Diez municipios del estado de Chihuahua están sin policías y sin un plan concreto para su restablecimiento; además en los últimos tres años aumentó el número de policías municipales dados de baja debido a que reprobaron las evaluaciones obligatorias
Por Itzel Ramírez / La Verdad
El desmantelamiento de corporaciones enteras, el gasto de millones de pesos del erario, las pruebas de control de confianza y las estrategias de seguridad que se anuncian cada tanto no han servido para lograr el fortalecimiento de las policías municipales en Chihuahua, donde el 15 por ciento de los municipios carece de algún cuerpo policial propio.
Actualmente, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la entidad existen dos modelos diferentes de intervención para aquellos ayuntamientos en los que no existe policía municipal: uno en donde es la policía estatal la que tiene el control de mando y otro donde participan además elementos de la Fiscalía General de Chihuahua y de la Guardia Nacional, así como del Ejército, cuando se requiere.
En el primer esquema están los municipios de Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó y Nuevo Casa Grandes, este último a partir de los sucesos de mayo pasado, cuando la policía municipal fue removida tras negarse a realizar los exámenes de control de confianza.
Dentro del segundo esquema, en el que hay “recorridos permanentes para inhibir los actos delictivos” están los municipios de Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.
La disolución de los cuerpos policiacos municipales ha sido el centro de disputas entre órdenes de gobierno al menos desde febrero de 2017, cuando un decreto del entonces mandatario Javier Corral Jurado desapareció las policías de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.
“… es del conocimiento de la población y de las autoridades, que el Crimen Organizado (sic), ha estado operando en esos lugares sin que las Policías Municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados en esa región, por lo que es de suma importancia que el Gobierno Estatal asuma un control del territorio regional ya mencionado, a fin de establecer el Estado de Derecho y prevenir sobre todo conductas delictivas que lastimen gravemente a la sociedad”, argumentó el decreto 080/2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Seis años después, el objetivo de “restaurar el orden y la paz públicos” parece lejano, ahora con 10 municipios sin policías y sin plan concreto para su restablecimiento.
Para Luis Carlos Sánchez, investigador de la organización Causa en Común, la inexistencia de policías municipales en Chihuahua como en distintas regiones del país es señal de una renuncia implícita a las tareas de seguridad pública.
“Este cambio de paradigma (…) es una narrativa que se presenta en otros estados, donde dicen ‘que venga el Ejército o la Marina o la Guardia porque estamos rebasados, pero que se debe a un abandono crónico de esos policías municipales”, afirmó el especialista.
Nuevo Casas Grandes, el desafío a la ley
En la primera semana de mayo de este año, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública encabezaron un operativo para desarmar a todos los policías de Nuevo Casas Grandes (NCG), luego de que la corporación se negara a realizar los exámenes de confianza requeridos por los sistemas nacional y estatal de Seguridad Pública.
Con presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, el operativo también incluyó la destitución de Imelda Guadalupe Marín Márquez, titular de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con sede en ese municipio y que había entrado en operaciones apenas en febrero de 2022.
Luego del operativo, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, informó que 30 policías de NCG habían reprobado los exámenes de control y confianza, mientras que 40 elementos renunciaron voluntariamente tras negarse a hacer las pruebas, como se consignó en reportes periodísticos.
El 17 de julio, sin la presencia de representante alguno de la policía estatal –a cargo de la seguridad en el municipio–, ni del gobierno central, la alcaldesa Cynthia Ceballos tomó protesta a Edgardo Quiroz Castañeda como nuevo director de Seguridad Pública, Policía Vial y C4 en Nuevo Casas Grandes, como publicó el ayuntamiento en redes sociales.
De esta manera, el recién nombrado funcionario comandará una policía inexistente (la convocatoria para integrar la corporación fue publicada apenas este mes) y desarmada.
Que de nueva cuenta la región noroeste de Chihuahua tenga problemas por sus policías municipales muestra que falló la intervención de 2017, consideró Yesenia Reyes, diputada local del PAN y exregidora de Casas Grandes, municipio vecino a NCG e intervenido en aquel año.
“Hoy en día si es un fracaso, vemos que lamentablemente no funcionó la estrategia y pienso que es porque no hubo un seguimiento. Si me pregunta que sucedió en 2018, 2019, 202, 2021 que fue cuando yo salí, pues no hubo nada. La Fiscalía, la policía estatal, ya nadie volvió, dieron por satisfecha la capacitación que se tuvo y eso debe ser constante, es personal que debe de estar constantemente evaluado para que pueda resultar”, acusó la legisladora en entrevista.
Reyes, que en la época del decreto se pronunció en contra, dijo que los cuatro municipios (Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes) que no tienen policía municipal en su distrito se enfrentan a la falta de cobertura territorial y a la tardanza en los tiempos de respuesta, pues las fuerzas federales y estatales no tienen la presencia, experiencia ni el conocimiento suficiente para hacer frente a las necesidades de una policía de primera respuesta.
Sin estrategia a la vista
Entre finales de 2021 y 2022, el gobierno de Chihuahua invirtió más de 100 millones de pesos para comprar chalecos, uniformes, cascos, patrullas y otros equipamientos para el fortalecimiento de las policías municipales, dijo en conferencia de prensa el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya.
Para este 2023 se programaron otros 55 millones de pesos de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), presumió el funcionario.
A cambio, dijo, se exige que cada corporación cumpla con el certificado único policial, “que obliga a las policías a tener control de confianza, formación inicial y a hacer sus evaluaciones tanto del desempeño como las evaluaciones de la técnica de la función policial”; además de una exigencia para la mejora de las condiciones laborales de los elementos.
La secretaría a su cargo, apuntó, colabora con la formación de algunos policías, como los municipales de Delicias, para cumplir con los requerimientos legales.
Jorge Armendáriz, vocero de la secretaría, agregó que además del equipamiento y la capacitación a través del Instituto de Formación Policial la dependencia “motiva” a los municipios a crear sus propias academias.
Aunque, hasta ahora en ninguno de los municipios intervenidos hay avances sólidos para las academias y en varios de ellos ni ha habido ni siquiera una convocatoria para volver a conformar la policía local.
“Ya les dijimos que no podemos como policía del estado hacernos cargo o asumir las funciones de manera permanente del trabajo que debe hacer la policía municipal como primer respondiente”, afirmó Armendáriz.
Los datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que de 2021 a 2023 cada año ha disminuido en 1 por ciento el número de policías municipales de Chihuahua que aprueba las evaluaciones obligatorias, al pasar del 94 al 93 y luego al 92 por ciento.
Luis Carlos Sánchez afirmó que una de las cuestiones primordiales para las estrategias de seguridad es evaluar diagnósticos precisos de cada región; en el caso del noroeste de Chihuahua, dijo, la seguridad está ligada a la pelea de un corredor que el crimen organizado usa para llegar a Ciudad Juárez.
“No tenemos que ver a las estrategias en términos políticos, porque es lo que nos ha llevado a esta situación. El grave error es que queremos encontrar una fórmula para la seguridad, y no, cada localidad, estado, municipio tiene su lógica de inseguridad y ante esa inseguridad se deben hacer acciones específicas. No es lo mismo Chihuahua que Tijuana o que Sinaloa, el problema de seguridad debe de estar enfocado en las comunidades”, agregó.
Dijo que la falta de apoyos emocionales y psicológicos, junto a la pobreza de las condiciones laborales (como turnos de 24 horas o falta de prestaciones de ley) merman la capacidad de acción de los policías municipales, lo que se traduce en pobres respuestas ante la inseguridad.
Además, criticó que los gobiernos argumenten que los problemas son “heredados”.
“Al comprometerte y ser parte del gobierno asumes que vas a heredar problemas, si no estabas consciente no te hubieras propuesto para gobernar. Como estamos, dentro de seis años, vamos a seguir con que este problema está heredado y no, es tu responsabilidad como autoridad”, comentó.
El diputado Óscar Castrejón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, dijo que la administración de María Eugenia Campos ha hecho un trabajo incompleto, pues la sustitución de policías no ha sido acompañada de políticas públicas para el desarrollo social.
“Las policías municipales se han descuidado, las causas de la delincuencia como la pobreza no se han atendido. Además de que los mandos son los mismos de los tiempos de César Duarte, de Javier Corral, son los mismos”, observó el legislador.
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