Un nuevo reglamento de la Unión Europea podría reducir la tala ilegal en México y potenciar el comercio local con Europa, sin embargo, nuestro país ha decidido protestar ante esta iniciativa. ¿Por qué no copiar esa normativa europea, pero a nivel nacional?
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
México, Colombia, Brasil y otra quincena de países protestaron ante la Unión Europea por la puesta en marcha de un reglamento que prohibiría la venta en o desde ese territorio de productos vinculados a la deforestación en sus países de origen. La medida afecta la venta en Europa de ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera y, aunque México se verá poco afectado por la medida, ésta representa una oportunidad comercial y ambiental muy grande. El país podría construir sobre la vasta experiencia de certificación sustentable del café, el cacao y la madera para ganar espacio en la Unión Europea, además de usar la medida para frenar la deforestación en el país —muy vinculada a la soya y al ganado—. También se podría copiar ese mismo reglamento y usarlo para proteger a los productores ante el mercado externo.
La Unión Europea es responsable directa de 7 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y un estudio reciente publicado en la revista Nature mostró que la Unión Europea tiene una huella ecológica muy superior a lo sostenible, que la categoría de alimentos es la que más contribuye a esa huella ecológica y que la cuarta parte de lo que consume la Unión usa capacidades ecológicas de otros países. Así las cosas, no suena mal que esa región busque reducir los daños ambientales que subcontrata al resto del mundo.
La medida, sin embargo, ha enfrentado fuertes quejas de varios países que exportan los productos afectados a la Unión Europea. Brasil ha dicho que la medida no toma en cuenta sus propios esfuerzos por poner a raya la deforestación, al tiempo que la carta remitida por México y otros Estados latinoamericanos sostiene que el nuevo reglamento europeo puede afectar a “los pequeños productores, que pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos”. Otros más han señalado que se trata de una medida proteccionista que le dará a la Unión la capacidad de castigar o premiar a discreción a los países que le ofrezcan sus productos agrícolas o forestales.
Todo esto, sin embargo, puede ser una estupenda noticia. Por una parte, en México hay una riquísima experiencia con la certificación sostenible de productos forestales y agroforestales, que tienen, además, una altísima calidad. México es uno de los cinco países del mundo con mayor cantidad de certificados de manejo forestal del Forest Stewardship Council. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), casi el 5 por ciento de la producción de café está certificada como orgánica, y esa cifra puede aumentar con mucha facilidad, porque las prácticas orgánicas son muy comunes entre los pequeños productores. Lo mismo ocurre con el cacao. Con un programa ambicioso y bien dirigido para el impulso a la certificación orgánica y de apoyo a la producción agroecológica, México podría llenar el hueco que dejarán los países que no logren implementar sistemas sólidos de trazabilidad de sus productos.
Al mismo tiempo, grandes terratenientes y corporaciones deforestan las selvas del país en Veracruz, en la península de Yucatán y otras regiones para abrir espacio al ganado bovino y a la soya. El grueso de esos productos se va al extranjero y su huella social es más bien negativa: se trata de empresas que hacen ricos a sus accionistas endilgándonos a todos el desastre que dejan detrás. En lo que toca a la madera, además, México importa el grueso de las maderas duras y preciosas que consume, en detrimento de los productores locales, que deben enfrentar una regulación terriblemente onerosa.
Así las cosas, ¿por qué no copiar esa normativa europea, pero a nivel nacional? Hacerlo permitiría a México impulsar la certificación de la producción orgánica, abriéndole mercados en el extranjero y dándole mayor valor. También permitiría cerrarle las puertas de la demanda a corporaciones que destrozan el planeta. Además, protegería a los productores forestales y agroforestales nacionales, que encontrarían mejores oportunidades de mercado en Europa, México y otros lugares. Las posibilidades son muy grandes, y tanto más si se acompaña ese reglamento con políticas y programas que impulsen una economía rural regenerativa y popular.
