de este reportaje?
La identificación de las organizaciones como antiabortistas. En sus registros ninguna admite esa causa.
–¿Consideras que estos grupos tienen influencia real en la vida pública?
La tienen y es considerable. A través del Partido Acción Nacional están representados en el Congreso. Además, como dijo el investigador Édgar González Ruiz en entrevista para la nota, buena parte de la clase política y el empresariado aún comulga con el conservadurismo histórico.
-¿Qué opinión tienes sobre las relaciones entre Estado, Religión y Empresas?
En cuanto a la relación Estado-religión, me apego a la frase bíblica: “… Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Como también hay que aludir a las empresas, me permito reelaborar: “ … Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y lo suyo al que da trabajo con justicia y conciencia social”.
-Consideras que los mecanismos de transparencia actuales son suficientes para la investigación de estos grupos de poder.
Si bien en México se cuenta con una palestra de mecanismos de transparencia, todos tienen límites. Para seguir la ruta del dinero de las organizaciones civiles, hay que revisar los reportes de donatarias autorizadas ante la Secretaría de Hacienda. Esos documentos sólo presentan si los donativos fueron en efectivo o especie, o si provinieron del país o el exterior. Pero está ausente la identidad de los donadores. Ahora, esta ausencia –que en términos de transparencia es una carencia– puede detonar la investigación periodística.
-Recibiste alguna agresión por publicar temas referentes a minorías
En realidad, no. Recuerdo como reacción a la nota que un usuario de Twitter hizo su propio ejercicio de búsqueda de donativos de las organizaciones civiles que han apoyado la la Interrupción Legal del Embarazo. También una activista feminista, Pilar Muriedas, señaló que no eran grupos “pro-vida”. Me arrobaron. Y eso fue todo.
Descargue aquí la base de datos de empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro o personas físicas que recibieron fondos del Estado, donaciones privadas o recursos en especia (también de origen privado) en México durante el periodo correspondiente al 2022.
Independientemente de cualquier posición que se pueda tener respecto al aborto, movimientos feministas o la población de las minorías sexuales, lo aquí mencionado, no desacredita todo tipo de trabajo social de las asociaciones o empresas mencionadas en esta investigación.
***
Las empresas del Ritual Romano
En medio de un salón de grandes dimensiones (capaz de albergar a más de 100 personas), cada uno de los asistentes que se encuentran incomunicados dan detalles de su vida sexual y otras intimidades frente a una multitud de perfectos desconocidos. Todo ocurre frente a una cruz de madera con un hombre colgando y con el rostro ensangrentado. Haciendo uso de una tachuela, colgaban sus “pecados” a los pies de la imagen religiosa.
Todos ahí, salvo unas pocas personas (dos, quizás tres), son menores de edad que fueron privados de su libertad con autorización por escrito de sus padres para ser expuestos a un sistema de tortura que, entre otras cosas, oscila entre las violaciones colectivas (o coito correctivo como ellos lo llaman), electrochoques en el área genital, culpa extrema por sus prácticas sodomitas bajo la supuesta responsabilidad de seres del inframundo por ese deseo carnal que los organizadores de este ritual tratan de exterminar.
El “acompañante”, un sujeto que porta una sotana, exclama fuertemente y en latín: “que baje el espíritu santo”. Y se dispone a leer el Ritual Romano, letanía utilizada por el rito católico para realizar exorcismos. Todo esto ocurre bajo el supuesto amparo de tratarse de una práctica científica, incluso, así lo publicitan1.
Este testimonio fue seleccionado, dentro de otras más de cuatro horas de audios de entrevistas a personas sobrevivientes de lo que estos grupos conservadores denominan ‘terapias reparativas’ (prácticas que parten de la idea falsa de que las orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales no hegemónicas pueden “curarse”) con el único objetivo de mostrar a la audiencia que lo que nombran como ‘terapia” son en realidad prácticas violatorias a los derechos humanos que buscan reprimir la orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales de las personas LGBTTTIQ+.
Desde 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) y asociaciones de psiquiatría alrededor del mundo han nombrado a estas prácticas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), procedimientos que califican de fraudulentos, sin bases éticas ni científicas y equivalentes a la tortura.
Nada que corregir. Para el doctor en Derechos Humanos y Paz, Rodolfo Bañuelos de la universidad ITESO en Guadalajara, el conocer el trasfondo de estas organizaciones es el resultado del trabajo y años de investigación con la que intenta demostrar las implicaciones que tienen las Terapias de Conversión en la población LGBTTTIQ+, y a las que él llama: Intervenciones para Heteronormar la Identidad de Género y la Orientación Sexual (IHEGOS).
Crédito: Ricardo Balderas/PODEREs tortura, no terapia
La expresión “terapia de conversión” se utiliza como un término paraguas para referirse de manera genérica a los diversos métodos e intervenciones de caracter pseudo médico, pseudo psicoterapéutico y religioso que consideran que las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas pueden “corregirse” o “curarse”. Y que en muchos casos los primeros en promoverlas son familiares o personas en una posición de autoridad.
No obstante, es importante subrayar que los ECOSIG no tienen que entenderse como sinónimo de “tratamiento” o “terapia” para curar ninguna enfermedad pues las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas no son una patología. Por lo tanto no hay nada que corregir, nada que curar, nada que cambiar.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que las ‘terapias de conversión’ carecen de justificación médica y representan “una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas”. Para 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría señaló que no existe evidencia científica sólida que indique que la orientación sexual e identidad de género se puedan cambiar, y menciona que “cualquier intervención que pretenda tratar algo que no es un trastorno es totalmente poco ético”.
En 2020 el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG, por sus siglas en inglés) declaró que ofrecer una ‘terapia de conversión’, “es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude”. Y de acuerdo al informe del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, estas prácticas son “tratos crueles, inhumanos y pueden equivaler a la tortura”.
Dicho documento señala, además, que estas violaciones a derechos humanos suceden de manera “muy frecuente” en África y “bastante frecuente” en América Latina y el Caribe, y Asia.
Crédito: Geo GonzálezEn México 1 de cada 10 personas LGBTTTIQ+ obligadas a la tortura
En México 1 de cada 10 personas LGBTTTIQ+ fueron obligadas por sus padres a acudir con un psicólogo o autoridad religiosa con el fin de “corregirle”. En números absolutos representa 318 mil 791 personas de la diversidad sexual fueron reprimidas de esta manera, de acuerdo a la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG, 2021).
La maestra Lupita Torres, psicóloga con enfoque cognitivo conductual e integrante de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario señaló a este medio que estas formas de tortura involucran daños “severos” en las personas que sobreviven estas prácticas.
“Hay un daño emocional, generando miedo, tensión, agotamiento, frustración. Tiene un impacto psicológico que puede manifestarse en depresión, tendencias suicidas, episodios psicóticos. Pero no sólo es lo mental, también se daña la parte espiritual, que es la pérdida de fé, la pérdida de un Dios. Y a nivel de las relaciones personales también hay daño con la familia. Así mismo, se generan daños sexuales y físicos, se pueden dar sintomatologías como trastornos psicosomáticos (cuando dolores físicos se ven agravados por factores mentales)”.
Además de los espacios religiosos y terapéuticos donde se practican los ECOSIG, en México se ha documentado por organizaciones como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y recientemente por el Cómité de Desaparición Forzada de la ONU, que se utiliza el delito de desaparición para lograr la privación de la libertad y no localización de personas LGBTTTIQ+ con el fin de ser reprimidas por este tipo de mecanismos.
En la última visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se informó sobre la desaparición de persona LGBTTTIQ+ y que éstas “habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de ‘limpieza social’ o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados ‘centros de terapias de reconversión’”.
Es así como las prácticas para reprimir la orientación sexual e identidad de género de las personas también se cruzan en el contexto de violencia generalizada que comenzó en 2006 al implementarse la estrategia de seguridad militarizada y que hoy día mantiene al país sumido en una crisis de derechos humanos con más de 111 mil personas desaparecidas y al estado de Jalisco como uno de los territorios en donde más se desaparece a personas.
La creación de un delito, vacíos legales y multas que se pagan con tortura
Agencia Presentes realizó un análisis a las iniciativas impulsadas por activistas que buscan prohibir y sancionar los ECOSIG. Revisamos cada uno de los Códigos Penales del país en donde ya se contempla a las “terapias de conversión” como un delito y los casos extraordinarios donde se reformó la Ley de Salud y se hace mención de estas prácticas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Encontramos que actualmente las ‘terapias de conversión’ están tipificadas como delito en 13 Códigos Penales del país a nivel local. Sin embargo, ninguna de estas reformas finca responsabilidades a los líderes religiosos.
Además, ninguna de estas leyes contempla a las víctimas y sobrevivientes; pues no se establecen medidas de reparación del daño, ni garantías de no repetición, y en ninguna se habla de prevención o de una ruta de atención a víctimas para el acceso a la justicia.
La sanción en cada una de estas reformas es un tiempo en prisión que va de uno a seis años o el pago de una multa económica a quien “imparta, promueva, ofrezca, financie, someta u obligue” a una persona a una ‘terapia de conversión’. Dicha multa está sujeta al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Por ejemplo, la ley aprobada en Jalisco no sanciona con cárcel sino con trabajo comunitario o una multa económica de 50 a 300 UMA a los profesionales de la salud que realicen terapias de conversión.
Actualmente, el valor diario de una UMA es de 103.74 pesos, lo que equivaldría a pagar una multa mínima de 5 mil pesos y máxima de 30 mil pesos. Una cuota que probablemente puede ser pagada con lo que se cobra por torturar.
Por otro lado, al menos tres estados (Hidalgo, Colima y Sonora) han reformado, además del Código Penal, también su Ley de Salud en donde estipulan sanciones como la suspensión de oficio hasta la cancelación de la cédula profesional a profesionales de la salud mental que diagnostiquen con base en la orientación sexual e identidad de género o ejerzan terapias de conversión.
A nivel federal, el 11 de octubre de 2022 se aprobó en el Senado de la República un proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión. La sanción es de uno a tres años de prisión y la suspensión de la actividad profesional de uno a tres años. Actualmente este proyecto está a la espera de ser votado en la Cámara de Diputados para que sea una realidad.
Pese a existir legislación en materia penal, el Estado mexicano, a nivel federal y local, tiene pendiente crear mecanismos que contemplen a las víctimas, prevenga este tipo de violaciones a los derechos humanos y sancione a líderes religiosos.
Servicios que se amparan en la clandestinidad
Las terapias de conversión en México no se anuncian como tal, se camuflan en la clandestinidad sin auditoría de las autoridades sanitarias y de salud en centros de rehabilitación para la salud mental y uso de sustancias conocidos como “granjas o anexos”, y en lugares promovidos como “retiros” desde los púlpitos de templos religiosos católicos.
En México, uno de estos negocios que aseguran “revertir la homosexualidad” y “desarrollar la heterosexualidad” es la clínica VenSer, a cargo del psicólogo Everardo Martínez quien labora actualmente en Guadalajara con una cédula profesional federal, pese a que el Colegio de Psicólogos de Jalisco le había retirado su cédula profesional para ejercer en la entidad, de acuerdo al doctor Rodolfo Bañuelos.
A nivel internacional México es “capítulo” de Courage, una organización católica ultraconservadora que promueven las terapias de conversión en al menos 117 ciudades alrededor del mundo en donde enfocan su trabajo a personas que ellos nombran “con atracción por el mismo sexo” por medio de retiros individuales que promueven la castidad y “acompañamientos” a sus familiares.
Esta organización brinda “retiros” en al menos 17 ciudades de México; y de acuerdo a información de su página web, también tiene presencia en ocho países de América Latina, en Centroamérica se ubican cuatro sedes.
Bajo un panorama de servicios que se amparan en la irregularidad, Ninde MolRe, abogada de México Igualitario y Casa Frida, comentó en entrevista que es necesario empujar posturas que busquen la prevención de los ECOSIG y que el Estado mexicano aclare qué organismos se harán cargo de supervisar y auditar a las instituciones religiosas y médicas que ejerzan este tipo de violaciones a los derechos humanos.
“Me preocupa mucho el tema de los anexos porque cruza a otras problemáticas, como el tema de drogas, de uso de sustancias, de enfermedades mentales. Siento que en algún momento los activismos vamos a tener que sentarnos a platicar, revisar de nuevo en cada estado qué es lo que tenemos que hacer para obligar a estas autoridades a que prohíban que existan estos centros porque, de nuevo, estos centros pueden ser religiosos y estar bajo las leyes de asociaciones religiosas o pueden ser médicos operando ilegalmente, ahí está la complejidad de todo este asunto, y que el Estado no está garantizando la seguridad de las personas ante un ECOSIG y mucho menos trabajando en la prevención”, agregó la abogada.
Las conversaciones que faltan en los activismos
La abogada Ninde MolRe teme que una vez que los ECOSIG se prohíban y sancionen a nivel federal se dé por hecho “que así termina un problema que se ha capitalizado con el dolor y los testimonios de las personas para crecer una agenda de un problema que es mucho más grande que solamente crear un delito”, enfatiza.
Y agrega que para ella es vital conversar con otros movimientos sociales; desde quienes piden un sistema nacional de cuidados, familiares que buscan a sus desaparecides, personas en situación de movilidad, adultes mayores LGBTTTIQ+, e incluso sumar a las personas LGBTTTIQ+ que sí practican alguna religión y están vinculadas con grupos religiosos.
“Creo que sí tenemos que preguntarnos qué tanto está funcionando la creación de un delito. Necesitamos esos diálogos porque la realidad es que todo el sistema penal en México está en el hoyo. Y también nos hace falta mucha autocrítica al interior de los movimientos; yo sí creo que necesitamos tener transparencia y rendición de cuentas de los fondos que recibimos por hacer una labor social y como tal dar cuentas de qué estamos haciendo y en qué lo estamos usando”, finalizó.
Las empresas del Ritual Romano
Han pasado ya más de catorce años desde que se denunció a estos grupos por realizar tortura, principalmente a menores de edad que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Muchos de los cuales, se quitaron la vida luego de ser sometidos a estas prácticas.
Sin embargo, el apoyo político, financiero y religioso es tan perdurable, que aún hoy en día continúan con representatividad, por ejemplo en el estado de Jalisco y otras regiones del país.
Por ejemplo, para Juan Sandoval Iñiguez, Ex Cardenal de Jalisco, la homosexualidad es un enemigo moral de la iglesia que representa, incluso, en una carta dirigida al Vaticano, comenta que desde su punto de vista la comunidad de la diversidad sexual es inmadura, egocéntrica y narcisista, dicho lo cual, representa un obstáculo para los intereses de su congregación. “Debemos advertir sobre la presencia, cada vez frecuente, del narcisismo, el cual junto con la homosexualidad, son las formas típicas de inmadurez afectiva y sexual (cf. OECS 21). El narcisismo contemporáneo, va de la mano con la aparición del individualismo de corte estético-emotivo, y quizá por ello se ha difundido más en la sociedad. Este narcisismo se caracteriza, además de un equivocado amor a sí mismo, por la ansiedad, pues se busca encontrar un sentido a la vida ya que se duda incluso de su propia identidad” (sic).2
El hecho, las declaraciones del Cardenal, la polémica por el financiamiento desde el estado a estos grupos y la revelación de los casos de tortura, generaron una fuerte campaña de proteccionismo a esta comunidad vulnerable que llevó al país entero a intentar legislar para que estos hechos fueran anulados del país, sin embargo, gracias a las relaciones principalmente empresariales y políticas, estos grupos continúan operando.
Por ejemplo, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA campus Guadalajara) le otorgó a Elvira Guadalupe Venegas Fundadora de la firma Valora Conciencia en los Medios, una de las ONG que se vieron beneficiadas con 1 millón 300 mil pesos de dinero público para “convertir personas homosexuales”3 un diploma por acompañamiento y asesoría familiar4. Es decir, academia y estado fomentando la proliferación de estas prácticas ya categorizadas como ilegales en varios estados del país.
El dato es relevante dado que de trata del mismo centro universitario donde, según comenta el investigador Rodolfo Bañuelos, se encontró por primera vez con el integrante de los IHEGOS a los que se sometió de manera voluntaria para comprobar los daños a la población sexodivergente consecuencia de estas prácticas. Hasta el cierre de está edición, la universidad no respondió a la solicitud de entrevista realizada por este medio de comunicación.
Del mismo modo que el Gobierno de Emilio González Marquéz le entregó dinero de los contribuyentes a este grupo religioso o la UNIVA certificó con diplomas, el actual Gobierno del Estado de Jalisco, liderado por Enrique Alfaro Ramírez del partido Movimiento Ciudadano, a través de la alcaldía de Zapopan, integró a la asociación civil encargada promover los valores católicos ultraconservadores al programa de Sumemos por Zapopan “A favor de las y los zapopanos”, aseguran en el sitio web de la municipalidad5.
Finalmente, este medio de comunicación también pudo corroborar que el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga del Partido Acción Nacional (PAN) originario de San Luis Potosí, se asume a si mismo como miembro fundador de esta organización civil. Incluso, en los reportes de la oficina de Atención Ciudadana del Congreso de la Unión, se puede apreciar claramente que el asambleísta colocó dicha información como parte de su curricular.
Es decir, aquellos integrantes de los grupos religiosos ligados al ex cardenal y que en el pasado fueron señalados por presuntamente cometer delitos como tortura, continúan operando en total impunidad, ocupando cargos públicos o generando lazos con diversas universidades del país.
Empresas relacionadas a los IHEGOS y a Juan Sandoval Íñiguez, Ex cardenal de Jalisco:
- Valora A.C. (Valora Radio)
- Courage International, Richard Cohen
- Courage Latino, Rubén García
- Clínica VenSer, Everardo Martínez
- Inmuebles SECON S.A. de C.V. (Después, el cardenal renuncia a la administración y entra J. Jesús Quiroz Romo)
***
La marcha del orgullo es nuestra
Era mayo de 2016 y la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de Chihuahua se encontraba en una etapa de rápida expansión, cada vez con más asistentes. El Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, organizadores por segundo año consecutivo de la marcha (que sería la novena en la ciudad), sabían que necesitaban superar la expectativas. Karla Arvizo era una de las coordinadoras y recuerda que por primera vez decidieron buscar apoyos de empresas. Fue así que se les ocurrió pedir el apoyo de un banco para la marcha:
“Contactamos a Scotiabank por medio de José Antonio Carranza, le pedimos apoyo para comprar banderas que regalaríamos a los asistentes para vestir la marcha para que se viera colorido, y nos dijeron que sí, que nos iban a apoyar. Incluso nos mandaron el diseño con el logo de ‘Pride Connection’ para ponerlo a las banderas”.
José Antonio Carranza era en ese momento el director de marketing de Scotiabank México, y es miembro fundador de Pride Connection, una organización que provee capacitación sobre diversidad e inclusión laboral para personas de la diversidad sexual desde 2014 y aglutina a varias empresas nacionales y extranjeras.
Según cuenta Karla, originalmente el banco se haría cargo del pago de las banderas directamente con el proveedor y se las mandarían a tiempo para usarlas en la marcha, pero no se logró hacer de esta forma: “Entonces nos dijeron que fuéramos a una sucursal, y que habláramos con el gerente para que nos diera el dinero que se iba a gastar en las banderas y nosotras lo pagáramos directamente al proveedor. El apoyo era de 5 mil pesos” agrega.
Sin embargo, tras platicar con un ejecutivo, quien aseguraba no saber nada al respecto y que se notaba molesto por la petición, Karla recuerda que les tuvieron varias horas esperando hasta que mejor decidieron irse: “Estábamos acostumbradas al no, a que nos pusieran trabas, a que las autoridades nos negaran permisos para el templete o para marchar. Decidimos que no valía la pena esperar tanto por el apoyo, si ya llevábamos semanas gestionándolo y siempre había un pero, el caso es que a nivel nacional dicen que apoyan pero aquí en lo local los empleados son los que deciden y si te toca uno homofóbico pues es toparse con pared”.
Para Karla y su equipo fue una gran desilusión ver que Scotiabank a nivel nacional hacía campañas a favor de la diversidad y participaba en ferias y eventos LGBTTTIQ+, mientras que a nivel local ese apoyo no se sentía. Tras esta interacción con el banco, la organización decidió no darle seguimiento a la solicitud ni volver a contactarles en busca de apoyo: “Todo el dinero que se gasta en la Marcha del Orgullo de Chihuahua para permisos, pago de seguro, ambulancias, templete, sonido y artistas, sale de la propia comunidad. Cada año hacemos una rifa, hacemos cenas, hamburguesadas, eventos en bares y antros, y recientemente también recibimos apoyo directamente en efectivo de empresas locales pequeñas, casi todas de la misma comunidad LGBTTTIQ+ o donde trabajan personas LGBTTTIQ+ y que les interesa que la marcha se haga: ¡La marcha la sostenemos nosotras!”.
Mientras en la Ciudad de México se discute si se debería permitir la presencia de marcas con contingentes o carros alegóricos en la marcha, en otras ciudades del país la discusión les es completamente ajena porque muy pocas marcas (y en varios casos ninguna) se han acercado a apoyar a los movimientos locales.
Este año en el cartel oficial de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de Chihuahua aparecen los logotipos de varios bares locales que atienden a la población de la diversidad sexual en la ciudad, así como marcas de vino de productores de Chihuahua, una florería, una pastelería, una clínica odontológica, una tienda de pinturas, e incluso un negocio de planchado doméstico. Todos estos negocios resaltan porque son propiedad de personas LGBTTTIQ+ de la ciudad, o cuentan con empleados de esta población que se pusieron en contacto con el comité organizador para patrocinar la marcha. La única empresa nacional presente es la marca de condones “Prudence” que por segundo año apoya al movimiento en la ciudad.
Las marcas que apoyan, no lo hacen bien:
Alan vive en Ciudad de México y es diseñador de moda. Su marca se llama Anacoreta, y es el proyecto que le ocupa su vida. Noto al escucharle hablar de su empresa que le tiene un cariño muy especial. Alan dice con orgullo que toda su plantilla laboral está conformada por personas LGBTTTIQ+, y cerca del 80% de sus clientes también forman parte de la diversidad sexual: “yo sé que ser una persona LGBTTTIQ+, sobre todo con una expresión de género fluída, puede ser un impedimento para conseguir trabajo, y por eso es que al momento de contratar procuro favorecer a la comunidad”.
Por esto, recibió con gran sorpresa y honor la invitación que le hizo la Federación Mexicana de Empresarios LGBTTTIQ+ (FME) a formar parte de un evento en conjunto con el banco HSBC.
El evento se llamaba “Expo feria PyMES LGBTTTIQ+” y según le informaron sería la ocasión ideal para conocer a proveedores y compradores de grandes empresas, así como a otros empresarios LGBTTTIQ+ con los que podría conectar y hacer negocios. A Alan esto le emocionó mucho y aceptó de inmediato.
“Me emocioné al recibir la invitación y por supuesto que acepté. Esto me implicó cancelar mi participación en un bazar, que suele ser donde más vendemos, pero pensé que sería mejor estar en el evento para hacer contactos”.
A Alan le dijeron que la invitación era privada, y que los organizadores se encargarían de invitar a los proveedores y compradores, y que no habría acceso al público en general. Tras esto no volvió a saber nada del evento hasta menos de dos semanas antes de la fecha acordada, que sería el 29 de mayo de 2023. Después de varios intentos logró que le contestaran un correo electrónico donde le dieron información para su registro. Alan seguía con dudas del evento pues no sabía qué podía llevar o cómo iba a organizarse, pero no obtuvo respuesta. Él no se lo tomó personal, pensó que quizá se trataba de un fallo de su correo, o que estaban muy ocupados para contestarles a todos.
Así que se presentó el día acordado en la Torre HSBC, en la glorieta del Ángel de la Independencia en Avenida Reforma, en la Ciudad de México: “Nos dijeron que el montaje de los stands era de 7:30 a 9:30 am, y yo decidí llegar a las 8:30 porque no tenía mucho qué acomodar, mi sorpresa fue llegar y ver que había una gran fila para entrar por la parte de atrás” cuenta. Al llegar a la fila y empezar a platicar con los demás asistentes descubrió que no era el único al que no le habían contestado, y varias personas con las que platicó tenían dudas sobre cómo sería la feria.
“Estuvimos afuera varias horas, salió un chico de HSBC a tomarnos datos pero decía que no sabía nada del evento, hasta después de las 10:30 nos dejaron pasar” señaló, y recuerda que el lugar era muy pequeño para la cantidad de expositores, por lo que tuvieron que habilitar otras salas.
Tras acomodarse se dieron cuenta que no llegaba nadie: “le preguntamos a una chica que trabajaba ahí a qué hora empezaba a llegar la gente, pero no sabía nada. Pasaban algunos empleados del corporativo, pero nada más”.
Alan recuerda que varias personas estaban decepcionadas y enojadas con la organización, pues sentían que no habían respetado su tiempo ni cumplido con lo que les habían prometido: “Tuvimos tanto tiempo libre que conocí a una señora de Guanajuato que venía de una organización se dedica a ayudar a infancias trans, y me contó que se habían gastado bastante dinero de la asociación en el viaje, entre transporte, hotel y todo, porque confiaron que el nombre de HSBC y de la federación estaba detrás. Perdieron no sólo el tiempo sino dinero que les pudo servir para más cosas”.
Tras unas horas Alan decidió retirarse, pues le pareció que sería más productivo en su negocio atendiendo envíos y otros pendientes que estar toda la tarde en una expo donde no se sentía bien recibido: “Hay gente que estuvo en la calle 3 horas para que le dieran una mesa de 50 cm, todos íbamos ilusionados con nuestras cosas para vender, pero ni en el peor bazar en días de lluvia había tenido tan poca atención y tan poca visibilidad”.
Alan cuenta con humor que pese a las malas atenciones que recibió del personal de HSBC ese día, al día siguiente le llamaron para ofrecerle servicios bancarios: “Me llamó un chico y me ofreció la terminal bancaria de HSBC y otras cosas, y le dije: si tu servicio es tan malo como lo que vi ayer, por supuesto que no quiero” y añade que nunca le informaron que los datos que dio para registrarse en el evento serían usados para tratar de venderle algo después.
La mala experiencia que le hicieron pasar a Alan y a decenas de expositores más hicieron que concluyera que no volvería a participar en ningún evento que tenga que ver con el banco o la federación que lo invitó: “Sólo jugaron con nuestro tiempo y nuestros recursos, en nombre de la diversidad”.
Crédito: David Adrián GarcíaCuando asistir a la marcha no es suficiente
La presencia de empresas en las Marchas del Orgullo LGBTTTIQ+ en México con contingentes y carros alegóricos suelen ser resultado del esfuerzo de empleados que forman parte de la diversidad sexual y que buscan hacer de su espacio de trabajo un lugar más inclusivo. En ocasiones, estos empleados se topan con la resistencia de sus jefes de permitir que la marca se vea involucrada en un evento como este, pero pese a esto lo logran.
Sin embargo, estos esfuerzos a menudo son cooptados por la empresa al ver que su presencia en la marcha les permite publicitar sus servicios a un público amplio, y les da una buena imagen ante un amplio sector de la sociedad. De aquí es que surgen las críticas a que muchas empresas sólo se acuerden de la diversidad sexual en el mes de junio, mientras el resto del año mantienen políticas internas discriminatorias o emiten nuevas políticas que pretenden incluir a la población LGBTTTIQ+ pero no vigilan su implementación hasta los niveles más bajos de la empresa.
Muchos de los actos de LGBTfobia que se viven como clientes o al interior como empleades pueden ser culpa de una persona en específico y no de una cultura laboral discriminatoria, pero lo que distingue a las empresas con una verdadera vocación de inclusión es la forma en la que actúan después de estos actos y las estrategias que implementan para prevenirlos, como capacitaciones a todo el personal y no sólo a los directivos, contrataciones más diversas de verdad que no se quedan sólo en la vacante, o apoyos para trámites gubernamentales para adecuar la identidad de género de las personas trans, a la vez que se respetan sus pronombres al interior de la empresa.
A lo largo de los años varias empresas han apoyado la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, y en muchas ocasiones se les ha señalado de “rainbow washing”, o de usar su apoyo a este evento como forma de lavar su imagen mientras al interior de la empresa suceden casos de discriminación, o se practican políticas que pueden ser peligrosas para las personas LGBTTTIQ+.
TikTok, que fue la “marca aliada principal” de la marcha de la Ciudad de México en 2022, recientemente fue criticada tras descubrirse que almacena datos de los usuarios que miran contenido LGBTTTIQ+ sin informarles. Ex empleados que reportaron esto a The Wall Street Journal expresaron su preocupación de que la base de datos permaneció abierta para empleados durante más de un año, y señalaron que esta información podría ser vendida a otras compañías o usada para chantajear a usuarios de países con leyes homofóbicas y transfóbicas. Esto habría sucedido al mismo tiempo que la compañía censuraba activamente contenido LGBTTTIQ+ en su plataforma, algo que la compañía aceptó durante una disculpa donde aseguraron que lo hacían “para reducir el acoso virtual”, algo que aseguran haber dejado de hacer.
En su más reciente informe del Índice de Seguridad en Redes Sociales (Social Media Safety Index) de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación o GLAAD (en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), TikTok recibió una calificación de 57%, un incremento de 14 puntos respecto al año anterior, sin embargo la organización señala que la compañía todavía permite que los anunciantes usen la orientación sexual o identidad de género de sus usuarios para dirigirles publicidad, mientras no da la opción a usuarios de controlar la información sobre su identidad que la compañía recaba, algo que debería ser cambiado para mejorar la seguridad de las personas LGBTTTIQ+ en TikTok.
Meta, antes Facebook, es la otra compañía que fue aliada de la marcha del orgullo en Ciudad de México durante 2022, que según el Índice de Seguridad en Redes Sociales de GLAAD aumentó 15 puntos en su calificación tanto en Instagram como en Facebook. Sin embargo ambas redes siguen sin tener una política clara sobre la prohibición del deadnaming (llamar a una persona trans por su nombre de nacimiento), además GLAAD le pide a Meta que estas agresiones puedan ser reportadas por cualquier persona y no solamente por la persona afectada, pues esto impide que se reporten publicaciones donde se llama a figuras públicas por su nombre de nacimiento, que más que afectar a la figura pública que seguramente ni siquiera vea la publicación, afecta a otras personas trans que ven la facilidad con la que se puede tratar mal a una celebridad trans sin que la plataforma social actúe al respecto.
El centro de investigación “Media Matters for America” identificó en febrero de este año al menos 200 anuncios en Facebook que utilizan el término “groomer” para referirse a personas LGBTTTIQ+ (‘groomer’ se refiere a una persona que se gana la confianza de un menor de edad por medio de juegos o conversaciones, para después abusar sexualmente del menor), a pesar de que la plataforma había anunciado desde julio de 2022 que dicha práctica violaba sus políticas contra el discurso de odio. Hasta el momento del reporte, de los 200 anuncios identificados, Facebook sólo había retirado 47. La compañía habría cobrado al menos 20 mil dólares por estos anuncios, según la suma de dos reportes de esta organización.
Otras empresas que han estado en ediciones pasadas de la marcha del orgullo y han sido acusadas de pinkwashing son: Uber, que fue señalada en junio de 2021 por negar el servicio a la activista Kenya Cuevas, de Casa de las Muñecas Tiresias, meses atrás uno de sus conductores golpeó a un usuario gay y lo acusó de robo, otro le negó un viaje a dos Drag Queens, y tuvieron varios robos de pelucas drag con su servicio de envíos. Por su parte la Aseguradora AXA le negó un servicio por transfobia a un hombre trans mexicano en 2021, y durante la marcha de 2022 volvieron a estar presentes.
Los comités que organizan las marchas del orgullo necesitan del apoyo de la comunidad para poder sacar adelante los grandes gastos que implican estos eventos: desde la colocación de un templete, la renta de sonido, el pago de permisos, seguros de responsabilidad civil, decoraciones, banderas, lonas…
Es por esto que el apoyo económico de empresas es generalmente bien recibido, pues aligera la carga para quienes organizan, y permiten hacer los eventos más vistosos, lo que termina por atraer a más personas. Hablamos con comités que organizan las marchas desde la costa del golfo al valle de México, hasta la región sur. ¿Qué retos comparten? ¿Cómo se financian? ¿Cómo se hace una marcha “local” dentro de la misma Ciudad de México? Lee más al respecto en este reportaje.
Sin embargo, existen quienes consideran que la presencia empresarial es innecesaria, y debería retomarse el sentido de protesta que hizo surgir a la marcha en los años 70’s, cuando apoyar a las personas de la diversidad sexual no era para nada popular. En Ciudad de México, un bloque disidente surgió para mover la conversación sobre la repolitización del movimiento LGBTTTIQ+ en nuestro país. Conoce más aquí.
***
*Este reportaje forma parte del proyecto: “Las empresas de la fe”, impulsado por las organizaciones y medios de comunicación PODER, Presentes y Altavoz LGBT+. En esta investigación se pretende explicar el origen de las finanzas del denominado: “lobby conservador” en México.
