¡Vaya menudo lío en el que se ha metido el gobierno a las puertas del proceso electoral¡ Pues, con justa razón, los trabajadores del Poder Judicial Federal han salir a las calles para defender estas prerrogativas
Por Hernán Ochoa Tovar
Los medios de comunicación confirmaron una información que parecía increíble, pero que tenía asidero en lo ocurrido un par de años atrás: el Congreso de la Unión (primero el Senado y luego con el aval de la Cámara de Diputados) aprobó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, lo cual ha entrañado una vasta polémica, huelga decir.
Ello porque, al calor de la acción realizada, se entrecruzan diversos factores e implicaciones los cuales no es sencillo dilucidar por si solos. De tal modo que, a lo largo de la presente colaboración, se intentará desentrañar tan complejo nudo gordiano.
Para empezar, la cuestión de los fideicomisos es una cuestión difícil y, por así decirlo, popularmente rentable. Durante sus años como opositor, el presidente López Obrador hizo alusión a la insultante acumulación presupuestaria en las elites políticas y partidarias, mientras a la ciudadanía (el pueblo) solamente le llegaban migajas del mismo. Aunque esto tenía cierta dosis de verdad –los salarios de los políticos solían ser onerosos a contrapelo de los recibidos por la ciudadanía–, la forma de sopesarlo ha sido polémica, pues, aunque los programas sociales han tenido una cierta dosis de efectividad, los sucesivos recortes y planes de austeridad han llevado a que el propio gobierno federal incurra en la paradoja del elefante reumático al que tanto aludió cuando apenas comenzaba la gestión de AMLO.
Bajo esta tesitura, no cabe duda que algunos fideicomisos eran una especie de cajas chicas para ocultar irregularidades del viejo régimen. Y debido a que su operación era funcional para ello, los gobiernos fomentaron su creación, en mayor o menor medida. Sin embargo, aunque hubo fideicomisos que tuvieron esta dudosa reputación, hubo otros que seguían buenos fines, tales como los que sostenían instituciones (CIDE, Colegio de Michoacán), apoyaban al combate de desastres naturales (FONDEN) o a causas culturales (FIDECINE), etc. El problema es que la sociedad en su conjunto conocía poco acerca de la operatividad de los mismos, y el oficialismo ganó la batalla cultural cuando proclamó su extinción.
Ahora, la misma cuestión parece barajarse cuando se suscita la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, en lo que parece ser una especie de segundo round de aquella acción emprendida a mediados del 2021. Y, de nueva cuenta, considero que la narrativa será ganada por el oficialismo, pues el Poder Judicial no tiene la mejor fama del mundo en estos momentos; y el ser visto como una especie de valladar para los considerandos gubernamentales, es algo que no es entendido por una parte de la población. De ahí que el imaginario que se dibuje en torno a tan compleja problemática, tienda al simplismo en lugar de a la complejidad, pues es visualizada como una acción de justicia en torno a un poder opaco (PJ) que abusa de sus condiciones existentes.
Sin embargo, los propios ministros de la Corte han sugerido que la desaparición de los fideicomisos en mención no será un golpe al bolsillo de los togados, sino al de los propios trabajadores del Poder Judicial, quienes verán considerablemente menguado su patrimonio ante una acción tan intempestiva y compleja.
En contraste, por otro lado, se habla de que la extinción de estos entes sólo afectará gastos superfluos y no será el vehículo para la desaparición de pensiones o derechos adquiridos. Sin embargo, la problemática sí se asoma más complicada de lo que parece, pues quien dirimirá acerca de la constitucionalidad de esta acción será el propio Poder Judicial (la SCJN), en lo que parecerá un claro conflicto de interés ¡pues la Corte es parte del poder en mención, al cual le han sido arrebatados los fideicomisos en cuestión anteriormente citados¡
¡Vaya menudo lío en el que se ha metido el gobierno a las puertas del proceso electoral¡ Pues, con justa razón, los trabajadores del PJ han salir a las calles para defender estas prerrogativas. Y como parece un nudo difícil de desatar, en el cual subyace el causal político más que el técnico –como en diversas cuestiones acontecidas a lo largo del presente sexenio–, quizás lo más sensato sería llevar a cabo el planteamiento de Federico Arreola: que la SCJN contrate un despacho externo y éste sea quien dirima el futuro de los fideicomisos. Empero, el ambiente polarizado nos lleva a pensar que será difícil la toma de una decisión de este calado. Probablemente suceda lo típico: ante la imposibilidad, el gobierno saliente le aventará la papa caliente al entrante. Y será hasta que pase la transición, cuando tan compleja problemática encuentre visos de una probable solución. Es tan sólo mi diagnóstico al respecto.
