Hay que evitar a toda costa la violencia, incrementada por la no pequeña presencia del crimen organizado, que cuenta con un poder de fuego muy alto y que con esa base llega a sustituir al mismo gobierno, titular de la violencia legítima
Por Jaime García Chávez
El huracán “Otis” y la tragedia que afecta al estado de Guerrero, en particular a Acapulco, alteró de manera instantánea la agenda política nacional y el manejo que le dan los actores, los importantes y los no tanto. El azar cuenta, no nada más las que algunos estiman como leyes ineluctables de la historia a que someten a la sociedad, en las manidas creencias de los llamados determinismos.
Por solidaridad genuina, política y éticamente sustentable, lo primero es expresar la fraternidad humana con todos los que de pronto sufrieron el daño devastador, en especial con las familias que perdieron a sus seres queridos.
Los que estamos distantes del lugar dañado por razones geográficas y queremos apoyar, lo podemos hacer, prescindiendo de fobias y filias políticas. Es lo justo, más tratándose de una entidad y población en permanente sufrimiento humano desde tiempos remotos, como nos lo dice la historiografía.
Se ha dicho con absoluta seriedad que hubo un desastre provocado por el comportamiento de la naturaleza, incluso se ha subrayado que se trató de un fenómeno atípico que en cuestión de instantes incrementó la peligrosidad que luego mostró las ruinas.
El estudio, valoración, evolución y desarrollo de estos fenómenos, se realiza por expertos con varias finalidades, en particular para generar eficaz protección civil, evitar daño a la capacidad económica instalada y proseguir con el escrupuloso examen de un suceso generado por las alteraciones que el ser humano mismo está provocando al medio ambiente, en especial al clima y los océanos. Se habla de que sucesos más graves están por llegar en este aspecto y no necesariamente en nuestro país.
Desde cualquier ángulo que se le quiera ver, el huracán en sí mismo no es responsabilidad imputable a nadie en concreto, esté dentro o fuera del poder estatal o económico.
Lo que sí entra en juego es lo factible para paliar el daño, y aquí sí es pertinente ver el comportamiento de las esferas gubernamentales, del modelo económico, del diseño de la ciudad y de las actividades económicas que se han preconizado como paradigmas en las costas guerrerenses. Y es una obviedad que en esto sí hay deudas.
Para hacer la crítica de estos factores hay que tomar en cuenta, como diría Sófocles, “que las palabras duras en tiempos de desgracia, aunque cargadas de razón, muerden”. Por eso hay que irse con tiento, y ni López Obrador ordenó el huracán, ni todo lo que éste hace u omite, en su calidad de Presidente de la república, es defendible. Lejos se está de eso.
Sostener estos extremos en la escena pública, sólo abonan a la polarización galopante que padece el país por la responsabilidad del Presidente, y a la vista de las futuras elecciones, además.
Aún no es tiempo para una valoración completa de la catástrofe y poder determinar en cuánto tiempo el destino turístico, por su importancia económica, esté habilitado. Igual sucede con el costo de la reconstrucción, que demostrará en su desarrollo que no sólo le compete al Estado y que requerirá del capital privado y de la sociedad para realizar la ingente tarea.
Ojalá no sean los grandes tiburones de la hotelería y el turismo los que la final salgan bien librados e indemnes en sus finanzas, y que a la postre queden como beneficiarios de la tragedia. Porque ha sucedido, por eso lo afirmo así.
Tan cambió la agenda que el Presupuesto General de Egresos de la Federación se tendrá que rediscutir, si realmente se quieren tener recursos para la crisis guerrerense. Agravado esto, porque con la desaparición del FONDEN, se acabó la flexibilidad que se requiere para la respuesta rápida a hecatombes de esta naturaleza, fideicomisos que al permitir inversiones multianuales, rompen la rigidez que norma los presupuestos en el país, en particular el federal.
De pronto, y a pesar de la radicalización que se dio con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, se pasó a un esquema que prefigura un camino diverso al que se había intentado hasta antes de la catástrofe.
Más allá de todo esto, hay que hacerse cargo de que en primer lugar están los que más sufren estos siniestros: los desvalidos, los que viven en las colonias populares de Acapulco y de los no pocos municipios afectados.
Para ello, el plan presidencial de los veinte puntos, sigue un patrón eminentemente asistencialista que con mucha facilidad puede desbarrancarse al clientelismo electoral y de ahí al conflicto. Y cuando digo esto, me hago cargo de cómo asumen los guerrerenses tales circunstancias.
En particular preocupa que de nueva cuenta las Fuerzas Armadas cobrarán una presencia muy alta en esa entidad. Se ha propuesto que por cada cien viviendas habrá 250 efectivos del Ejército, y desde luego la edificación de los correspondientes cuarteles.
El Ejército históricamente no es querido en la tierra de Lucio Cabañas, por sus abusos y porque ha sido el sostén de cacicazgos insoportables, como el de la familia Figueroa.
Ahora, el mismo Gobierno de la familia gobernante de Salgado Macedonio, no las tiene todas consigo. Hay que evitar a toda costa la violencia, incrementada por la no pequeña presencia del crimen organizado, que cuenta con un poder de fuego muy alto y que con esa base llega a sustituir al mismo gobierno, titular de la violencia legítima.
En fin, vaya mi solidaridad con Guerrero, a esta hora de tragedia y dolor.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
