El de la jornada laboral es un tema complejo, pero ahora me quiero referir a él utilizando el refrán de que el buen juez por su casa empieza. En el sector público y también en la burocracia, los trabajadores de confianza son sometidos a jornadas excesivas…
Por Jaime García Chávez
Desde el poder se lanzó la iniciativa de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, y desde el mismo poder la retiraron, luego de que el Presidente López Obrador se reunió con distinguidos miembros de la otrora “mafia del poder”, los “rapaces neoliberales”, “los dueños de México”.
Que esto suceda así tiene una explicación muy sencilla: la clase trabajadora, en particular la que vende su fuerza de trabajo en la gran industria, carece de la autonomía indispensable para luchar y reivindicar lo que le es propio.
La agenda por la transición democrática, hoy olvidada, tiene una deuda pendiente con un aspecto sustancial para la construcción de ciudadanía plena, y se llama “corporativismo”; coloquialmente durante mucho tiempo se le denominó “charrismo sindical”, y con esa frase se subrayó durante décadas la dependencia del movimiento obrero con relación al Estado, en particular a los designios del PRI, que hablaba de un sector obrero a la cabeza, del cual se encontraba el Congreso del Trabajo y organizaciones como la CTM de Fidel Velázquez, o el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Sada.
Ese corporativismo constituyó una especie de cárcel social que impidió la democracia sindical, una real contratación colectiva; pero sobre todo su esencia fue política para el control de los trabajadores y aprovecharlos como una carta de negociación con un empresariado que estuvo marginado del poder político y al que se imponía la política del Estado con el respaldo forzado de los propios trabajadores.
Ahora no se ve que sean los trabajadores directamente los que busquen la conquista de las 40 horas, sino un manejo desde el poder, como si los trabajadores en general estuvieran encadenados necesariamente a su tutelaje.
Con el derrumbe del PRI, no ha sobrevenido la liquidación del corporativismo. Esto, a pesar de que hubo una reforma constitucional que pudo ser la llave para acabar con ese sojuzgamiento y la obligada pertenencia a los partidos políticos que se sigue practicando en todas partes.
Ya no están los viejos “charros”, pero llegaron otros, y se acuerparon políticamente en Morena, y a la vieja usanza han obtenido cargos públicos, particularmente legislativos. Nada que no se haya visto en los tiempo dorados del PRI. Hay un nombre que emblematiza estas herencias, incluso consanguíneas: Napoleón Gómez Urrutia.
Quiero decir que así como se propaló la posibilidad de las 40 horas, de la misma manera se retiró la propuesta, y no está esto fuera de la coyuntura electoral, pues a final de cuentas, en una comida ex profeso, López Obrador dobló las manos ante los empresarios, o simplemente les hizo una concesión para su mayor tranquilidad en lo que resta de su mandato.
El de la jornada laboral es un tema complejo, pero ahora me quiero referir a él utilizando el refrán de que el buen juez por su casa empieza. En el sector público y también en la burocracia, los trabajadores de confianza son sometidos a jornadas excesivas, quedando impago el cúmulo de horas extras que se ven obligados a prestar, porque en este Gobierno se les trata como si formaran parte de un regimiento, y además se practica la discriminación porque se respetan los horarios y prestaciones de sindicalizados, pero a aquellos se les excluye.
No hay una comprensión, en el tema que señalo, de la necesidad de respetar la jornada o reducirla con el fortalecimiento de los vínculos humanos de las y los trabajadores con sus familias.
Cuando Andrés Manuel López Obrador fue presidente nacional del PRD su Secretaría de Estudios y Programas le presentó un acucioso texto, del cual participé en coautoría, que versa sobre esta materia, pero en particular contiene lo que se requiere de reforma laboral para una transición a la democracia que se precie por su plenitud en los muy diversos temas de libertades, democracia y satisfacción económica y de salud para los trabajadores.
El documento denominado El PRD y una reforma laboral para la transición, más allá del partido donde se elaboró y que hoy ha sucumbido, tiene vigencia. Y supongo que lo ha de recordar el presidente, tanto como para que no incurra en las viejas y viciadas prácticas de una política atroz, que sigue tratando a los trabajadores como si fueran siervos.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
