Lagos de Moreno llora a sus desaparecidos y desafía las políticas de ocultamiento de Alfaro
miércoles, septiembre 6, 2023
La población vive en duelo desde la desaparición de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. En las calles, sus habitantes hablan del dolor, el miedo y la indignación generados por su ausencia. Mientras, el gobierno de Jalisco insiste en minimizar el delito y la lucha entre las organizaciones criminales se refleja en los partidos políticos que dominan la región.
Texto y fotos: Mónica Cerbón para A dónde van los desaparecidos
Desde las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se despliegan centenares de velas blancas. Tres niñas caminan en medio de esa mancha luminosa que arde en el centro histórico de Lagos de Moreno. En el centro está una fotografía de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández, los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto, de los que aún no se sabe nada. Las pequeñas se detienen para observar la imagen de los amigos, platican, luego se van. La conmoción por el caso pasó, y en Lagos todo se siente distinto.
La difusión de un video que muestra a los jóvenes a merced de la violencia de sus captores, hizo que el municipio de poco más de 172,000 habitantes, ubicado en los límites de Jalisco con Guanajuato y Aguascalientes, saltara a los medios internacionales y se convirtiera en el epicentro de la brutalidad que asola el país.
En un recorrido por este Pueblo Mágico, realizado el pasado 23 de agosto para escuchar las voces de sus habitantes —comerciantes, estudiantes, madres y padres de familia—, surge una coincidencia: se sienten en peligro y abandonados por las autoridades. A petición de las personas que dieron su testimonio, por cuestiones de seguridad sus nombres no son publicados.
La gente también se siente indignada, y en compañía de líderes religiosos ha salido a las calles para pedir un alto a la violencia, algo que no había sucedido en los últimos años.
“Se siente la indignación, mucho dolor, sufrimiento. Pero también es una esperanza ver que las personas se manifiestan ante toda esa impotencia. Esa velita, esa presencia, ese estar ahí, rezar, cantar, gritar algo, pronunciarlo, es decir: Queremos algo diferente. No queremos esto que está pasando en nuestra ciudad”, afirma el sacerdote Hugo Vargas Graciano, vicario de la parroquia, la más importante de un municipio en donde el 95.3 por ciento de sus habitantes profesan la religión católica, según datos del censo del Inegi de 2020.
El altar que decenas de laguenses instalaron durante una vigilia el 19 de agosto, ocho días después de la desaparición de los jóvenes, se convirtió en un recordatorio permanente del dolor. Hay velas encendidas, otras casi consumidas y unas más que parecen nuevas. No pasan cinco minutos sin que alguien se acerque, lo mire o hable de él.
Una mujer que lo observa dice que teme por su familia: “Nos sentimos con mucha tensión, inseguridad, tristeza, más que nada porque tenemos hijos, y es muy triste. Conocí a los chicos, eran vecinos de nosotros, de pequeños se juntaban con mis hijos”, cuenta mientras toma la mano de su hija adolescente, que la acompaña.
“La única forma de que pase algo, de cambiar algo, es manifestándose en la presidencia municipal, porque ellos son los que tienen que hacerse cargo de esto. Todos tienen miedo”, dice un vendedor ambulante de comida.
“Hay un duelo. No hay ganas ni de escuchar música, se siente un ambiente muy sombrío, como un funeral a nivel ciudad. Queremos seguir adelante tratando de elaborar este duelo, pero que se convierta en un mayor compromiso social para que esto no siga sucediendo. Estas situaciones nos están interpelando y lanzando a redoblar esfuerzos”, añade el padre Hugo, quien durante la vigilia, que fue organizada por la comunidad, fungió como un líder social.
Ubicado en el atrio de la parroquia, el altar de los jóvenes clama por justicia y paz. Ese lugar, donde también fueron colocadas fotografías de otras personas desaparecidas, es el símbolo que confronta la narrativa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, empecinado en minimizar el tamaño del delito.
El emecista que gobierna el estado con mayor número de desapariciones: 14,889 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), ha emprendido una estrategia de ocultación para contrarrestar las denuncias de las familias buscadoras, como la instrucción de no informar a la Federación, desde marzo de 2022, sobre los nuevos casos de desaparición bajo el argumento de que el registro oficial es un “caos”.
En marzo de ese mismo año, el gobierno rasuró —sin ninguna explicación— la cifra de personas desaparecidas reportadas en el RNPDNO, y después de una carga masiva de datos, de 16,222 el número disminuyó a 14,915 casos.
El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) de Jalisco, reconocido por Alfaro como el órgano de información estatal, ha presentado inconsistencias en las cifras que reporta, registrando un aumento de personas localizadas y una disminución de personas desaparecidas.
“Hay un ajuste a la baja de las cifras de personas desaparecidas que no se está notificando y que produce una disminución artificial del total de casos”, advirtió el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En febrero de 2022, durante la primera Brigada de Búsqueda en Jalisco, en la que participaron colectivos de siete estados, el gobernador criminalizó a las madres buscadoras tras reportar que hallaron fosas clandestinas y restos humanos.
“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué… Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada [en Personas Desaparecidas] y a la Comisión [Estatal] de Búsqueda [de Personas (CEBP)] es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden también estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, declaró.
Semanas después, el 31 de marzo, policías estatales agredieron a integrantes del colectivo Luz de Esperanza, quienes se manifestaban frente a la fiscalía, en Guadalajara.
En distintas ocasiones, policías municipales y estatales han retirado las fichas de búsqueda que pegan familiares en bolardos y postes. Pasó en 2021, cuando policías estatales fueron captados retirando de la vía pública los anuncios de los colectivos.
“Tampoco es nada grave. Es un asunto que se hizo y que no debe ser”, consideró Alfaro.
Un mes después, personal del ayuntamiento de la capital retiró las losetas con cédulas de búsqueda de la Glorieta de las y los Desaparecidos, con el pretexto de dar mantenimiento al sistema de iluminación.
Luz de Esperanza denunció el pasado 15 de agosto, en un comunicado, que el gobierno de Jalisco prohibió a la CEBP pegar fichas de búsqueda, “presumiblemente por no dañar la imagen de la ciudad, razón por la cual solo hacen difusión de boletines mano en mano”, y urgió a corregir esta situación.
En Lagos de Moreno, el alcalde Tecutli Gómez, integrante también de Movimiento Ciudadano (MC), solo ha mantenido una reunión, en cuatro años de gobierno, con los colectivos de búsqueda del municipio, pese a las insistentes solicitudes de las familias. Ocurrió en abril, una semana después de que estos grupos se manifestaran durante una visita de Alfaro al municipio.
‘Los extrañamos’
“[Tenemos] miedo al salir. [Esto] limita las posibilidades de relacionarte, no sabes con qué personas te vas a encontrar y si vas a regresar a tu casa; es el miedo de ya no ver a tu familia, y no puedes dejar tu vida de lado por esta situación. No puedo dejar de estudiar, pero también tengo la incertidumbre de si voy a regresar a mi casa o no”, dice un estudiante de 20 años del Centro Universitario de Lagos de Moreno (CULagos), perteneciente a la UdeG.
“Yo de alguna u otra manera los conocía [a los cinco jóvenes desaparecidos], me llegué a relacionar con alguno, llegué a salir, a jugar fútbol con ellos. Lo que pasó me impactó mucho”, añade cabizbajo.
A unos metros hay otro altar para Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante; en el centro, en grandes letras de papel rojo, se lee: “Los extrañamos”. Sobre el piso, decenas de veladoras completan la escena. En las paredes del pasillo que conduce hacía allí hay consignas como “¡Jalisco, fosa común!”.
“Roberto [Olmeda] Cuéllar: Eras, eres y serás siempre puro amor. Le agradezco a la vida por habernos cruzado en el camino y por ser como eres. Gracias por demostrarme que era importante para ti”, dice una carta pegada a una veladora. Roberto estudiaba la carrera de ingeniería industrial en esta universidad.
El pasado 21 de agosto, estudiantes del CULagos realizaron una manifestación, a la que se sumaron las diferentes sedes de la UdeG, para exigir “nuestro derecho a vivir en paz”.
“Desde el sur hasta el norte, de oriente a poniente, la comunidad universitaria le dice basta a la violencia, a la omisión, a la impunidad. Basta a la intranquilidad y el temor”, gritó Zoé García Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria.
La desaparición de los jóvenes, de acuerdo con los testimonios, ha vuelto más presente la violencia.
“Todos nos hemos puesto en el papel de mamás, hijas, hermanas, conocidas de ellos. A la mayoría nos quitó el sueño. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de un año, y se pone a pensar uno, ¿a qué traes hijos al mundo? ¿A que les pase eso? Nadie se merece algo así”, dice una trabajadora de la universidad.
“Se siente más inseguro, más miedo, más temor. Ya habían pasado cosas, pero a partir de esto se derramó el vaso, ya entre más pronto se encierre uno, mejor. Los jóvenes corren más riesgo, bueno, todos, pero más ellos”, me dice una vendedora de fruta mientras rebana limones.
Un taxista de 21 años teme por sus amigos: “He estado muy preocupado, se queda solo muy temprano, no se ve mucha seguridad en todo el día. Tengo amigos, pudimos ser nosotros”, relata mientras espera un nuevo pasaje.
Algunas personas ya no salen de noche, otras se sienten expuestas. A una adolescente de 16 años, cuenta su prima, le llegaron videos a sus redes sociales en los que hombres encapuchados le pedían ir “a cierto lugar” e información sobre su familia, de lo contrario “le iba a pasar lo mismo que a los muchachos”. Mientras que las y los periodistas locales tienen miedo de sufrir represalias por dar seguimiento al caso.
Una mujer dice que su esposo, un hombre treintañero que laboraba como chofer de Uber, tuvo que dejar el trabajo por miedo a ser desaparecido.
“Entonces en mi casa ya no está ese ingreso, decidimos que la mejor opción era que dejara el trabajo. Esto nos pegó a todos”, platica.
“Siento mucha inseguridad, ya no dan ganas de salir ni a la calle porque piensas que a ti también te van a llevar. Es algo que no sé cómo explicar. Yo siento mucha tristeza”, dice una joven de 28 años que camina cerca del altar de la parroquia.
El miedo, el dolor y el enojo se hicieron visibles en una serie de eventos que la Iglesia católica organizó del 25 al 27 de agosto. El objetivo fue orar por los jóvenes desaparecidos y exigir mayor seguridad a los distintos niveles de gobierno.
Una de las actividades se realizó en el Mirador de San Miguel, de donde se llevaron a los cinco amigos. Ahí, sus padres agradecieron el apoyo de las personas y exigieron a las autoridades no dejar de trabajar para localizarlos.
“Que los encuentren, que ya nos los traigan para poder descansar ellos y nosotros”, dijo Armando Olmeda, padre de Roberto. Juan Martínez, padre de Jaime, añadió: “Las autoridades ya no nos dicen nada, esperamos que sí sigan en la búsqueda”.
Grupos criminales y vínculos políticos
De acuerdo con los gobiernos federal y estatal, la región Altos Norte de Jalisco es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, debido a que tiene zonas serranas que facilitan el trasiego de drogas y conexiones territoriales de fácil acceso con estados como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.
Pero las fuerzas políticas que gobiernan la región son también un elemento importante en la disputa. El emecista Tecutli Gómez, alcalde de Lagos de Moreno, le arrebató el municipio a la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones de 2018. El político presume ser amigo “desde hace más de una década” de Alfaro, a quien le dedica numerosos mensajes de agradecimiento en sus redes sociales.
Un informe del Centro Nacional de Inteligencia hackeado por el colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que funcionarios cercanos a Alfaro se reunieron, en 2018, con integrantes del CJNG.
Ese mismo año, la periodista Anabel Hernández afirmó que, de acuerdo con fuentes consultadas, en Estados Unidos existía una investigación en curso contra Alfaro por presuntos nexos con el crimen organizado desde sus administraciones como alcalde de Tlajomulco (2010-2011) y Guadalajara (2015-2017). Meses después, en 2019, el gobernador respondió exigiendo a la periodista una disculpa pública.
“Es muy relevante y no es un secreto. Se ha empezado a analizar con mayor detalle lo que ha significado la llegada de Enrique Alfaro al gobierno de Jalisco, el impulso que le ha dado al mismo Movimiento Ciudadano y cómo esto tiene una extraña intersección con lo que ha sido el crecimiento y la relevancia del Cártel Jalisco Nueva Generación. A mí me parece que esto es importantísimo, más si lo vemos en perspectiva: la pasada administración estatal muy posiblemente pudo haber estado vinculada con el Cártel de Sinaloa”, señala Jonathan Ávila, investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en referencia al sexenio priista (2013-2018) de Aristóteles Sandoval, asesinado en Puerto Vallarta en diciembre de 2020.
“Llama la atención hasta qué punto eso sirvió para dar, digámoslo así, ánimos de pugnar por espacios y zonas que podrían ser clave en esta disputa por un mercado de drogas; eso influye de manera muy directa en la violencia”, añade el especialista.
A finales de 2021, el periodista Ricardo Ravelo acusó a Alfaro, a integrantes de su gabinete y a funcionarios del Poder Judicial en Jalisco de tener nexos con el CJNG, basándose en información revelada por un testigo en Estados Unidos e “informes consultados”.
“El Gobierno de Jalisco lamenta que, mediante calumnias y mentiras, se intente difamar para dañar la imagen del gobernador”, respondió la administración estatal en un comunicado fechado el 24 de diciembre de 2021. Tres días después, Alfaro anunció la presentación de una demanda contra Ravelo por daño moral, acción que fue criticada por la organización Artículo 19.
Los señalamientos de vínculos con cárteles incluyen también al partido Morena, que fue acusado también por Hernández de hacer un “narcopacto electoral” con una de las facciones del Cártel de Sinaloa en 2021 para asegurar el triunfo de su candidato a gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según la periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador no habría desaprobado el acuerdo.
Morena gobierna en Teocaltiche y Encarnación de Díaz, mientras que en Ojuelos de Jalisco y Lagos de Moreno están al frente alcaldes de MC. En el resto de los ocho municipios que integran la región Altos Norte, antes dominada por el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), gobiernan el PVEM en Villa Hidalgo y San Diego de Alejandría, y el PAN en San Juan de los Lagos y Unión de San Antonio.
Lagos de Moreno, con 404 casos desde 1965; Encarnación de Díaz, con 199; y San Juan de los Lagos, con 101 casos, son los municipios con mayor número de desapariciones en la zona, según el registro nacional. Todos están a menos de una hora de distancia entre sí y son el epicentro de la violencia en la región.
“En esta disputa en donde se habla de que muy posiblemente algunos de estos partidos, al menos en la localidad, estén favoreciendo al Cártel de Sinaloa, la pugna política se vuelve una pugna en términos de violencia, y de cómo construir una gobernanza criminal donde van a haber atentados, desapariciones y homicidios por la necesidad de un control del territorio”, dice Ávila.
De acuerdo con el registro nacional, el mayor número de desapariciones en Lagos de Moreno ha ocurrido, justamente, en años de elecciones municipales: 2015, 2018 y 2021.
Escenario del horror
El 15 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) localizó el segundo vehículo en donde viajaban los cinco jóvenes, quemado y con restos humanos en su interior, las autoridades informaron que podrían haber sido secuestrados por miembros del “MZ”, una célula delictiva asociada con el Mayo Zambada, principal operador del Cártel de Sinaloa.
En una construcción donde la FGEJ encontró indicios de la presencia de los jóvenes se pueden ver pintadas las siglas “MZ”. Sobre el piso y las paredes del inmueble, presuntamente el mismo en que se grabó el video que circuló, hallaron manchas de sangre.
En la pared, aunque fueron borradas, también puede verse el rastro de las siglas del CJNG, como si la construcción, ubicada en la colonia periférica Torrecillas, fuera también un lugar de disputa.
El lugar ha sido escenario de otros horrores. En junio de 2020, en ese mismo inmueble, la fiscalía de Jalisco localizó en una fosa clandestina cuerpos y osamentas de nueve personas. En el sitio había también tambos con sustancias químicas presuntamente usadas para disolver cuerpos.
La zona que forman las colonias Torrecillas, La Orilla del Agua, San Miguel Buenavista, Ladera Chica y Ladera Grande es conocida como el barrio de San Juan Bautista de la Laguna. En ese cuadrante se han localizado la mayoría de las fosas clandestinas de Lagos de Moreno.
Algunas personas sostienen haber visto, en los últimos años, que en esa construcción policías estatales, conocidos como “negros”, entregaban jóvenes a grupos delictivos.
Este año, Jalisco ha sido noticia nacional por otros hechos violentos. Entre el 20 y el 22 de mayo se reportaron como desaparecidos ocho jóvenes trabajadores de un call center en Zapopan. Sus restos fueron encontrados en 45 bolsas el 31 de mayo. La investigación de la fiscalía estableció que el negocio era un centro de operaciones desde donde se cometían fraudes para financiar al CJNG.
Semanas después, el 11 de julio, personal de la FGEJ y policías fueron atacados con explosivos mientras realizaban un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, presuntamente tras un reporte anónimo sobre la existencia de fosas clandestinas. El atentado causó la muerte de tres agentes investigadores, un policía municipal y dos civiles.
El hecho provocó que el gobernador suspendiera los operativos de búsqueda de personas desaparecidas generados por una llamada anónima; en respuesta, colectivos de familiares marcharon para exigir su reanudación. Tlajomulco es el bastión político de Alfaro, donde fue presidente municipal de 2010 a 2011.
Exactamente un mes después, el 11 de agosto, se registró la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Y la estrategia para minimizar las demandas de las familias o criminalizar a las víctimas persistió.
El coordinador estratégico de Seguridad estatal, Ricardo Sánchez Berumen, afirmó que la desaparición de los jóvenes no se podía considerar como tal, sino como una “ilocalización”.
“De momento no se presume que haya sido parte de un hecho de violencia, es una ilocalización. No hay un hecho de violencia al menos confirmado de momento con los registros y testimonios que se han recabado por parte de la fiscalía”, declaró el funcionario.
Revivir el dolor
La desaparición múltiple del 11 de agosto recordó en Lagos de Moreno otro hecho similar ocurrido el 7 de julio de 2013, cuando se reportó la ausencia de seis jóvenes de entre 18 y 22 años: Daniel Armando Espinosa Hernández, Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Cristian Fabián Ávila Cardona, Marco Antonio Ramírez Cárdenas y Eduardo Isaías Ramírez, y de Rodrigo Espinosa Aguayo, de 38. Un mes después, sus restos fueron localizados en una antigua tienda llamada La Ley del Monte.
A sus familias les entregaron pedacitos de sus cuerpos, que habían sido disueltos en ácido, en pequeños cofres. Tiempo después, en agosto de 2017, el lugar de tortura en donde fueron asesinados se convirtió en un memorial renombrado como La Ley de la Verdad.
El caso de los cinco jóvenes desaparecidos y la difusión de su cautiverio revivió el dolor de las familias que sufren en el municipio por la ausencia de un ser querido.
Una mujer que busca a su hijo desaparecido el 16 de marzo de 2020 en San Juan de los Lagos dice que tras ver las imágenes del video se enfermó durante cuatro días.
“Es muy difícil, se reviven las heridas, más por las fotos y el video que pasaron. Uno se imagina que posiblemente nuestro familiar pasó por lo mismo. Ahí es donde sí fue un golpe duro para todo el colectivo. Yo no lo pude ver completo. Dije: Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Y pensé luego luego si a mi hijo le pasó eso, o si lo están obligando a hacer cosas, o en realidad ya no está. Te vienen miles de cosas a la cabeza que no puedes evitar pensar. Es un caso que creo que por eso pegó mucho, dolió mucho por la forma y por lo que revive”, señala la también integrante del Colectivo + 1 = Todos.
Las imágenes provocaron un “dolor excesivo”, dice entre lágrimas otra mujer que busca a sus hermanos desaparecidos el 28 de marzo de 2019.
“Yo estuve con una tristeza enorme. Esto vino a revivir tantas cosas. Uno de ellos era vecino de mi mamá. Movió muchos corazones. […] El luto que se siente en Lagos desde ese momento es algo inexplicable. Un dolor muy fuerte. Piensan que solo le pasa a la gente que está metida en algo y eso no es cierto, le pasa a cualquiera. A lo mejor ellos fueron como los mártires para que hubiera esta movilización y hacer justicia a nombre de todos los desaparecidos”.
Las familias de los cinco amigos planean resignificar el último lugar donde sus hijos estuvieron juntos: el Mirador de San Miguel. En tanto no sean localizados, proyectan poner ahí su fotografía, como un recordatorio del dolor presente en Lagos por las personas desaparecidas.
*Con información de Analy Nuño.
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