La indagatoria de la FGR en la mayoría de las causas penales en contra de los acusados por muerte de 40 migrantes extranjeros en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez concluirá el 23 de octubre, se indicó en audiencia donde juez negó actos de investigación solicitados por representantes de víctimas
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez- A finales de octubre cerrará el plazo para la investigación complementaria en la mayoría de las causas penales iniciadas en relación al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron 40 personas y unas 27 resultaron heridas.
Así se reitero en una audiencia judicial realizada este 29 de septiembre. Ésta diligencia fue solicitada por los abogados de la Fundación para la Justicia, quienes representan a siete de los sobrevivientes.
Ellos le pidieron al juez federal, José Avelino Orozco Córdova, la reapertura de la investigación debido a que el Ministerio Público se negó a llevar a cabo 15 actos de investigación solicitados por la Fundación.
El juez declaró improcedente la petición al considerar que el plazo de la investigación no ha concluido.
A la diligencia fueron trasladados nueve de los 10 acusados, y Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM a quien se les sigue la causa penal 237/2023, estuvo presente a través de una videoconferencia.
Los acusados que este viernes fueron trasladados a la sala judicial son los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T., y Gloria Liliana R. G; así como Daniel G.Y., quien era el representante local Noroeste del INM (subdirector).
También estuvo en la audiencia el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y al migrante de Venezuela, Jeison D. C.R., Ellos cinco fueron vinculados a proceso penal el 14 de abril, dentro de la causa penal 216/2023 por los delitos de homicidio y lesiones.
El contralmirante Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, fue uno de las personas presentadas de manera presencial al recinto oficial. Él fue vinculado a proceso penal en abril pasado, dentro de la causa penal 235/2023 y por los ilícitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
Juan Carlos M. C., quien era el coordinador del Grupo Beta y responsable de la Unidad de Protección Civil; y Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM, estuvieron presentes en la sala. Ellos están acusados de homicidio y lesiones también dentro de la causa número 235/2023.
También el segundo venezolano que fue arrestado, Carlos Eduardo C.P. A él se les sigue la causa 355/2023 por los delitos de delitos de homicidio, lesiones y daños y fue el último en ser vinculado a proceso penal, en junio pasado.
El único ausente es Antonio Molina Díaz, quien fue director General de Control y Verificación del INM.
En la mayoría de las causas el plazo para la investigación complementaria concluirá el 23 de octubre, debido a que se han aprobado varias prórrogas pues inicialmente se autorizó de uno a tres meses.
Tras abrir la diligencia de este viernes, el juez dijo que primero se iba analizar si era procedente la petición de los representantes legales de siete de las víctimas y le dio el uso de la palabra a los abogados de la Fundación para la Justicia.
Uno de los litigantes de esa organización señalo que el 8 de agosto se le solicitó al Ministerio Público de la Federación 15 actos de investigación y el 16 de agosto la representación social les respondió con una negativa.
Por ese motivo y con fundamento en el Artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que señala la posibilidad de una reapertura cuando hay negativas a acto de investigación, los abogados de la Fundación consideraron necesario que el juzgado autorizara una reapertura del plazo de la investigación complementaria.
Pero antes de que los litigantes terminaran su exposición, el juez Orozco Córdova los interrumpió diciendo “no se ha cerrado el plazo y me pide la reapertura”. Al final ese fue el razonamiento del juzgador para negarse a la petición.
Antes de que el juez determinara improcedente la petición, el abogado del comisionado del INM, Rodolfo Pérez Velázquez, cuestionó si los abogados de la Fundación para la Justicia estaban legitimados para hacer esa solicitud, indicando que en los tomos no localizó ningún nombramiento a favor de ellos por parte de las víctimas.
Por lo que el juez abrió un incidente y les preguntó a las agentes del Ministerio Público si los sobrevivientes de la tragedia los habían nombrado. Una de las fiscales respondió que las víctimas comparecieron ante esa autoridad para nombrar como sus representantes legales a los litigantes de la Fundación para la Justicia.
Posteriormente el abogado de esa organización le pidió al juez que emitiera un extrañamiento o llamada de atención al abogado del comisionado pues en varias ocasiones se ha expresado de forma despectiva de ellos. Pero el resolutor se negó.
Gerardo Carmona Leyva, abogado de Gloria Liliana R. G, también cuestionó si los abogados de la Fundación estaban nombrados por las víctimas y si tenían los conocimientos para llevar la representación, indicándole al juez que debería vigilar que las víctimas estén representadas por abogados con conocimientos para evitar reposiciones.
Ante esto último, el juez dijo que no advertía un desconocimiento y le pidió que no se preocupara por esa cuestión.
La audiencia concluyó sin mayor avance.
