México está lleno de hechos que impactan gravemente la seguridad humana de las personas… Escuchar sus voces, atender el caminar de las víctimas y sus familias es el primer paso para ir plasmando la esperanza junto con ellas
Por Víctor M. Quintana S.
Persisten las violencias en el país y en Chihuahua, pero surgen profetas laicos, sociales, más y más voces que denuncian masacres, desplazamientos; pies que buscan a sus familiares desaparecidos, sin pretender desestabilizar gobiernos ni obtener saldos político-electorales. Eso fue evidente en la conmemoración el pasado 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en todo México.
En Chihuahua, decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada, desplazamientos forzados, y colectivos que las acompañan, como el CEDEHM, organizaron varios eventos. Comenzaron con una misa, una marcha hasta el Jardín de la Justicia, frente a la Fiscalía General del Estado, donde erigieron un “antimonumento” conmemorativo de las cerca de cuatro mil personas desaparecidas en la entidad, un bello mural donde dos personas se abrazan al centro, en la parte izquierda predominan los colores oscuros y la palabra “Fuerza”; en la derecha, los colores claros y la palabra “Esperanza”. Ante ese mural titulado “Plasmando Esperanzas” se trazó la historia de las desapariciones forzadas en Chihuahua, desde los años de la Guerra Sucia en los setenta, hasta nuestros días y se reafirmó la voluntad de seguir la búsqueda y lucha por verdad y justicia.
Se colocaron 189 placas con los nombres de personas desaparecidas, diez de ellas desde la Guerra Sucia. El conductor del acto, Gabino Gómez, del CEDEHM aclaró que iban a colocarse 202 placas, pero no al fin no se colocaron las 13 que corresponden a los migrantes desaparecidos en el desierto de Coyame hace dos años, supuestamente víctimas de la disputa por el territorio y del negocio del tráfico de migrantes entre los cárteles porque la semana antepasada se encontró una fosa clandestina en ese municipio donde se habían sepultado 10 cuerpos y parece que se trata de los migrantes desaparecidos el 25 de septiembre de 2021, al tratar de cruzar hacia los Estados Unidos. (https://bit.ly/47ZWQn3) Apenas el martes 5 de septiembre se identificó a 9 de los 10 cuerpos y se confirmó que pertenecen a los migrantes desaparecidos. Se ignora que sucedió con los tres restantes.
Por si desapariciones y las masacres fueran poco, también pendió sobre la conmemoración el más reciente hecho de desplazamiento forzado: el pasado 7 de junio, 58 personas de todas las edades, incluyendo una niña aún en el vientre de su madre, pertenecientes al pueblo Ódami (Tepehuanes) fueron desplazadas de la comunidad de La Sierrita, Guadalupe y Calvo, en el Triángulo Dorado por un grupo criminal, cuando rechazaron ser reclutadas por él. Salieron todas, con sólo lo que llevaban puesto, menos un hombre que decidió quedarse. Les quemaron sus viviendas, con todo y muebles, enseres, documentos. Les robaron sus animales y todas sus posesiones. Desde entonces han peregrinado en diversas poblaciones y albergues, a veces hacinadas, sufriendo el calor del desierto, ellas que vienen del bosque, hasta que la CEAVE les alojó en unos cuartos de vecindad en una ciudad del sur del estado. Uno de ellos pidió al ministerio público lo acompañara a la comunidad para ver que sucedió a su hermano que se quedó allá. Sólo encontraron parte de sus restos. La autoridad no permitió que les tomara fotos y le quitó el celular. La Fiscalía General prometió implementar un operativo con fuerzas policíacas y militares, para “limpiar la zona”, pero nunca se llevó a cabo.
En julio pasado el gobierno de Chihuahua presumió a la Relatora de la ONU para Personas Desplazadas que ha creado una comisión interinstitucional para atender esa problemática. Las personas derecho-humanistas señalan que es una falsedad o la citada comisión no funciona, pues en la sierra continúan los desplazamientos forzados por la pugna entre cárteles. La violencia campea en Chihuahua: en dos años de gobierno de María Eugenia Campos, se cuentan 3 mil 400 asesinatos dolosos en la entidad y el secuestro ha aumentado en un 77%, sólo por dar algunas cifras.
Como aquí, las violencias persisten en todo México: en un gran reportaje de investigación, “Permiso para Matar”, publicado por La Verdad de Juárez, una serie de periodistas detallan el asesinato de 1524 personas por las fuerzas federales y estatales de todo el país, hombres y mujeres indefensas, sin vínculos con el crimen organizado, que no eran partes de ninguna investigación.( https://bit.ly/3P8EZSl).
No hay que cegarse: una de las asignaturas pendientes del Estado mexicano, es la persistencia de las violencias, el dominio y control de los grupos criminales sobre franjas completas del territorio. Los números a la baja de los delitos no pueden servir de contentamiento. Porque, debajo de las estadísticas, la realidad de sufrimiento humano, de atropellos a todos los derechos, de obstáculos para la vida digna, sigue terca.
Es de todo gobierno y gente bien nacida hacer recuento de sus logros, pero también de los fallos y las tareas pendientes. Reconocer que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, el país está lleno de hechos que impactan gravemente la seguridad humana de las personas y de las comunidades y generan gran sufrimiento humano. Escuchar las voces, atender el caminar de las víctimas y sus familias es el primer paso para ir plasmando la esperanza junto con ellas.
