A través de la CNDH primero, y después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, once familiares de personas desaparecidas exigen que, tal como lo establece la ley, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconozca su derecho a la salud. Pese al compromiso de la Segob de atender las demandas, no han recibido apoyo
Por Aranzazú Ayala para A dónde van los desaparecidos
Gregorio Cano siempre hizo ejercicio y comió sano; trabajó como vendedor de fotografías de graduaciones hasta la desaparición de su hijo Paolo en 2013, cuando se dedicó de tiempo completo a buscarlo. Su hija Sandra cuenta que un día empezó a toser y a toser; a los dos meses fueron al médico y le diagnosticaron cáncer de pulmón. Menos de un año después, murió. María Esther Montero, madre de Paolo, fue diagnosticada con un tumor en el cuello y falleció en 2021. Ambos murieron sin encontrar a su hijo.
Al ser enfermera para niños, Sandra había visto, escuchado y leído sobre padecimientos derivados de estados emocionales. Cuenta que la desaparición de Paolo, militar en activo, apenas una semana después de haber sido transferido a la base militar del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocó un impacto emocional muy fuerte en Gregorio, que se tradujo en su salud física.
María Esther formó parte del grupo de siete mujeres y cuatro hombres que el 15 de abril de 2021, acompañados por la organización civil Idheas, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), por violar su derecho a la salud, al negarse a darles atención médica por las enfermedades que desarrollaron después de la desaparición de un familiar.
“Obviamente que la enfermedad de mi papá sí fue a raíz del hecho de que mi hermano desapareció, y pues mi mamá igual tuvo un cáncer”, dice Sandra. “Se sabe que el cáncer es una enfermedad que es emocional. En alguna ocasión [mi papá] lo leyó en Facebook, vio que las enfermedades se reflejaban también por el aspecto emocional, y sí nos lo externó”.
La queja ante la CNDH pide la reparación integral del daño causado por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas indirectas de una desaparición, principalmente asegurar el derecho a la salud y brindar atención médica urgente a quienes padecen enfermedades graves como cáncer avanzado. Los familiares señalaron que la CEAV les negó el apoyo por considerar que no existe un “nexo causal” entre la desaparición de sus parientes y los problemas de salud que desarrollaron.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV es la instancia encargada de ofrecer atención psicológica, médica y legal a familiares que enfrentan la desaparición de un ser querido. El derecho de atención significa satisfacer y garantizar “necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos”, se lee en el artículo ocho de la ley.
El problema, dice Valeria Moscoso, psicóloga de formación y especialista en acompañamiento psicosocial, es que el “hecho victimizante” —en este caso, la desaparición forzada— es un concepto legal que no evidencia el impacto multifactorial del crimen en la vida de las familias.
Las abogadas Evelyn Barrera e Itzel Sánchez llevan el caso de las once familias como parte de la organización Idheas; ambas coinciden con Moscoso en la dificultad de comprobar que una afectación de salud física puede ser causada por la desaparición. Barrera explica que jurídicamente han tratado de impulsar que las autoridades se rijan por el principio pro persona; esto es, ante la imposibilidad de constatar la relación de causa y efecto, aplicar la norma o interpretación más favorable para el o la denunciante. De este modo, la CEAV está obligada a garantizar el derecho a la salud.
El 21 de abril de 2021, apenas seis días después de que los familiares presentaran la queja, la CNDH emitió una serie de medidas cautelares para la protección del derecho a la salud de las víctimas, en las que determina que la CEAV debe cumplir medidas específicas de reparación y atención para cada una de las once personas que se sumaron al reclamo.
La CEAV contestó, según Barrera, con un oficio en el que afirmaba haber brindado la atención médica, acompañado de un expediente de cada uno de los casos, y de correos a manera de prueba, en los que las víctimas solicitaban ser atendidas, o eran canalizadas al médico del organismo.
Debido al incumplimiento de la CEAV y a la negativa de darles atención, las familias decidieron llevar su lucha, con la representación de Idheas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de marzo de 2022, cuando se realizó la audiencia pública “Situación del derecho a la salud de las y los familiares de las personas desaparecidas en México”.
En un estudio realizado por Idheas a 155 familiares de personas desaparecidas (88 por ciento mujeres) a principios de 2022, difundido en dicha audiencia, el 77 por ciento aseguran que su salud física y mental era buena antes de la desaparición, lo que cambió tras el hecho criminal, pues el 78.7 por ciento —122 personas— desarrollaron una enfermedad crónica.
De las 155 personas, 73 acudieron a la CEAV para solicitar apoyo médico, y solo a 25 personas se les brindó el servicio. La mayoría de los encuestados, de acuerdo con el estudio, aseguran que el organismo es “omiso” en cuanto a estas peticiones, les niega los servicios de salud bajo el argumento de la falta de recursos, y se justifica diciendo que los padecimientos no tienen relación directa con el hecho victimizante.
Ante la CIDH, los psicólogos Carlos Beristain y Perla Guerra respaldaron las exigencias de las familias, al reconocer la existencia de enfermedades y afectaciones físicas derivadas de la desaparición de un ser querido y del largo proceso de búsqueda.
En la audiencia pública, en la que Idheas pidió “replantear la interpretación del nexo causal entre el hecho victimizante y las afectaciones a la salud de las víctimas indirectas”, la CIDH dio la razón a los once denunciantes y, pese a que la Segob —la CEAV no se pronunció— aceptó “la ausencia del Estado en la atención de salud a las familias de las personas desaparecidas”, se comprometió a atender las demandas y anunció que realizarían mesas de trabajo con familiares, nada de esto se ha concretado.
Al preguntar a la CEAV sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 2022, su enlace de prensa respondió que estaban “trabajando en temas diversos”. El 27 de julio de este año, Idheas denunció en un comunicado que el organismo respondió a una solicitud vía transparencia sobre los apoyos médicos y psicológicos proporcionados a familiares de personas desaparecidas negándoles la información.
El ciclo del estrés
Nayelli Guarneros dice que llegó al límite cuando se dio cuenta de que se le habían roto los dientes. No se cayó ni le pegaron: ella misma se los quebró al apretar con fuerza la mandíbula a causa del estrés y la tensión que empezó a acumular desde que su esposo Sergio Rueda desapareció el 10 de julio de 2019 cerca de Orizaba, Veracruz. Sergio viajaba con su hermana Liliana a pagar un rescate para que liberaran a cinco trabajadores secuestrados de su empresa. Ninguno regresó y su cuñado Marcelo, esposo de Liliana, enfermó de anemia después de la desaparición.
Araceli Martínez Moreno y Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero, del Centro de Sueño y Neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, explican que estos padecimientos pueden ser causados por el ciclo del estrés. Para entender la afectación física hay que comprender primero el golpe emocional, el factor estresante que, si se mantiene durante mucho tiempo, provoca depresión, insomnio, pesadillas, ansiedad y estrés postraumático.
Diez familiares de personas desaparecidas entrevistadas para este reportaje mencionan distintos padecimientos surgidos desde que comenzaron la búsqueda de sus seres queridos: irritación en la piel, alteraciones del sueño, problemas gástricos, bruxismo y, en algunos casos, cáncer, principalmente de mama, útero y pulmón. Aseguran que, tanto parientes como integrantes de sus colectivos, tienen las mismas dolencias; la mayoría sufre insomnio, ansiedad, problemas de presión y trastornos metabólicos.
María de Jesús Cortés Martínez, mamá de Karla Gabriela Macías Cortés, desaparecida en Tlajomulco, Jalisco, el 21 de julio de 2017; Celia García Pacheco, esposa de Miguel Ángel Rodríguez Nieva, desaparecido el 24 de abril de 2012 en Nogales, Veracruz; Susana Sedano Posadas, hermana de José María, desaparecido en la ciudad de Puebla el 2 de abril de 2008, y María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa, comparten haber enfermado tras la desaparición de su familiar, debido al estrés prolongado de no saber dónde está, la revictimización de los procesos burocráticos, el aislamiento social por dedicarse a las labores de búsqueda, y los cambios drásticos en su vida diaria.
Mercadillo, especialista en neurobiología, explica que el origen del problema está en el circuito del estrés, entendido como la ruptura del equilibrio en el cuerpo. Cuando una persona experimenta una situación de estrés genera una respuesta fisiológica o psicológica; por ejemplo, si cree que será víctima de un asalto o que la están persiguiendo, la reacción se da en el sistema nervioso periférico, que está constituido por nervios y se extiende por todo el cuerpo. Se tensan los músculos, se aceleran los latidos, y la persona se prepara para atacar o huir. El agente estresante o estímulo nocivo produce además la activación del sistema nervioso simpático: se dilata la pupila, hay una relajación de los bronquios, el hígado aumenta la liberación de glucosa.
La búsqueda de una persona desaparecida, al prolongarse en el tiempo, genera un estrés crónico en los familiares que afecta a su salud. Si el factor estresante permanece puede generar un trastorno mental, causar ansiedad, estrés postraumático, debido a la alteración producida por el impacto emocional, y mantener elevado el cortisol, la hormona del estrés, lo que afecta al sistema inmunológico y a largo plazo puede provocar úlceras gástricas y erupciones en la piel.
Los especialistas explican que un estado de ansiedad y depresión muchas veces lleva también al aislamiento o la modificación de las interacciones sociales. Muchos familiares han compartido que sus círculos de amistades y gente cercana cambian, se reducen conforme avanza el tiempo. Las personas dejan a un lado aquello que les provoca placer y, para sustituirlo, empiezan a consumir sustancias como el azúcar, que activa el sistema de recompensa del cerebro.
Con un consumo de azúcar constante, el corazón late más rápido, los niveles de glucosa se desequilibran, se desarrolla diabetes, sobrepeso, hipertensión, se altera el ciclo del sueño. Las personas pasan las noches desveladas, duermen a ratos en el día y esto modifica también el ciclo de la alimentación, generando problemas gastrointestinales.
“Si ya estamos de por sí teniendo este factor de estrés que produce o abona en la generación de este tipo de alteraciones y sumamos que no tenemos un adecuado descanso, y además se mantienen estos niveles de cortisol elevados porque ya hay ansiedad o estrés postraumático, entonces todo el organismo se ve envuelto en esta cadena y en esta cascada de alteraciones. Este círculo sigue si no podemos descansar adecuadamente, no se puede restaurar nuestro cuerpo y entonces se mantienen elevados estos niveles de estrés”, explica el neurólogo.
Si la persona no puede dormir bien, el cerebro se mantiene en un estado de alerta constante, lo que implica una respiración agitada, un latido cardíaco elevado, y mantener el cuerpo en tensión. La prolongación de este estado, explican Mercadillo y Martínez, genera problemas como fibrosis muscular. Como no hay una restauración adecuada del organismo por la falta de sueño, enfermedades para las que existe una predisposición genética, como el cáncer, la diabetes o la artritis, salen a flote, porque el sistema inmunológico ya no es lo suficientemente fuerte para proteger a la persona.
Eso le pasó a Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras de Sinaloa. Cuenta que antes de la desaparición de su hijo Yosimar su salud “estaba impecable”, pero después el deterioro de su cuerpo se aceleró. Su cabello se llenó de canas, le diagnosticaron diabetes, y en 2020 le detectaron cáncer en la matriz.
“Fue como una bomba, porque tú no lo aceptas. Yo me decía: no puedo enfermarme, debo estar bien porque tengo que encontrarlo, tengo que buscarlo”, señala. “Con las búsquedas yo pensaba que fortalecía mi cuerpo, porque era caminar y caminar, sin saber que estaba generando otro daño colateral que era el cáncer, que ya se estaba formando dentro de mi vientre. Fue un bombazo de agua helada saber que tenía cáncer y que me tenían que operar”.
‘Nos estamos enfermando’
Santiago Pérez Becerra, fundador del colectivo Familias Unidas por Nayarit, encontró a su hijo Santiago Eloir Pérez Reyes en una fosa clandestina que localizó, sin ayuda de las autoridades, el 6 de abril de 2019. Su hija Alejandra cuenta que se cayó en esa fosa, de 4.5 metros de profundidad, mientras recuperaba restos humanos. Santiago realizó durante 19 días labores de exhumación, sin descanso; casi nueve meses después recibió los restos de su hijo. Al poco tiempo empezó con unos dolores fuertes en la espalda, que calmaba con inyecciones; fue diagnosticado con una hernia discal e imposibilidad para caminar. Necesitaba una cirugía urgente que costaba más de 250,000 pesos, pero la CEAV le negó la atención médica. Forma parte del grupo que presentó la queja ante la CIDH.
A Alejandra le dijeron en la CEAV que, para recibir el apoyo, debía comprobar que las afectaciones a la salud y el daño en la espalda que sufría su padre eran derivados del “hecho victimizante”.
“Y yo vuelvo a decir aquí: si buscar a su hijo por tres años sin descanso, abandonar todo, [y] las 18 fosas que localizó, los 128 cuerpos que ayudó a regresar, el excavar con sus propias manos y con pico y pala la fosa clandestina donde encontró a su hijo, no es derivado del hecho victimizante, entonces que alguien, carajos, venga de otro universo a decirme qué es entonces el hecho victimizante”.
En el colectivo de Nayarit, el mismo que fundó su padre, hay otros casos en los que la relación de los padecimientos de salud con la desaparición no es tan clara como sucede con Santiago. Familiares y especialistas coinciden en que un gran problema que persiste es la falta de reconocimiento de las afectaciones emocionales y, sobre todo, el cuidado de la salud mental en el país. En palabras de Alejandra, la falta de atención psicológica también deriva en enfermedades; así lo ha vivido y lo ha visto también en sus compañeras buscadoras.
“Nos estamos enfermando, las estadísticas más altas que te vas a encontrar son cáncer, diabetes, presión [alta] y enfermedades respiratorias, afectaciones a la espalda”. En su caso, la ayudó tomar terapia con una psicóloga, pero aun así enfrenta padecimientos: pese a que tiene 37 años, dice, su salud es la de alguien de casi 60.
Otras enfermedades pueden surgir de la búsqueda en campo. Una de las principales herramientas que se utilizan es la varilla, que se hunde en el suelo y, después de sacarla, se huele la punta, ya que un olor fétido indica la probable existencia de restos humanos. A Araceli Salcedo Jiménez, mamá de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz, le prohibieron usarla, pues contrajo una bacteria de cuerpo cadavérico que se le alojó en el riñón.
Este padecimiento es claramente derivado de la desaparición de su hija. Así lo ha reconocido la CEAV, pero no sucedió lo mismo con el cáncer de garganta que padeció la buscadora, quien tuvo que hacer colectas para pagar una riesgosa cirugía.
“A mí me decían, no, a mí dame un documento del médico que me diga que tu cáncer es derivado de la desaparición de Rubí. Y es algo revictimizante que te hagan eso, porque déjame decirte que, para empezar, yo no pedí que desaparecieran a mi hija, yo no pedí estar en esta situación”.
A Araceli, demandante también ante la CIDH, le parece “muy triste” que las autoridades sigan “minimizando la causa de los desaparecidos, minimizando la lucha de las mamás”, que pueden perder la vida de forma violenta o por enfermedad al hacer un trabajo de búsqueda que es responsabilidad del Estado, pero continúa sin realizar.
El 21 de mayo de 2023 falleció Herminia Valverde, quien buscaba a su hija Mariela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida el 27 de abril de 2018. Herminia, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, falleció por complicaciones causadas por el cáncer que padecía desde hacía tres años; la madre buscadora ya había solicitado atención médica por su calidad de víctima, sin tener respuesta. En redes sociales sus compañeras denunciaron que “Herminia enfermó por la desaparición de su hija y por la omisión de las instituciones”.
**Con información de Paloma Robles.
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