¿Realmente es relevante que tengamos esta especie de CURP 2.0? Si la credencial de elector ha funcionado como identificación confiable ¿no hubiera sido más idóneo mejorarla, en lugar de crear más burocracia?
Por Hernán Ochoa Tovar
En el curso de la presente semana pasada, el Senado de la República aprobó, con una votación dividida –oficialismo a favor y oposición en contra– la expedición de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP, por sus siglas) la cual estará acompañada de una fotografía del suscrito; esto, alegó el diputado juarense Daniel Murguía, permitirá a las personas identificarse desde temprana edad, hecho que aún es problemático, pues, aunque se cuenta con un acta de nacimiento prácticamente desde los momentos posteriores al alumbramiento, la credencial de elector, que es la identificación aceptada de manera universal, es otorgada hasta el arribo a los 18 años, cuando la legislación vigente considera que los individuos se han tornado en ciudadanos, garantes de derechos pero también sujetos de obligaciones.
De ahí la pregunta que genera este artículo ¿realmente era necesario especializar la CURP –que ha tenido un muy importante objetivo a lo largo de las últimas dos décadas y media– o cumplirá una duplicidad de funciones con la credencial de elector?
Siendo francos, la decisión del Senado de la República me crea reacciones encontradas. Por un lado, creo –como diversos expertos en la materia– que es necesario avanzar a la expedición de una cédula de identidad como ocurre en diversas naciones del orbe y de América Latina. Sin embargo, por otro lado, pienso: si la credencial de elector (INE) ha sido sumamente funcional en las últimas tres décadas ¿porqué se empeñan los senadores en hacernos la vida más difícil a los ciudadanos mexicanos?
Recordemos que, durante mucho tiempo, la creación de una identificación universal fue una asignatura pendiente. Dicha idea existía desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando se planteó la necesidad de crear una identificación que llevase un registro cabal y confiable de todos los mexicanos, pues, hasta la década de 1980, sólo existían documentos aislados, tales como licencias, pasaportes, etc. De igual manera, aunque ya existían las primeras credenciales de elector, las mismas eran tan poco confiables –eran una especie de cartoncillo donde se anotaban manualmente los procesos electorales y su concurrencia a los mismos– que no tenían una verdadera validez como identificación oficial.
Aunque los gobiernos de Miguel de la Madrid, y el de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no pudieron cumplir la misión de construir una identificación nacional, sí lograron avanzar en la materia.
La coartada perfecta fue la autenticación de los procesos electorales, hecho que sirvió para que la credencial de elector, que era un elemento hechizo y artesanal, pasase a ser una tarjeta bien confeccionada, universalmente reconocida a la hora de realizar diversas tramitologías. Y a pesar de que la identificación universal no se cumplió a cabalidad, la credencial de elector vino a abonar bastante a tener un registro fehaciente del número de ciudadanos mexicanos existentes a lo largo del país y del mundo (se ha llegado a extender el INE a ciudadanos con doble nacionalidad, destinada fundamentalmente a quienes habitan en el vecino país del norte).
Sin embargo, seguían existiendo asignaturas pendientes. Y el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) decidió subsanarlas creando la mencionada CURP, la cual prevalece hasta la actualidad. Y si la credencial electoral había permitido una buena identificación de los mexicanos, la creación de la CURP permitió hacerlo con mayor tecnificación y análisis al respecto.
No obstante, la existencia de diversos registros suscitó una curiosa proliferación de bases de datos, pues, aunque la credencial de elector contiene la CURP, son registros independientes y no homologados; pues la CURP es expedida por la Secretaría de Gobernación; mientras la credencial de elector históricamente ha sido expedida por el INE (anteriormente IFE) organismo que, a contrapelo de la Segob, no se encuentra supeditado a la voluntad del estado. Si a esto le añadimos que la Secretaría de Hacienda tiene su propia base de datos para concentrar a los contribuyentes (vía el RFC y los datos biométricos de la firma electrónica), podemos inferir que, alrededor de ello, se crea un complejo galimatías ciudadano y gubernamental, donde hay demasiada información concentrada en las oficinas más diversas y disímiles, lo cual crea retos y áreas de oportunidad al mismo tiempo.
Quizá por ello, algunas administraciones de la transición buscaron optimizar estos recursos. Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se buscó generar una cédula biométrica que tuviera un registro cabal de todos los ciudadanos mexicanos, más allá del padrón electoral, fiscal o gubernamental. Aunque el proyecto tuvo una fase inicial, en su momento las izquierdas se opusieron, pues, alegaron –de manera velada– que el gobierno federal deseaba tener un control total de las vidas de los mexicanos, motivo por el cual rechazaron dicha medida hasta que fue desestimada.
Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) retomó la idea al principio, prácticamente no le dio continuidad. Prácticamente la mandó al olvido hasta que, a inicios de la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2018-a la fecha) se revivió la idea de la cédula única.
Curiosamente esgrimiendo motivos semejantes a los planteados por Felipe Calderón en su momento, el presidente López Obrador resaltó la relevancia de tener una identificación nacional única. En un principio, buscó que el INE le cediera el control de los datos biométricos –que concentran el padrón electoral– a la Segob. Sin embargo, ante la negativa del instituto, la iniciativa parecía haber quedado congelada, ¡hasta prácticamente esta semana, cuando recibimos la noticia de la aprobación de la nueva CURP que incluirá nuestra fotografía?
Así que, volviendo al punto inicial: ¿realmente es relevante que tengamos esta especie de CURP 2.0? Depende de cómo lo veamos.
Creo que es muy importante tener una identificación que tenga una base de datos confiable y pormenorizada de las y los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, si la credencial de elector ha venido realizando dicha labor de manera bastante eficiente ¿no hubiera sido más idóneo mejorarla, en lugar de crear más burocracia? Porque quienes habremos de pagar los platos rotos de ese nuevo requerimiento seremos, precisamente, la ciudadanía de a pie. Y creo que requerimos más eficacia y menor burocratización. Esto porque, mientras algunas naciones desarrolladas cuentan con una cédula nacional de identidad, los norteamericanos resuelven todo con el consabido número de seguridad social –que se otorga al nacer–. ¿Realmente se requería esta ruptura paradigmática en el ocaso del sexenio? Usted tiene la última palabra, apreciable lector.