Para que no haya más defensores muertos ni desaparecidos hace falta que no haya más impunidad, que nazca una nueva economía que sea menos criminal y que el Estado recupere el control del país de la mano —y no en contra de— las comunidades locales. Eso sería una verdadera transformación
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
En México defender el territorio se paga muchas veces con la vida y en otras muchas ocasiones se paga desapareciendo, que es como estar muriendo por años y sin fin. Desde que empezó la guerra contra el narco —que era de Felipe Calderón y ahora ya es también de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador— casi un centenar de defensores ambientales han sido víctimas de desaparición forzada, según el análisis de Quinto Elemento Lab. Entre ellas hay 39 personas de las que no se sabe aún su paradero. Lo peor es que, como ocurre con los asesinatos de defensores, el problema no solamente no se resuelve, sino que se ha agravado en este sexenio.
En un fenómeno que corresponde con lo que ocurre también con otro tipo de ataques, la cifra de desapariciones ha aumentado en lo que va de este gobierno. De hecho, seis de cada diez defensores víctimas de desaparición forzada sufrieron ese crimen durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese periodo “se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición”, según el informe de Quinto Elemento Lab, y de ellas “28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada”.
Los defensores que han sido víctimas de desaparición forzada en este tiempo son abrumadoramente indígenas, y dos terceras partes de quienes han sido víctimas de ese delito tan terriblemente cruel con comunidades, compañeros y familiares pertenecen a algún pueblo originario. En cambio, al revisar un panorama más general de ataques contra defensores se ve que menos de la mitad de las víctimas caen en esa categoría. Por lo que se ve, a los criminales les cuesta menos matar indígenas y les importa menos devolver sus cuerpos que cuando se trata de mestizos o blancos. El racismo se reproduce por todas partes, sin importar lo que se piense de la ley.
El aumento en las desapariciones y asesinatos de defensores durante este sexenio coincide también con un aumento enorme en las cifras de deforestación. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que ocurre, pero una hipótesis plausible sería que las industrias extractivistas y el crimen organizado —con quien suelen hacer mancuerna— agotaron ya los recursos de los territorios a este lado de la frontera agropecuaria y saltaron ahora a colonizar nuevas tierras aprovechando el caos provocado por la estrategia tan desafortunada que los panistas impusieron y priístas y morenistas continuaron en contra del crimen organizado. Quizá, también, no fue que se hubieran agotado los recursos, sino que siguieron el impulso tan capitalista de crecer y eso los llevó a lugares tan remotos que antes estaban a salvo.
Lo que sí sabemos es que el fenómeno se ve agravado por la retirada del Estado provocada por el neoliberalismo, por la impunidad generalizada y por el mercado tan abundante para minerales y otros recursos extractivos. La solución pasa por revertir y combatir esos procesos.
Ahí donde el Estado se ha retirado hay que volver a hacerlo presente, pero en forma democrática y plural. Más que cuarteles de la Guardia Nacional hacen falta escuelas y mercados. Más que militares, hacen falta fiscales, forenses, policías civiles. Más que esfuerzos cortoplacistas por repartir dinero, hace falta construir capacidades, reconstruir el capital social perdido y apoyar a las empresas sociales y comunitarias.
Hace falta también hacer que la legislación ambiental efectivamente se aplique y que se castigue a quien falta a ella. Además de eso urge transformar la economía de tal forma que se requieran menos materiales, se reúse más de los que se utilizan y se reduzca en general la huella ambiental de la economía.
Para que no haya más defensores muertos ni desaparecidos hace falta que no haya más impunidad, que nazca una nueva economía que sea menos criminal y que el Estado recupere el control del país de la mano —y no en contra de— las comunidades locales. Eso sería una verdadera transformación.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
